La compañía Charter Communications interpuso una demanda contra la Ciudad de El Centro por acusaciones de intervenir ilegalmente en la disputa comercial entre el corporativo mencionado y Northwest Broadcasting.
El portal de noticias Multichannel dio a conocer que Charter alega que al haber presentado una demanda en su contra ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC en inglés), la Ciudad de El Centro basa sus argumentos en un código creado hace 20 años que ha sido repelido por la ley californiana.
Además, Charter critica las multas impuestas en su contra por El Centro, justificadas con el hecho de haber violado disposiciones locales que establecen la obligación de notificar a sus clientes antes de hacer cambios a la programación antes de implementar dichos cambios.
El corporativo señala también en la demanda la presunta discriminación contra los clientes del Valle Imperial al impedir la transmisión de los canales de Northwest en la programación.
La disputa entre las compañías de telecomunicaciones han dejado a los clientes locales sin acceso a diversos canales locales desde el pasado 2 de febrero.
Charter afirma que las acciones por parte de la ciudad han dificultado las negociaciones con Northwest.
La compañía afectada solicita a las cortes declarar el código de la ciudad como obsoleto y, por lo tanto, imposible de cumplir, además de alegar que el gobierno local está impedido a obligar a Charter a transmitir las estaciones de Northwest.
Brian Brady, Presidente de Northwest, dijo que la televisora ha presentado una nueva propuesta para destrabar la controversia, la cual fue presentada a Charter, pero los representantes de esta última no han respondido.
Aparte de El Centro, la ciudad de Yuma, Arizona y el poblado de Jackson, Wyoming, presentaron de forma conjunta la demanda ante la FCC hace dos semanas contra Charter, propietaria de la cablera Spectrum.
En la demanda, los tres gobiernos afirman que sus residentes no fueron notificados con anterioridad del retiro de los canales locales hasta que estos fueron bloqueados de la programación.
Esto, aseguran los gobiernos afectados, representa una violación de las leyes federales, las cuales establecen un periodo de 30 días antes de remover cualquier canal o hacer ajustes a la programación.


