CDMX.- A pesar de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los gobiernos estatales actúan con gran discrecionalidad en el manejo de los recursos, como es el caso de Baja California, donde un bien fundamental como el agua y la falta de transparencia han dado lugar a evidentes actos de corrupción, aseguró el diputado Roberto Cañedo Jiménez.
El legislador federal de Morena denunció que el Gobernador Francisco Vega licitó la construcción de dos plantas desalinizadoras –en San Quintín y el Municipio de Playas de Rosarito– a costa de endeudar al estado con nueve mil millones de pesos durante los próximos 37 años.
Explicó que a través de este proyecto, el gobierno estatal pretendía entregar 50 millones de galones diarios de agua a Estados Unidos y dar servicio a algunas empresas cerveceras, acciones que ponen en riesgo el suministro del vital líquido para los habitantes de la entidad.
Ante el rechazo ciudadano, apuntó, el Mandatario local pretende cambiar ese proyecto a desaladoras, pero lo más grave es que no puede desligarse de la posibilidad de las empresas que ganaron la licitación de vender agua potable a California, o en su caso crear esquemas para atender las necesidades de inversión.
“Este es el caso de la Cervecería Constellation Brands, que en Mexicali han puesto en riesgo el suministro de agua potable para la población, ya que se pretende entregar a esta empresa más de 20 millones de metros cúbicos, siendo que actualmente la región del estado de Baja California, en particular el Valle Mexicali, sufre de una sequía”, puntualizó.
Derivado de ello, Cañedo Jiménez exhortó a las autoridades bajacalifornianas a que actúen con honradez y respeto a las disposiciones legales que favorecen a los ciudadanos, con el fin de garantizar servicios públicos como el suministro de agua potable, y que obligan a mantener la salud de las finanzas estatales.
En ese contexto, el diputado federal por Baja California cobra especial importancia en estos momentos se analiza en la Cámara de Diputados una iniciativa impulsada por el PRI, PAN y PRD para flexibilizar la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, cuando todavía no se ha revisado si la normatividad vigente cumplió o no con los objetivos.
“Hoy tienen mucha prisa para flexibilizar la disciplina que hace apenas poco más de un año consideraban que debería de ser sumamente estricta”, recalcó el también Secretario de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.
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