La crisis de inseguridad que prevaleció durante el
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, representó una gran oportunidad de
negocios para la empresa privada Seguritech, que durante los seis años del
priísta recibió contratos millonarios de gobiernos estatales ofertando un
moderno esquema de videovigilancia y sistemas de inteligencia, con los que
podrían combatir la delincuencia en las zonas más conflictivas del país
Por Lorena Lamas, Rosario Mosso, Eduardo Villa Lugo /
Semanario ZETA
Producción: Ernesto Eslava
Diciembre del 2012, el panista Felipe Calderón
concluía su encargo como presidente de México, con más de 120 mil homicidios a
consecuencia -principalmente- de la fallida “guerra contra el narcotráfico” que
impulsó apenas iniciado su gobierno.
Fosas clandestinas, balaceras, narcomantas y cadáveres
ensangrentados colgando de puentes o tirados como basura en las vialidades
públicas, fue el escenario que se volvió parte de la vida cotidiana en
distintas regiones del país.
La sociedad pidió un “golpe de timón” ante la crisis de
inseguridad y, por ello, otorgó su voto de confianza al abanderado del partido
opositor, el priísta Enrique Peña Nieto. Sin embargo, su estrategia no varió
mucho a la de su antecesor.
En medio del entorno de violencia del país, surgió la
urgencia de modernizar los esquemas de inteligencia y videovigilancia, como
parte de la estrategia del combate a la inseguridad.
Es este contexto, apareció en el mapa la empresa
Seguritech Privada, S. A. de C.V., fundada en 1995 en la Ciudad de México, como
un pequeño comercio dedicado a la venta de alarmas vecinales, pero que bajo el
cobijo del gobierno priísta, se convirtió en una marca sumamente redituable al
monopolizar los contratos de los principales proyectos de vigilancia e
inteligencia del país, llamado centro de Control, Comando, Comunicación,
Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i). Y la promesa, ser una herramienta
para combatir la inseguridad y reducir la incidencia delictiva.
Más de 10 unidades C5i fueron inauguradas o se empezaron
a construir en el sexenio de Peña Nieto. Las entidades federativas comprometieron
presupuestos millonarios en medio de la opacidad, violentaron procesos
parlamentarios y requisitos administrativos. Se autorizaba la compra de equipo
tecnológico obsoleto con sobreprecio, ocultando información pretextando la
protección de la seguridad nacional.
En este proceso, la violencia criminal no fue mermada, el
priista Peña Nieto terminó su gobierno con más de 156 mil muertes violentas, un
29% más que su antecesor. 2018, su último año de gobierno, se convirtió en el
peor en la historia de México hasta ese año, promediando 100 asesinatos
diarios.
En ese esquema, Guanajuato, Estado de México y Baja
California se asentaron como las entidades con más violencia criminal.
Situación que no ha mejorado en los dos años del presidente Andrés Manuel López
Obrador, que suman más de 60 mil asesinatos.
BAJA CALIFORNIA
En Baja California la oferta del C5 llegó en 2016, de
inicio se destacó por la falta de transparencia y la negativa del gobierno para
hacer públicas las características y la calidad del equipo a comprar, igual,
bajo la premisa de protección de la seguridad nacional.
“Es una argumentación inválida, porque si se argumenta
seguridad nacional tienen que hacer un análisis que se llama prueba del daño, y
decir que el daño es mayor que el beneficio público, cómo puedes argumentar
simplemente porque estás buscando cámaras de mayor calidad, de mayor tecnología
¿Cuál es el daño?, ahí el tema de seguridad se queda sin argumentación”,
explicó al respecto Octavio Sandoval López, ex comisionado presidente del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales de Baja California en el período 2017-2019, cuando se negoció
el C5i en el estado.
Seguritech intentó vender, y el gobierno del Estado,
encabezado por el panista Francisco Vega de Lamadrid, ya había aceptado comprar
un Sistema Integral de Infraestructura e interconexión tecnológica para
seguridad pública por 4 mil 660 millones de pesos, a 20 años, a través de la
figura de Asociación Pública Privada que fue prohibida por la Ley de Disciplina
Financiera. Así que cancelaron el trato y reiniciaron el proceso.
Fue en 2018 cuando le volvieron a asignar el contrato a
Seguritech, esta vez, por 789 millones de pesos a pagar en 10 años.
El proyecto consiste en:
El C5i fue rechazado públicamente por los partidos de
minoría en el Congreso, por algunas asociaciones civiles, y por el Consejo
Ciudadano de Seguridad de Baja California.
“El propio consejo ciudadano hizo un estudio, donde el
costo que aquí se nos plantea, son 300 millones menos”, expuso en la sesión de
octubre de 2017 el entonces diputado, Catalino Zavala.
“Los equipos estaban hasta tres, cuatro veces más caros
de lo que era el valor de mercado de los mismos, no eran equipos de primera
generación. Te doy un ejemplo, el de los arcos lectores de placas, es
tecnología analógica, cuando ya entonces existía tecnología de inteligencia
virtual, en el hecho de que si la placa que cruza por el arco tiene lodo o está
doblada, el sistema no lo alcanza a reconocer, y ya existía tecnología que sí
lo alcanzaba a reconocer”, dijo Juan Manuel Hernández Niebla, presidente
estatal del Consejo Ciudadano.
Hernández solicitó de manera independiente el presupuesto
de un sistema estático para reconocimiento de placas, cuatro cámaras y un
procesador para que éstos funcionen, con un precio por unidad de un millón 510
pesos por los 9 arcos, en total suman 13.5 millones de pesos.
La empresa está cobrando 45.1 millones de pesos
adicionales, por la cimentación e instalación de 9 arcos de metal marca
Seguritech, con capacidad de almacenaje, el cableado y el equipo de suministros
de energía, conexión a tierra, a la red y sensores.
También, en el proyecto aprobado en 2018, vendieron 50
cámaras marca DAHUA, y 150 cámaras marca HANWHA, todas con capacidad de 2
megapíxeles, la misma que tenía el primer iPhone que salió a la venta en el año
2007.
Características técnicas de las cámaras de videovigilancia
que vendió Seguritech al gobierno de Baja California. Foto: ZETA Tijuana.
En el mercado las cámaras DAHUA tienen un costo de 60 mil
500 por unidad, y las HANWHA se adquieren por 21 mil pesos, lo que se traduce
en 3 millones 175 pesos en compra al menudeo.
Pero la empresa está cobrando 33.5 millones adicionales
por la cimentación de 50 postes con almacenaje, y su respectivo equipo de
suministros de energía, conexión a tierra y procesamientos de
datos.
Son 671 mil pesos, es decir, más de medio millón por cada
poste cableado marca Seguritech y el servicio que requiera por los 10 años de
mantenimiento.
El contrato se aprobó en junio de 2018 y para frenar el
abuso al erario, en septiembre de 2018, el CCSP presentó un amparo, ante el
juez Francisco Caballero Green 4to de Distrito en Materia de Amparo, quien le
dio curso, pero se negó a conceder la suspensión provisional y definitiva
argumentando el interés general del proyecto. Por lo que el contrato en Baja
California está vigente.
LAS INCONSISTENCIAS
En marzo del 2020, un año y medio después de que se
promovió el amparo, el Juzgado Cuarto encontró al perito Ingeniero
Electromecánico, Alberto Cortez Enríquez, quien determinó que se violentaron
los procesos administrativos al realizar el contrato.
Los motivos fueron: que no existe un dictamen de
propuesta económica hecho por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
como exige el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones.
Tampoco existe justificación, ni detalle o precios
unitarios en los 327 millones asignados a mantenimiento preventivo y
actualización, mientras que la propuesta económica no presenta precios
unitarios, como ordenan los artículos 44 y 46 de la Ley de Adquisiciones de
Baja California.
Esto abre la posibilidad de iniciar procesos judiciales y
administrativos:
“Yo pienso que esto ya daría pauta para un tipo de
demanda de corrupción, y responsabilizar a las personas que en determinado
momento firmaron tanto los procesos de licitación, como el contrato
respectivo”, expuso el consejero ciudadano de seguridad.
Por su parte, el abogado especialista en amparo, con
trayectoria en el ejercicio de la función pública, José Ángel Bustamante
Arbizu, explicó que si el delito cometido por el funcionario es considerado
grave, el plazo de prescripción es de 7 años, de lo contrario el período es de
3 años, por lo que el proyecto del C5i aún es impugnable.
“El gobierno del estado podría entablar una acción de
lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado basados
en que se reconoció, otorgó derechos que no corresponden, porque es una licitación
sobre productos aparentemente sobrevaluados y con un precio excesivo que, al
final del día, le causa un perjuicio al erario”, dictó el abogado.
Al respecto, Vicenta Espinosa Martínez, secretaria
de Honestidad y Función Pública del Estado de Baja California, explicó que
existe un expediente abierto, ya que el 20 de septiembre de 2018 se recibió una
denuncia dirigida a la entonces Secretaría de la Contraloría.
“Tenemos un expediente que es el 265Q18, eso significa
que se inició en 2018, (la denuncia) está radicada ya, tenemos nosotros
diligencias practicadas”, explicó.
En cuanto a las irregularidades detectadas expuso que no
aplicaron la norma, no hubo desglose de bienes y servicios en precios
unitarios, no hicieron un comparativo de precios, y consideraron una vida útil
del equipo diferente a la necesaria.
“Nosotros tenemos un responsable que es el director de
adquisiciones de Oficialía Mayor, Rutilio Pérez Flores y obviamente nosotros ya
empezamos con el procedimiento para sancionar y hacerlo responsable de este
tema”, advirtió.
A pesar de que Seguritech en obra y entrega de equipo del
C5i presenta un avance del 88 por ciento, la carpeta de investigación se inició
hace más de dos años, y no presenta diligencias realizadas desde julio de 2019,
aseguró la secretaria Espinosa.
Quiénes firmaron el contrato C5i BC fueron: la ex Oficial
Mayor Loreto Quintero; el ex Secretario de Seguridad, Gerardo Sosa; y como
testigos, el ex Secretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández; y el
ex Contralor, Francisco Postlethwaite.
Pero la responsabilidad primaria, dijo la secretaria de
Honestidad, recae sobre quien encabezó el subcomité de adquisiciones, Rutilo Pérez
Flores, quien al igual de Loreto Quintero y Bladimiro Hernández, se encuentran
denunciados ante la fiscalía del estado -por otros contratos-, acusados de un
desvío de recursos superior a 1200 millones de pesos,
Al respecto, el ex director de Adquisiciones
de Oficialía Mayor del gobierno de Baja California, Rutilo
Pérez Flores, responsabilizó a la Secretaría de Seguridad y al ex
Secretario Gerardo Sosa Olachea.
Aseguró que fue Sosa y su personal en el área de
seguridad quienes determinaron lo que necesitaban y revisaron los precios, pero
cuando se le preguntó si lo vio, solo repitió que debía estar en el expediente
que él nunca resguardo.
“Se hizo un estudio de mercado por parte de la SSP,
ellos hicieron toda esa búsqueda, traían datos ahí que les permitieron hacer su
techo financiero para saber hasta dónde les iba a alcanzar el recurso”, indicó
Rutilio.
Finalmente justificó la ausencia de precios unitarios en
el contrato, que exige la Ley de Adquisiciones, argumentando que se contrató un
proyecto integral, la implementación de un C5 y no por cámaras o arcos
lectores.
Entrevistado, el ex secretario de seguridad Gerardo Sosa
Olachea, repitió que el contrato se hizo por un servicio, reconoció que la
Secretaría a su cargo llevó el proceso de licitación, pero negó haber sido
responsable del análisis de precios o costos, Indicó que ese aspecto siempre
estuvo en manos de la Oficialía Mayor, y del ex director de adquisiciones
Rutilo Pérez.
BC MANTIENE DEUDA MILLONARIA
A la fecha, la empresa debería haber recibido 177
millones de pesos, pero el gobierno panista que la contrató solo hizo un primer
depósito de 19 millones y dejó de pagar hasta el final de su gestión y se fue
debiendo a la empresa más de 78 millones.
Deuda que se duplicó a 156 millones de pesos durante la
administración del actual gobernador Jaime Bonilla.
Al respecto, la secretaria de honestidad Vicenta Espinosa
negó que el estado incurriera en responsabilidad al incumplir los pagos: “No
porque hay una investigación. La investigación ordena y manda que se detenga
todo precisamente porque no puedes tú generar un pago sobre algo irregular y
observado”.
Actualmente, con el 88 por ciento de avance en la
instalación de los equipos del C5i, en Baja California la incidencia delictiva
no ha disminuido.
Cuando la empresa Seguritech Privada llegó a Baja
California para ofrecer sus servicios de videovigilancia e inteligencia, otras
entidades ya habían signado contratos con resultados negativos.
Sin embargo, los proyectos con mayores problemas fueron
los de mayor incidencia delictiva a nivel nacional, Baja California, Guanajuato
y Estado de México.
Entre Guanajuato y Estado de México erogaron más de 8 mil
millones de pesos en la implementación de los C5i.
Días después de que el priista Enrique Peña Nieto asumió
el cargo como presidente de la república, el recién nombrado gobernador de
Guanajuato, el panista Miguel Márquez Márquez, firmó el contrato
SSP/C4/001/2012 para la adquisición del proyecto C5i.
El plan consistió en instalar un moderno esquema de
videovigilancia, fibra óptica y arcos carreteros que se convertirían en los
“ojos de Guanajuato” y así evitar que la violencia de entidades vecinas como
San Luis Potosí, Nuevo León, Michoacán, Querétaro y Jalisco, influyera en la
criminalidad.
El proyecto tuvo un costo de 2 mil 727 millones 893 mil
413 pesos a pagarse durante todo el sexenio de Márquez Márquez. El contrato se
adjudicó de manera directa y sin llevar a cabo un estudio de viabilidad
financiera.
Pese a las múltiples negativas, Semanario ZETA obtuvo una
copia del contrato firmado entre el Gobierno del Estado y la empresa Seguritech
Privada, en el año 2012.
El documento firmado por Alvar Cabeza de Vaca, Gabriel
Anguiano Delgado y Manuel de Jesús Villarreal Romero, por parte de la
Secretaría de Seguridad, y por René Bustos Soler, por parte de la empresa,
consta de 53 páginas.
Una de las irregularidades detectadas es que pese a lo
elevado del costo se trata de un arrendamiento donde todo el equipo es
propiedad del “prestador del servicio”, por lo que debía devolverse en octubre
del 2018.
Aunque había una opción de compra si el Ejecutivo Estatal
decide comprarlo, para lo que tendría que pagar el 2 por ciento del total, lo
que representa poco menos de 50 millones de pesos.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió extender el
servicio y a la fecha ha erogado más de 100 millones de pesos.
El acuerdo de voluntades también obliga a la empresa a
obtener un seguro de daño, robo o extravío, para el equipo de vigilancia, pero
no establece mayores detalles sobre cuándo se haría responsable cada uno en el
caso de que esto ocurra.
El auditor especial de cumplimiento financiero de la
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, respaldó las acciones realizadas
por la dependencia a su cargo y aseguró que durante los primeros años se
contabilizaron 28 observaciones en torno al contrato y los servicios del
proyecto C5i, de las cuales fueron solventadas un 80 por ciento.
“De estas se solventaron el 80% de las observaciones, un
11% están parcialmente solventadas. Digamos que hay una atención muy buena del
90% y queda por ahí un ´saldito´ del 10% de las observaciones, como no
atendidas o no solventadas”, calificó el funcionario.
Aunque la mayoría de las irregularidades fueron
solventadas, las pendientes resultaron ser las más graves, como la firma del
contrato sin la autorización del Poder Legislativo.
Por parte de la Auditoría hubo un reclamo pero nunca una
sanción del Congreso hacia el Ejecutivo, pese a que se presentó una denuncia
administrativa en febrero de 2014.
Los informes de la auditoría también refieren que los
arcos carreteros no pueden detectar placas de vehículos robados si transitan
por el acotamiento de las vialidades; que los videos captados por el equipo de
Seguritech son borrados a los 30 días, por lo que en caso de no solicitarse a
tiempo la información de un hecho ocurrido en determinado día, ya no puede ser
cotejable; que existen errores en la instalación de los postes donde descansan
las cámaras de vigilancia y discrepancia en la tecnología utilizada con la
ofertada, entre otras cuestiones.
Tampoco se llevó a cabo un proceso de licitación abierto,
ni se establecieron precios unitarios de los bienes arrendados, omitieron
compromisos de entrega de obra, al igual que información precisa sobre las
sanciones en caso de incumplimiento de contrato.
Las observaciones de la auditoría especial fueron
enviadas al Poder Ejecutivo, el cual se dio por enterado en agosto del 2016, es
decir, casi 4 años después de asignado el contrato y a dos años de
concluirlo.
En esa revisión se detectaron fallas en 46 de los 56
arcos carreteros revisados, solventando la mayoría varios años después de su
instalación.
A juicio del ex legislador en Guanajuato, Sergio
Contreras, el proyecto fue un fracaso, máxime cuando se registraron las peores
cifras de incidencia delictiva durante este periodo y que la tecnología no
resultó ser lo que se había prometido.
Contreras aseguró que los informes de auditoría fueron
insuficientes porque inicialmente sólo se revisó si se cumplía con lo
adquirido, cuando por la naturaleza y complejidad del proyecto era necesario
también evaluar la calidad del mismo.
ESTADO DE MÉXICO
Irregularidades similares se documentaron en el proyecto
del Estado de México -cuna del presidente Peña Nieto-, donde el gobierno de
Eruviel Ávila comprometió las arcas por un monto de 6 mil 376 millones 773 mil
027 pesos.
El esquema fue el mismo: una adjudicación directa
entregada de manera injustificada, obligándose a erogar una importante suma de
recursos en los siguientes 6 años, para un equipo que finalmente sería devuelto
a Seguritech cuando terminara la administración..
El contrato administrativo ADP-002-2018 de prestación de
Servicios de 62 páginas, firmado por representantes del gobierno mexiquense, y
la empresa Seguritech Privada, S.A. de C. V., no especifica los precios
unitarios de cada uno de los productos y servicios.
Rene Bustos Soler firmó el contrato en representación de
una persona jurídica colectiva, con acreditación ante el notario, pero tanto su
firma como la mayoría de la información del contrato es reservada, por lo que
tanto nombres como montos están borrados con un marco gris, lo que restringe la
información general como RFC, la dirección y el teléfono del contratante.
De acuerdo con la última auditoría aplicada el 18 de
octubre del 2019, la empresa no aclaró ni justificó los resultados y
observaciones incorporados por la Auditoría Superior del Estado de México, por
lo que la autoridad notificó que ha cumplido de manera parcial con el contrato.
ZETA entrevistó a la investigadora Pilar Deziga, de la
agrupación Causa en Común, que ha realizado análisis en materia de seguridad y
de los centros de atención de emergencias de todo el país.
“No tenemos especificaciones sobre qué número de estas
cámaras son de pertenecía a los C5 o a los consejos estatales de seguridad o
son arrendados, al día de hoy desconocemos la información y de nuevo es parte
de la tendencia a la opacidad.
-¿Opacidad pero no corrupción?
“Podría ser, al final, que el no acceso a la información
te lleva a todos los caminos y ninguno es positivo”, remató la especialista.
Para el especialista, David Chong, secretario General de
Corporación Euro Americana de Seguridad, pese a estas irregularidades, las
responsabilidades sobre los proyectos no recae realmente en la empresa
Seguritech Privada, sino en los respectivos gobiernos estatales, los cuales
realizan la evaluación técnica con base en las necesidades del Estado.
“Si la empresa cumple con lo especificado no le puedes
señalar ninguna responsabilidad a la empresa, se las señalas a quien no
estableció las condiciones adecuadas para proteger el interés institucional”
(sic).
La proveedora Seguritech Privada, fue fundada en el año
1995 en la Ciudad de México y su propietario es el empresario Ariel Zeev Picker
Schatz. Foto: ZETA Tijuana.
¿Quiénes son Seguritech Privada?
La proveedora Seguritech Privada fue fundada en el año
1995 en la Ciudad de México y su propietario es el empresario Ariel Zeev Picker
Schatz.
Según el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, la
empresa registró el nombre de C5i como propio, por lo que ahora ningún sistema
de videovigilancia que no pertenezca a Seguritech puede utilizar el nombre.
El origen de la empresa es mucho más humilde, pues de ser
una pequeña empresa dedicada a la venta de alarmas vecinales, actualmente es
uno de los proveedores de tecnología más importantes del país, teniendo como su
principal periodo de crecimiento durante las administraciones priístas, sobre
todo durante la presidencia de Peña Nieto.
El consorcio también incluye a filiales Comunicación
Segura, Picorp S.A. de C.V. y Tres10 S.A. de C.V, entre otras, las cuales se
alternan de forma indistinta, logrando así monopolizar los grandes contratos de
videovigilancia y modernización de los proyectos C5i del país.
ZETA llevó a cabo una revisión de las empresas a través
de las plataformas digitales disponibles en el Registro Público de Comercio de
la Secretaría de Economía, pero ninguna aparecía directamente en la consulta.
Sólo una logró ser identificada: la empresa llamada
Tres10 S.A. de C.V. cuya creación data del año 2019, teniendo como propietarios
a Comunicación Segura S.A. de C.V. y Seguritech Privada.
Su fundación tiene como objetivo brindar el servicio de
C5i al Estado de Tamaulipas, gobernado por Francisco García Cabeza de Vaca,
quien fue coordinador en la Frontera Norte de la A.C. Amigos de Fox, agrupación
que buscó recursos para la campaña del expresidente guanajuatense, en el año
2000.
El proyecto costó 2 mil 619 millones 415 mil 991 pesos y
tuvo como representante legal a Alaín Ramos Padilla, exjefe del Departamento
Jurídico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, durante la administración
priísta de Rubén Moreira, en el Estado de Coahuila, hermano de Humberto
Moreira, gobernador acusado de un millonario desfalco a las arcas estatales de
aquella entidad, el cual incluso fue detenido en enero del 2016 en España, y
liberado semanas después.
La empresa Seguritech y sus filiales cuentan con un
número importante de representantes legales.<
Eduardo Villa Lugo
Lorena Lamas
Rosario Mosso
