MEXICALI. – Evidentemente
molesto, el secretario general de gobierno en Baja California, Amador Rodríguez
Lozano, aseguró que el Gobierno del Estado no tenía la obligación de consultar
a los Ayuntamientos por la municipalización de las comisiones del agua, luego
de que la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda expresara su
rechazo.
A tan solo cuatro días de haber sido presentada la
propuesta por el Ejecutivo de Baja California, el pleno del Congreso del Estado
aprobó por mayoría la reforma a la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua
Potable en el Estado, con lo cual los organismos operadores pasarán a mano de
los municipios.
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Sin embargo, la
reforma aprobada por apenas 13 legisladores no fue bien vista por la
gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien anunció que
buscará dar reversa a la municipalización de las comisiones estatales del agua,
por tener vicios en el proceso legislativo.
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Al ser cuestionado por el tema, el secretario general de
gobierno se deslindó del hecho de no haber consultado a la gobernadora electa y
aseguró que su función era enviar la propuesta al Poder Legislativo.
“Nosotros no tenemos nada que explicarle, salvo al pueblo
de Baja California, porque nosotros ejercemos el poder por el voto mayoritario
hasta el 31 de octubre”, señaló.
Sobre la rapidez en que fue aprobada la reforma (cuatro días),
Rodríguez Lozano comentó que se trata de un proceso muy común en el Congreso
del Estado.
“Simplemente revisen todo lo que se hace en este Congreso
y encontrarán una gran cantidad de temas similares, no es nada nuevo, ni será
algo que no se vuelva hacer”, expresó.
El secretario general de gobierno expresó que la
municipalización de los organismos operadores del agua era un mandato de ley
que debía acatarse y no tenían motivos para consultar a los ayuntamientos.
“Yo no veo en ninguna parte que diga, se tienen que
convocar a los alcaldes para cumplir la Constitución”, puntualizó.
Finalmente, Amador Rodríguez Lozano, aseguró que no le
preocupa que la nueva legislatura del Estado pudiera dar marcha atrás a esta
propuesta, pero en su momento presentarán sus argumentos para justificar su
decisión; aunque adelantó que en caso negativo podrían presentar una
controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN).
*Con información de Cristian Torres
Reportero mexicalense.
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