López Obrador quiere regularizar millones de automóviles
“chocolate” en México, aunque autoridades federales investigan a un “cartel
aduanal” que se habría enriquecido con ellos.
Por Francisco Sandoval Alarcón y Marco Tulio
Castro
Ilustración de apertura. Carlos Mendoza
En México hay una nación “chocolate”.
Una nación con millones de vehículos ilegales que son
conocidos como “chocolate” que contaminan y sirven a delincuentes.
En México hay quienes llaman “chocolate” o “chueco” a lo
ilegal.
La industria automotriz calcula que estos autos tienen un
promedio de 13 años, circulan sin placas y carecen de certificados ambientales.
La mayoría no cumplen con las condiciones mecánicas y
entraron a México de contrabando, o con un amparo para evitar revisiones y
aranceles.
Unos entraron regulados al país, pero su permiso venció y
ahora están de contrabando.
Muchos autos chocolate no son aptos para circular porque
fueron rescatados de accidentes o inundaciones en Estados Unidos y Canadá,
según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
Se estima que por
cada carro introducido ilegalmente por alguna aduana mexicana se pagaron
sobornos (promedio) de 300 dólares, lo que multiplicado por 18 millones de
autos chocolate arroja una cantidad de 5 mil 400 millones de dólares, en 29
años. Foto: Lisbeth Chávez.
Son cinco veces más baratos que un auto nuevo y se venden
en efectivo, según anuncios publicados en medios de comunicación en los que
promocionan su venta.
En México se popularizaron por el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (1994) que facilitó adquirir autos usados
fabricados en Estados Unidos y Canadá.
Pero entre 2008 y 2013, una quincena de empresas ganaron
amparos contra leyes y tarifas nacionales para importar autos usados a escalas
nunca antes alcanzadas.
“Aquí en la frontera hicimos un negociazo con eso”,
admitió el comerciante de autos Andrés Trillo.
Esta es la historia de la nación chocolate y de cómo un
pequeño grupo que amasó fortunas es investigado.
No todo es caos y destrucción en la nación chocolate.
Familias desplazadas por la violencia en México los usan
como transporte humanitario para cruzar a Estados Unidos.
Son baratos y fáciles de conseguir en el mercado, y
algunos migrantes los compran para llegar a suelo estadounidense buscando asilo
humanitario.
“Tres primos míos se aventaron así, en carro. Y un tío
con su familia también en carro. Y por eso fue que nosotros dijimos vámonos en
carro”, dijo un desplazado que pidió anonimato y quien ha intentado cruzar dos
veces por una de las garitas de Tijuana.
Migrantes desplazados por violencia compran chocolates
para llegar a Estados Unidos y pedir asilo político. Es más barato que
contratar a un traficante de personas. Foto: Eduardo Jaramillo.
El desplazado huyó con su familia de Sinaloa, donde
narcotraficantes se pelean comunidades en la sierra que comparten con Durango y
Chihuahua, el Triángulo Dorado.
Irónicamente, los narcotraficantes usan autos chocolates
para aterrorizar a familias que huyen, prácticamente, con lo que traen puesto.
Hace dos meses el sinaloense compró en Tijuana dos autos
chocolate en 1,600 dólares, pero las dos veces policías de migración lo
descubrieron y en México le confiscaron los carros.
Alejandro y su familia son otros desplazados, pero por la
violencia en Michoacán.
Llegó a Tijuana y compró un Ford Focus, 2001, para llegar
a EU y pedir asilo.
“La situación está muy fea, por eso nos fuimos”.
Los migrantes compran carros chocolates porque creen que
las probabilidades de llegar a suelo estadounidense son mayores en auto que si
lo hacen a pie, o contratando traficantes.
En agosto, Alejandro y varios paisanos compraron una
runfla de autos chocolates de 800 dólares, y se formaron en la garita de San
Ysidro.
No recuerda cuántas familias alcanzaron a pedir asilo, “pero
éramos varios”, dijo.
Los agentes de migración los entrevistaron y los
regresaron a México, sin sus autos.
No está claro cuántos migrantes usan estos autos para
ingresar a Estados Unidos.
“No podríamos proporcionar esos números porque se
consideran sensibles para las fuerzas del orden público”, respondió por correo
electrónico la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas
en inglés).
Entre mayo y agosto, la policía de Tijuana remolcó 712
autos en la garita de San Ysidro, en operativos de apoyo a autoridades
migratorias, aunque la policía no supo decir cuántos fueron usados para buscar
asilo.
En la frontera norte de México la nación chocolate se instauró con la presunta corrupción en las aduanas, algunos jueces y un nicho de empresarios millonarios.
En abril, la Unidad de Inteligencia financiera (UIF)
reveló la existencia de un cartel aduanal en Baja California, que introdujo
autos, armas y otras mercancías a México, en presunto contubernio con
funcionarios que ya fueron separados de sus cargos.
Uno de los investigados es el agente aduanal Roberto Ruiz
Armas, con patente
1656.
Ruiz está ligado a una de las 14 empresas que, una década
atrás, ganaron al menos 18 juicios de amparo para importar autos a menor costo
y sin algunos requisitos.
Por esos amparos, 9 jueces y secretarios fueron destituidos,
según documentos oficiales consultados para este reportaje.
Tres jueces y seis secretarios fueron destituidos por haber
otorgado amparos a 14 empresas en forma irregular. Consulta el
interactivo aquí.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
determinó que jueces y secretarios actuaron con “ineptitud” y una “manifiesta
desviación de la legalidad”.
LEE AQUÍ LAS
RESOLUCIONES DE LA SCJN
Con los amparos se importaron vehículos con hasta 15 años
de uso que quedaron exentos de un arancel de 10%, previsto en el decreto de
2008, y se les eximió de cumplir la Norma Oficial Mexicana 041 de medio
ambiente, que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases
contaminantes provenientes de los autos que usan gasolina, de acuerdo a las
sentencias judiciales.
Cálculos de la AMDA estiman que entre 2009 y 2014, cuando
funcionaron los amparos (el último se dio en 2013 pero siguieron activos un año
más), se importaron por esa vía unos 2.3 millones de autos.
Finalmente los autos fueron importados y en la actualidad
su estatus es legal en México (ya sea porque aún circulan o porque se
encuentren en alguna chatarrera o yonke).
Sin embargo, la AMDA los sigue considerando “chocolate”
porque ingresaron al país con los amparos otorgados por los jueces destituidos.
“Los amparos no sólo provocaron un fuerte daño al fisco,
sino también hubo una afectación al medio ambiente y a las condiciones de
seguridad de la población”, dijo Guillermo Rosales, director de la AMDA.
La UIF sospecha que, recientemente, una de las empresas
de Ruiz Armas ganó 161 millones de pesos (unos 8 millones de dólares), por la
introducción de autos y armas.
El agente aduanal Ruiz dijo que “es totalmente falso” que
pertenezca a un cartel aduanal.
“Jamás se han detectado armas en una importación
realizada por el suscrito”, dijo en entrevista.
LEE AQUÍ LA
ENTREVISTA A ROBERTO RUIZ ARMAS
Sobre las operaciones del cartel, la UIF dijo: “El
principal foco del negocio es permitir la introducción de bienes a precios
falsos o de plano ilícitos”.
El cartel presuntamente está integrado por cuatro ex
administradores de aduanas y Ruiz.
Los ex administradores señalados por la UIF son Alejandro
Miramontes Armenta, David Pérez Tejada, Raymundo Jiménez Lázaro y María
Viridiana Soria Amador.
Los últimos tres ya fueron denunciados ante la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, bajo el expediente
FED/FECC-BC/777/2020.
Se les investiga por operaciones con recursos de
procedencia ilícita o lavado de dinero.
Pérez Tejada dijo en entrevista para este reportaje que
en las aduanas donde trabajó no se importaban autos y que no ha sido requerido
por ninguna autoridad.
Raymundo y María Viridiana no respondieron a solicitudes
de entrevista para este reportaje.
La UIF investiga a 4 exadministradores de aduanas y un agente
aduanal privado. En la FGR hay denuncias contra tres de estos exfuncionarios, y
al menos 17 denuncias sobre operaciones ilícitas en aduanas del país. Consulta el
interactivo aquí.
La UIF en su investigación presume que “todos ellos fueron nombrados o confirmados por Peralta en sus posiciones con la intención de que continuarán operando los esquemas de corrupción de los que Peralta presuntamente se habría beneficiado”.
El supuesto “capo” es Alejandro Miramontes, exadministrador de aduanas en Torreón, Ciudad Juárez y Mexicali, de acuerdo con la investigación federal.
Miramontes no ha sido denunciado por estos hechos, pero la UIF planea presentar la denuncia, informó la institución en consulta oficial para este reportaje.
Entre 2004 y 2019, Miramontes Armenta habría participado en operaciones financieras superiores a los 261 millones de pesos, según documentos públicos, pero en sus declaraciones patrimoniales como funcionario sólo reportó créditos por 600 mil pesos.
Miramontes no respondió a dos solicitudes de entrevista.
Conoce la historia de
Alejandro Miramontes Armenta, el presunto capo aduanal de Baja California a
quien investiga la UIF. Consulta el
interactivo aquí
El exfuncionario Ricardo Peralta dijo en entrevista que desconoce la investigación. “Tengo un año que salí del servicio público y no he sido notificado”.
Investigadores de la UIF no descartan que en aduanas como
Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, actuaran igual que el cartel aduanal de Baja
California.
Hay por lo menos 17 denuncias abiertas contra
exfuncionarios aduanales en la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción de la FGR, confirmó la institución.
Hoy, las aduanas son administradas por militares, luego
de que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunciara la
creación de la Agencia Nacional de Aduanas.
“Tenemos que combatir el contrabando (…), la
introducción de drogas, la evasión fiscal, y limpiar todas las aduanas del
país”, dijo el presidente en una conferencia
en julio.
De acuerdo con la investigación federal, el “cartel aduanal”
tenía como negocio “permitir la introducción de bienes a precios falsos o de
plano ilícitos” por las aduanas de Baja California. Foto: Eduardo Jaramillo.
Hay señales encontradas en la postura del presidente
López Obrador.
En junio recibió en Palacio Nacional a una comitiva del
gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, para gestionar recursos y hablar
de economía, según la minuta.
El único empresario presente fue el importador Ulises
Ramírez Loya.
En 2014, importadores protestaron contra él acusándolo de
controlar la introducción de autos en las aduanas de Tijuana mediante esquemas
de corrupción.
“Es ilógico que alguien controle las aduanas, para eso
existe la autoridad”, dijo Ulises en entrevista.
Dos semanas después del encuentro en Palacio Nacional, el presidente
anunció que crearía un programa para regular los autos chocolates.
También al agente aduanal con patente 1778
Arturo Pérez Behr, ha sido acusado de controlar importaciones de autos por las
aduanas de Baja California.
“Son difamaciones y calumnias. En 20 años de trabajo, no
he sido requerido”, dijo Arturo en entrevista.
Dos semanas después de la reunión en Palacio Nacional
donde participó el empresario importador Ulises Ramírez Loya (izq. de AMLO), el
presidente López Obrador anunció que creará un programa para regularizar autos.
Foto: Gobierno de Baja California.
Pero la nación chocolate no parece tener límites. Un reporte
del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de
Diputados reveló el crecimiento de estos autos en los últimos 29 años.
De 600 mil autos chocolate que circulaban en 1992, la
cifra pasó a 18 millones en 2019.
Esto representa el 36% del parque vehicular nacional que
el Inegi reportó en 50.5 millones de autos hasta 2019.
Y en cuanto al perfil de los conductores de la nación
chocolate, la mayoría
son personas “humildes”, según el presidente Lopez Obrador.
“Las empresas que venden carros (nuevos) no te dan la
posibilidad de adquirirlo”, dijo Héctor Velázquez, un obrero de la construcción
en Tijuana y propietario de dos chocolates.
Velázquez dijo que es más fácil y seguro viajar en uno de
estos autos que en el transporte público de Tijuana.
“El transporte está deplorable, no tienen ventilación,
son camiones tercermundistas”.
‘Oye, ¿por qué traes un camión sin ventanas? ¿Si sabes que se te puede morir
así la gente?’ Yo me venía ahogando atrás. Podemos tener un mejor transporte”,
dijo Héctor Velázquez, un obrero que utiliza transporte en Tijuana. Fotos:
Eduardo Jaramillo y Lisbeth Chávez.
En la nación chocolate hay autos de lujo afiliados a
asociaciones como Anapromex, por unos 75 dólares americanos.
Estas organizaciones ofrecen un amparo colectivo y
engomados para no ser confiscados por estar de contrabando en el país.
En la frontera norte los autos cuyos dueños pagan sus
registros vehiculares y afinaciones se mezclan a diario con choferes de la
nación chocolate.
Es fácil encontrar oficinas de organismos como Anapromex,
y anuncios de venta de chocolates, que también son usados por criminales.
En Baja California, cuyas ciudades fronterizas con
California y Arizona son la entrada a México de chocolates, 8 de cada 10
homicidios y secuestros se cometen en estos autos.
Aparte, están involucrados en decenas de asaltos y
accidentes de tránsito.
“Según la Fiscalía hablan de un 85% de los delitos”,
afirmó Alejandro Velasco, director del Instituto de Identidad Vehicular y
Combate a la Contaminación (Invec) en Baja California.
En Mexicali, en diciembre pasado, se reportó un violento
asalto donde los delincuentes huyeron en un BMW con engomados de Anapromex.
Un auto como el de la gráfica, pero nacional, oscila en
los 395 mil pesos (19,750 dólares), pero en el mercado chocolate se puede
adquirir en unos 110 mil pesos (5,500 dólares). Foto: cortesía.
En agosto, la señora Sandra Garayzar tuvo un percance
automovilístico en Tijuana, con la conductora de un carro de la nación
chocolate.
“Simplemente no quiso dar nombre, se fue diciendo que no
era problema de ella”, comentó la señora.
Para las empresas de seguros, los vehículos chocolates
también son un problema.
“Ni siquiera el carro se puede embargar, porque
legalmente no está en el país”, aseguró un agente de seguros en Mexicali quien
solicitó mantener reservada su identidad.
En Baja California, donde la nación chocolate cuenta con
800 mil carros según diversas estimaciones, el gobierno busca regularizar autos
con hasta 21 años de uso.
Para ello aprobaron una ley que penaliza “hasta por 9
años de prisión a personas u organizaciones que regularicen” los chocolates, y
crea el Invec.
El Invec inscribe los chocolates en un padrón por mil
pesos (unos 50 dólares), para luego regularizarlos de forma definitiva por
cinco mil pesos (unos 250 dólares), dijo el director.
Francisco Sandoval Alarcón
