La situación de las finanzas del Condado de Imperial se encuentran en mala situación.
Sin embargo, los supervisores y principales funcionarios del gobierno local esperan resolver el problema a través de diversos mecanismos, pero sin poder echar mano de las reservas, como ha ocurrido en años recientes.
El Contralor y Auditor del Condado, Douglas Newland, indicó a las autoridades a través de un documento que el gobierno local está obligado a presentar un presupuesto balanceado para el año fiscal 2018-2019 a más tardar el 30 de junio.
El funcionario agregó que la fecha tentativa de presentación del presupuesto es el 26 de junio.
En el documento Newland aseguró que los gastos han sobrepasado los ingresos, por lo cual se ha tenido que tomar recursos de las reservas para cubrir el faltante.
Una situación similar se dio en 2008 luego de la Gran Recesión, explicó.
El funcionario alertó que esta vez la brecha entre gastos e ingresos es mucho mayor, al aclarar que el llamado Fondo Lluvioso no va a poder soportar los niveles registrados durante los dos años fiscales anteriores.
El contralor dijo que entre los temas que afectan el presupuesto del Condado se encuentran los incrementos en el costo de los gastos de retiro así como el de salud; estos últimos registrarán un incremento de 2.2 por ciento.
Los supervisores han echado mano durante los últimos cinco años el dinero del Fondo Lluvioso para cubrir el faltante de dinero.
Además, en enero próximo el salario mínimo aumentará 1 dólar y lo seguirá siendo hasta el año 2022, lo que afecta el pago a los trabajadores, dijo el contralor.
Los jefes de departamento del Condado serán obligados a analizar detenidamente sus presupuestos y buscar fondos disponibles para cubrir y costo operativo, según dijo el funcionario.
Además, el auditor apuntó que muchas de las tarifas que cobra el condado por los servicios que presta al público no han sido actualizados en más de una década, por lo que requieren ajustes a fin de mantener dichos servicios.
Por otra parte, destacó que el Acta de Cuidado Accesible (ACA), sigue vigente y las autoridades desconocen el impacto que había tenido en caso de que el Congreso echara abajo la ley conocida como Obamacare.
Newland dijo que otra de las preocupaciones para el gobierno del condado es el programa de servicios de apoyo en casa debido a la alza en el salario mínimo que se paga a los empleados de este proyecto.
A este problema, el contralor señaló el hecho de que el estado a reducido los fondos asignados al mismo.
El auditor propuso una disminución del 15 por ciento en los gastos del condado para oficinas, gastos especiales, servicios profesionales y especializados y viajes fuera del condado.
En caso de que la reducción no sea posible, los jefes de departamento serán obligados a presentar una justificación detallada adicional la justificación de las cuentas que normalmente son requeridas.
Al igual que en el año fiscal 2015-2016, los titulares de los departamentos van a ser obligados a presentar una lista detallada de todos los teléfonos celulares utilizados por el personal.
Los jefes de departamento también deberán presentar ante la oficina del Ejecutivo todos los proyectos de capital necesarios para enfrentar problemas de seguridad.
Además si durante el año fiscal actual fueron aprobados aumentos de gastos de una sola ocasión, este incremento deberá ser eliminado del presupuesto, a menos de que sea ampliamente justificado.
Entre estos se encuentran puestos laborales temporales, subsidios de un solo año y otros.
Al mismo tiempo, los altos funcionarios deberán medir el desempeño de sus programas con la finalidad de solicitar un aumento en los gastos, al identificar claramente los resultados que serán obtenidos en caso de que el incremento se ha probado.
Los titulares de los departamentos deberán integrar su propuesta presupuestal a más tardar el 6 de abril, para que las autoridades determinan la disponibilidad de recursos y preparen un reporte para la Junta de Supervisores.
Entrevistado vía telefónica, el Presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Imperial, Raymond Castillo, dijo que los supervisores se encuentran trabajando para resolver el problema del faltante de recursos para el siguiente ciclo fiscal.
El funcionario dijo que las autoridades han sostenido reuniones con titulares de las distintas agencias.
Castillo dijo que, como el año pasado, el gobierno local podría tomar recursos del fondo de contingencias y de otros programas para afrontar el déficit, a pesar de la advertencia del contralor.
El supervisor aseguró que las autoridades ahora buscan identificar recursos que pudiesen ser utilizados para cubrir la falta de fondos.
“El presupuesto del condado es de 250 millones de dólares, por lo que el déficit es de apenas 2 por ciento de ese total”, afirmó, al aclarar que para el siguiente año fiscal ese porcentaje puede subir a 3 por ciento.
Otras de las opciones es congelar vacantes y dejar algunos puestos sin ser cubiertos.
“Creemos que es posible”, añadió.
Por lo pronto, los funcionarios han realizado reuniones informales para analizar la situación, además de haber recibido preocupaciones sobre el tema por parte de la Coalición de Labor, Agricultura y Negocios (conocida en inglés por las siglas COLAB).
Newland fue cuestionado sobre el tema, pero la respuesta provino de la portavoz del Condado, Lindsey Dale, quien afirmó que el presupuesto del año pasado se encuentra en balance, al añadir básicamente lo mismo que el contralor expuso en el documento.
HISTORIA
El 27 de junio del año pasado, el entonces Oficial Ejecutivo en Jefe del Condado de Imperial, Ralph Córdova, presentó la propuesta de presupuesto para el año fiscal 2017-2018.
El entonces funcionario informó que algunos departamentos consiguieron reducir sus gastos en 15 por ciento, mientras que otros ya se encontraban en su nivel mínimo operativo.
El gobierno local contaba con 10 milones de dólares en fondos que no fueron gastados del periodo fiscal anterior. Sin embargo, a pesar de dicha cantidad y los ingresos de cada departamento, esto no fue suficiente para cubrir los gastos.
Y es que los gastos aumentaron un 6.1 por ciento, al pasar de 239.4 millones en 2016-2017 a 254.1 millones de dólares para 2017-2018.
Por el contrario, los ingresos pasaron de 255.8 a 271.1 millones de dólares en el mismo periodo, para un déficit de 7.6 millones de dólares.
Esto, dijo el entonces funcionario, se debió a un alza salarial y al incremento de prestaciones como seguro médico, entre otros.
Para balancear el presupuesto, Córdova propuso transferir 6.3 millones de dólares de la Reserva de Estabilización de Ingresos y transferir el 10 por ciento de recursos reasignados de los servicios de salud mental y de salud pública.
Los supervisores tuvieron que transferir 1.8 millones de dólares adicionales de la reserva para cubrir el déficit del año fiscal 2016-2017, ya que el excedente de 10 milones de dólares no fue contemplado en el presupuesto al momento de cerrar los libros contables.
En septiembre, la Junta de Supervisores adoptó las transferencias de recursos para cubrir el déficit que, para entonces, alcanzaba 8.1 millones de dólares, según explicó la Oficial Ejecutiva interina en Jefe, Robin Hodgkin.
En total, los supervisores tuvieron que transferir 8.7 millones de dólares en fondos de salud pública y mental, así como de la cuenta de estabilización.
