El pasado mes de abril un tribunal colegiado resolvió un amparo a favor de la organización Elementa DDHH debido a que la FGE reservó la información sobre carpetas de investigación por desapariciones de personas.
Mexicali. La Fiscalía General del Estado (FGE) en Baja California clasificó como reservada la información sobre carpetas de investigación por desaparición de personas y fosas clandestinas argumentando que ponía en riesgo investigaciones en curso, denunció la organización Elementa DDHH en México.
Valeria Gutiérrez Vega, coordinadora de investigación Elementa DDHH en México, explicó que cada año desde el 2021 solicitan a la FGE la información sobre las carpetas de investigación relacionadas con el delito de desaparición con la intención de realizar un análisis estadístico.
La solicitud incluye datos como la fecha de la desaparición, el lugar, sexo, edad, escolaridad y ocupación laboral; nunca información personal sobre las personas.
Explicó que los últimos datos que utilizaron fueron del 2022, los cuales fueron procesados en 2023, pero cuando realizaron la misma solicitud en 2024 ya no recibieron respuesta.

“En 2024, me parece que fue en septiembre, ya reservaron la información como clasificada y el argumento que dieron fue que era información que ponía en riesgo las investigaciones que se encontraban en curso”, expresó.
Aunque presentaron recursos de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) la información recibida era difícil de procesar por lo que con ayuda de la organización civil Disentir presentaron un recurso de amparo en diciembre del 2024.
En octubre del 2025 un juzgado de distrito resolvió a favor de Elementa DDHH ordenando a la FGE entregar la información solicitada, ya que se trata de datos estadísticos, no personales, que no ponían en riesgo las investigaciones en curso.
Curiosamente Elementa DDHH solicitó la información sobre las desapariciones entre 1999 y el 2024, pero la FGE consideró que la información de las carpetas en ese periodo pone en riesgo investigaciones en curso, lo que indirectamente demostraba que hay investigaciones abiertas desde hace más de 20 años.
Valeria Gutiérrez Vega detalló que la sentencia del juzgado de distrito también ordenó a la FGE determinar cuáles son las carpetas que se mantienen abiertas y cuáles ya fueron cerradas.
Sin embargo, la dependencia estatal impugnó la sentencia en diciembre del 2025 argumentando que Elementa DDHH no cuenta con interés legítimo para solicitar la información.
Fue hasta el pasado mes de abril cuando un tribunal colegiado confirmó la sentencia del juzgado de distrito y declaró inoperantes los argumentos presentados por la FGE de Baja California.

“Ahora estamos esperando que la FGE entregue la información, y aunque las dos sentencias están a nuestro favor y nos dan la razón en cuanto a si tenemos derecho a pedir esa información, debe de ser una información que sea accesible y pública, que no ponga en riesgo las investigaciones y además la fiscalía tiene que aclarar cuáles son los casos que están en trámite o vigentes”, indico.
Aunque la sentencia del tribunal colegiado se dio el pasado mes de abril, hasta ahora la FGE no ha entregado la información solicitada a Elementa DDHH ya que ninguna de las sentencias establece un plazo en específico.
Valeria Gutiérrez Vega comentó que la información solicitada es analizada y es publicada en el micrositio “Desaparecer en Baja California” el cual no han podido actualizar desde hace un año y medio debido a la negativa de información de la FGE.
Detalló que el micrositio es importante porque se alimenta con la información de las carpetas de investigación y es más precisa que la información que se muestra en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Por ejemplo, cuando realizaron la solicitud de información por primera ocasión, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas solo mostraba 2 mil casos en Baja California, pero ante la FGE había 17 mil carpetas de investigación abiertas por el delito de desaparición.
“No había comparación, era abismal la diferencia y eso también nos llevó a entender que la crisis de desaparición en Baja California era mucho, mucho más grave de lo que aparentemente en el registro solo se visibilizaba”, puntualizó.
Señaló que esta información les permite realizar datos estadísticos y analizar cómo se comporta el delito de la desaparición en Baja California, sin embargo, han tenido problemas para acceder a los datos.
Otro de los problemas que ha enfrentado Elementa DDHH es el acceso a los datos sobre fosas clandestinas, ya que este año la FGE también reservó la información por lo que se verán en la necesidad de presentar un nuevo amparo.
“Nosotros si vemos que es más bien con la fiscalía de Baja con quien hay un tema de transparencia, incluso se ha extendido hacia otras aristas del fenómeno de desaparición, que no solo son los registros que tienen, si no ahora en los registros de fosas que antes si permitían que fueran públicos y ahora ya no”, manifestó.
Finalmente, Valeria Gutiérrez Vega consideró que hasta antes de la desaparición del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) acceder a esta información era mucho más sencillo, pero ahora se ha dificultado el acceso a la información haciendo más complicado el proceso de análisis de diversos temas.
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