En papel, así quedó el Plan de Exhumaciones en
Coahuila, más de 250 millones de pesos ha costado al erario; pero eso no es lo
más grave, sino el hecho de que no ha logrado su propósito principal: la
identificación de cientos de cuerpos y el encuentro de la verdad sobre los
desaparecidos.
Esmeralda Sánchez / Border Hub
Familias de desaparecidos llevan años esperando que sus
seres queridos sean encontrados en vida, y en última instancia, que sean
identificados sus restos; lo que hasta ahora ha tenido pobres resultados.
Crédito: Gobierno del estado
Desde el 2010 la crisis por las desapariciones en
Coahuila no ha tenido fin ni descanso. Por más de una década, las familias de
este estado se han convertido en buscadores, recorriendo campos abiertos y
desenterrando cualquier tipo de hueso que encuentren. Tan solo a finales de
2017 se calculaba que había 18 mil 700 víctimas indirectas por desaparecidos en
la entidad, de acuerdo con el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de
Larios.
Lorena Amabilia Vallejo Vázquez, madre de Cristian Daniel
Mundo Vallejo y originaria de Piedras Negras, es uno de los miles de retratos
de esta tragedia. Su hijo, de entonces 18 años, desapareció en octubre de 2011;
tres meses después supo que su cuerpo estaba en la fosa común del Panteón La
Paz en Saltillo, pero eso no se lo devolvió. “Nomás me daban falsas esperanzas,
que en un mes, que ya pronto…”, cuenta Lorena. Las autoridades la trataban
bien, incluso la invitaban a las mesas de coordinación forense con el
Gobernador. “Yo sentí que nomás me traían ahí para cubrir los espacios que
ellos querían”. Ese ir y venir duró nueve años.
En noviembre de 2017, el gobierno de Coahuila les
prometió una luz al final del camino a los coahuilenses que buscaban a sus
desaparecidos y con bombo y platillo anunciaron la creación del Plan Estatal de
Exhumaciones e Identificación Forense (PEEIF). Su objetivo: dar respuesta “a la
emergencia humanitaria del fenómeno de la desaparición en Coahuila”; su
presupuesto de inicio fue de 16 millones de pesos. Pero esta ilusión se
desvaneció pronto para cientos de familias.
De acuerdo con un análisis hecho a través de más de 50 de
solicitudes de información, se encontró que después de tres años, esta
iniciativa se compone principalmente de cifras que no cuadran en cuestión del
número de desaparecidos en el estado, un número mínimo de identificaciones de
restos, fallas en las exhumaciones, un aumento en el registro de cuerpos sin
identificar, falta de información acerca de las fosas clandestinas en la
entidad y poca transparencia sobre el uso del dinero. A pesar de esto, el
gobierno del estado sigue pidiendo, y recibiendo, más recursos para continuar
con el Plan.
Incluso, la organización Familias Unidas en la Búsqueda y
Localización de Personas Desaparecidas, con sede en Piedras Negras, y quienes
participaron en la elaboración de la iniciativa, se levantó de la mesa al
momento de la aprobación. ¿La razón? inconsistencias jurídicas que no estaban
apegadas a la realidad de lo que podía hacerse, explica Ariana Denise García Bosque,
asesor jurídico del organismo.
Diana Iris García busca desde hace 14 años a su hijo
Daniel Cantú Iris, desaparecido en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila;
luego de años de nulo avance, al solicitar el expediente de su hijo, se
encontró con que se había extraviado una gran cantidad de información. Crédito:
Esmeralda Sánchez
Para muchas familias esto solo fue un plan de
papel. “Estaba todavía Rubén Moreira y después de la administración de su
hermano él tuvo la necesidad de legitimarse y aceptó trabajar con las familias
e iniciar proyectos que pudieran tenerlas menos enojadas”, dice Diana Iris
García, madre de Daniel Cantú Iris, desaparecido en el municipio de Ramos
Arizpe hace ya 14 años.
Cumplimientos al mínimo y exhumaciones sin protocolos
Los desaparecidos y los restos sin identificar se siguen
apilando en el estado de Coahuila. El Plan estatal que prometió darle un nombre
a los cuerpos que estaban en las fosas comunes comenzó en 2017 y hasta finales
de 2020 sólo habían logrado la identificación plena de 13 personas, de las
cuales 12 fueron entregadas a sus familiares, de acuerdo con datos de la
Comisión Estatal de Búsqueda de Coahuila y el colectivo Fuerzas Unidas por
Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) y en Coahuila (FUNDEC). Todo esto al
mismo tiempo que el registro de desapariciones pasó de 5,251 a 5,847 desde que
inició el Plan hasta septiembre de 2020, según datos obtenidos vía solicitudes
de información. Y los últimos informes oficiales hablan de un total de 6,080
desaparecidos.
La razón de que este resultado apenas rebase la docena de
identificaciones es escueta por parte de las autoridades. “Las identificaciones
fueron producto de una hipótesis que se pudo comprobar y que dio rumbo para
conocer su identidad […] En el resto no existe una hipótesis de
identificación… es decir, con qué familia contrastar la información del cuerpo,
entonces no tenemos precisamente la posibilidad de hacer la identificación”,
explicó Jesús Fernando González Lozano, Coordinador del Plan Estatal de Exhumaciones
y subdirector de Unidades de Investigación.
Y aunque se tienen 298 muestras de referencia de ADN,
según el Centro Regional de Identificación Humana, todas recabadas de
familiares en una reciente exhumación masiva en Torreón, esto parece insuficiente
para conocer la identidad de los cadáveres que sacan de las fosas, pues se
requiere como mínimo que cuatro familiares de la persona desaparecida aporten
su muestra para hacer los cruces y garantizar la identificación, explica Blanca
Isabel Martínez Bustos, Directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan De
Larios. Esto se traduce en algo simple pero trágico para las familias, pues de
los 887 cuerpos que Ricardo Martínez Loyola, Comisionado Estatal de Búsqueda,
asegura están en las fosas comunes de los panteones municipales, solo hay 74
que podrían ser identificados, sin contar los extraídos en la última exhumación
de marzo de 2021.
En los últimos días de 2019, el Panteón La Paz en
Saltillo fue el escenario de la primera exhumación masiva en el estado, 53
cuerpos salieron de esa gran tumba. Pero esto no fue resultado del PEEIF, ni
del gobierno estatal, sino de Lorena Amabilia, quien se apostó a las afueras
del panteón y prometió no moverse de ahí hasta que le entregaran los restos de
su hijo. Ya habían pasado siete años desde que Lorena sabía que el cuerpo de
Daniel estaba en esa fosa común y hasta ese entonces la Fiscalía de
Desaparecidos de Coahuila no había hecho nada para que la Fiscalía General de
la República (FGR) le devolviera a su hijo.
La falta de coordinación entre ambas instancias dio como
resultado que muchos de los restos que fueron extraídos en esa primera ocasión
sigan sin ser identificados, ya que aunque hubo apoyo estatal, el
operativo fue realizado por la FGR y la información no ha logrado fluir en su
totalidad.
En Saltillo se extrajeron más de 50 cuerpos y las
familias siguen esperando que sean identificados.
Hasta finales de 2020 el número de exhumaciones aún tenía
registros muy por debajo de lo que se prometió al inicio del Plan Estatal, pues
sólo se habían realizado 87 en casi tres años, es decir menos de 3 por mes. Y
la promesa inicial, al menos para 2018, era de realizar 48 exhumaciones, es
decir, un promedio de cuatro al mes, de acuerdo con información obtenida vía
transparencia para esta investigación.
A pesar de que para el primer trimestre de 2021 se
recuperaron 148 cuerpos, después de que el 8 de marzo se realizó la
segunda exhumación masiva en la entidad en el Panteón 2 de Torreón, esta es una
tarea que lleva tal nivel de retraso que parece muy complicado llegar a números
positivos. Incluso, aunque se rebasó la meta inicial de 116 cuerpos
recuperados en Torreón y se cumpla la continuidad este año en el Panteón
1 de la misma ciudad y el Panteón La Paz de Saltillo, todavía se está lejos de
abatir el rezago, pues en cada operativo la cifra ha sido mayor a la que se
tiene en los registros, acepta Ricardo Martínez Loyola, Comisionado Estatal de
Búsqueda de Coahuila.
Además, todas estas acciones al final no han logrado
traducirse en lo más importante para las familias: la identificación. “El
objetivo no es exhumar: es identificar y regresar a casa”, asegura Blanca
Martínez. La cifras muestran que a pesar de que se aumentó la exhumación, las
acciones de identificación no llevan el mismo ritmo, de los ya 245
cuerpos recuperados hasta el 26 de marzo, sólo 97 contaban con análisis
médico forense, antropológico, odontológico y de criminalística pero aún faltan
algunos del análisis genético, según la información de FUUNDEM-FUUNDEC.
Un
total de 148 cuerpos fueron exhumados del 18 al 26 de marzo en el Panteón 2 de
Torreón, 32 más de los que se tenían como meta; empieza apenas la tarea de
identificarlos… y se suman a 887 más que están pendientes. Crédito: gobierno
del estado.
A esto se le suma la falta de protocolos al momento de
abrir estas fosas, pues la mayor parte de los cuerpos están sujetos a una
carpeta de investigación o averiguación previa y cuando los sacan de su sitio
es algo que debería constar en las actas, es decir, especificar que se está
haciendo un movimiento, porque de otra forma se pierde el hilo de dónde quedan
y es la forma recurrente de desaparecer un cuerpo, explica Ariana García,
representante jurídica de los colectivos y quien lleva más de dos décadas atendiendo
estos casos.
Cifras imprecisas
Al arranque del Plan Estatal, la Fiscalía General del
Estado de Coahuila tenía un reporte de 5 mil 251 personas desaparecidas
acumuladas de 2001 a 2017. De estas, mil 876 continuaban en calidad de
desaparecidos. En 2020, la Fiscalía presentó en su tercer informe de
actividades una nueva cifra: 6 mil 80 desaparecidos, lo cual ahora abarcaba de
2001 a 2020, y de las cuales 2 mil 249 aún no habían sido localizadas. Esto
significa que 373 coahuilenses se sumaron a esta terrible lista, de acuerdo con
un análisis hecho a partir de los datos obtenidos vía transparencia.
Para esta investigación se hicieron docenas de
solicitudes de información en las que se pidieron cifras de denuncias,
desapariciones y localización de personas en el estado, esto con el objetivo de
analizar el impacto del Plan Estatal en esta problemática, y al cruzar estas
cifras se logró determinar que, en el periodo exacto de noviembre de 2017 a
septiembre de 2020, se presentaron un total de 2 mil 472 denuncias por personas
desaparecidas, las cuales representan un total de 5 mil 847
desapariciones. De estas, 2 mil 151 aún no habían sido localizadas, según la
información obtenida vía transparencia.
Estas últimas cifras son diferentes a las que la Fiscalía
General presentó en su último informe, a diciembre de 2020; ahí
reportan 6 mil 80 desapariciones y de estas 2 mil 249 sin
localizar. Aunque este reporte tiene un trimestre más, este dato es uno de los
más relevantes para determinar los pasos a seguir en el Plan Estatal de Exhumación;
pero hacer un conteo de los informes anuales de la FGE de Coahuila resulta casi
imposible. En cada uno de los reportes cambian los criterios que se hicieron
públicos, se tienen cifras desagregadas por denuncias en el año y de años
anteriores, pero no se especifica si estas fueron agregadas en los informes
nuevos. Además, todo este baile de cifras proviene de una misma fuente: la
Fiscalía del estado.
Durante un mes se buscó a la Fiscalía General del Estado,
incluidas sus Fiscalías Especializadas, con el objetivo de aclarar estas
cifras, pero hasta el cierre no se obtuvo respuesta.
El Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No
Localizadas, otro de los objetivos de este Plan, tampoco está completo. De
acuerdo con una solicitud de información, la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB)
de Coahuila tenía un avance del 80 por ciento en su conformación hasta agosto
de 2020, debido a que este se alimenta de los datos que proporcionan las
dependencias que se encargan de la investigación del delito y reciben las
denuncias por esta causa.
Según su titular, Ricardo Martínez Loyola, el motivo es
que se sigue alimentando, “eso nos va a tomar un tiempo más”, y es que según
explica, existen campos entre las bases de datos de la FGEC y el registro de la
CEB que no son coincidentes, como las personas que denuncian, persona que
levanta el reporte y las víctimas indirectas.
Según sus propios datos, obtenidos vía transparencia, la
Comisión tenía un registro de 527 personas desaparecidas de noviembre de 2017 a
septiembre de 2020, una cifra muy por debajo de la Fiscalía; pero a decir de su
titular, esta diferencia si bien existe, actualmente es de apenas algunos
cientos de personas.
“Ahorita llevamos 2 mil 278 me parece hasta el último
corte que teníamos y estos siempre son variables, pueden variar de un mes a
otro hasta en 30 personas”.
La crisis de los cuerpos sin identificar
Familias rezan en Torreón mientras se lleva a cabo la
exhumación de cuerpos. Crédito: gobierno del estado.
Tanto en el Plan Estatal como en el Informe 2019 de la
FGEC, se especifica que el estudio estadístico para realizar el PEEIF daba
cuenta de 544 cuerpos sin identificar en panteones municipales hasta noviembre
de 2017; dos años después, esta cifra subió a 732, es decir 188 más, y la
Comisión Estatal de Búsqueda afirma que ya se tienen 887.
Para contrastar esta información, se solicitó vía
transparencia a todos los ayuntamientos donde se han exhumado cuerpos su base
de datos de fosas comunes. De los siete, sólo Ramos Arizpe y Torreón otorgaron
listas, en el primero se informó de 23 cuerpos, de los cuales sólo uno fue
entregado, y el segundo reportó un total de 336 cuerpos; 27 están identificados
al menos con un nombre y en 83 de los registros la fecha de inhumación no está
legible. Esta información se encuentra en una base de datos hecha a mano, hasta
ahora no hay nada digitalizado.
El Ayuntamiento de Piedras Negras negó en un principio la
información, pero luego de un recurso de revisión facilitó registros de sus 4
panteones. Sin embargo, la solicitud expresa fue cuerpos que se tuvieran en la
fosa común, y la respuesta fue una lista de 118 cuerpos perfectamente
identificados.
*NOTA: Según la Comisión Estatal de Búsqueda de Coahuila,
para marzo de 2021 ya eran 887. Fuente: Fiscalía General de Justicia del
Estados de Coahuila, informe 2019
Otra de las inconsistencias fue la reportada por el
municipio de Acuña, pues respondieron que ninguno de los dos panteones
cuenta con fosas comunes, a pesar de que la Coordinación Estatal, y en el
Primer Informe (2018) de la Fiscalía General de Coahuila, se asegura que en esa
ciudad se habían documentado la existencia de 156 fosas “de personas cuya
trazabilidad de su inhumación no se encuentra plenamente determinada”.
Las fosas clandestinas son el otro problema. La Fiscalía
de Personas Desaparecidas informó, a través de una solicitud de transparencia,
que en diversos operativos realizados se habían localizado y revisado 87 puntos
o centros de inhumación clandestinos, de donde fueron recolectados y asegurados
por la Policía Federal y Peritos de la Fiscalía 104 mil 209 restos óseos, pero
en ninguno de ellos se ha logrado localizar algún cuerpo completo.
Todas las evidencias encontradas durante los operativos
se encuentran en la fase de procesamiento, clasificación y análisis “con el
objeto de obtener los perfiles genéticos que serán ingresados en la base de
datos con la finalidad de identificar personas en calidad de desaparecidas”. En
pocas palabras, sobre estos desaparecidos aún no se sabe nada.
Ricardo Martínez Loyola, Comisionado Estatal de Búsqueda,
agrega que estos restos deben ser trasladados por ley al Centro Regional de
Identificación Humana, lo cual apenas está iniciando.
Las autoridades estatales aceptan que “los números no
checan”, pero es porque se trabaja con lo que se encuentra en el camino,
explica Jesús Fernando González Lozano, Subdirector de Unidades de
Investigación y Coordinador del Plan Estatal de Exhumaciones.
“Cuando nosotros iniciamos el plan (eran) como con 400
cuerpos relacionados con las carpetas, pero lógicamente no es eso, cada vez que
nosotros encontremos algo que se pueda agregar porque hay alguna sospecha,
tiene que ser agregado, tiene que ser investigado, tiene que ser recuperado y
tenemos que tratar de identificarlo”.
Creación de organismos sin resultados
En contraste a los resultados que ha logrado el Plan, los
recursos que se han aplicado para su funcionamiento han fluido sin problema
desde el principio: para concretar las ocho etapas contempladas para el 2018 se
asignó una partida extraordinaria de alrededor de 16 millones de pesos de
manera independiente del gasto corriente de cada área de la Fiscalía General
del Estado, según la publicación “El Grupo Autónomo de Trabajo en Coahuila
(GAT): un modelo de interlocución entre familiares de personas desaparecidas,
gobierno y sociedad civil”, compendio de la Academia Interamericana de Derechos
Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, publicado en julio de 2018.
Pero este recurso no se utilizó al cien por ciento,
de acuerdo con los testimonios de las familias, “porque no se hizo todo lo que
teníamos planeado, entre ellos el Centro Regional de Identificación Humana”,
señala Blanca Martínez.
Desde finales de 2018 se modificaron, reasignaron y
crearon nuevas partidas para la conformación de organismos cuyo objetivo sería
precisamente clarificar y mejorar los resultados de este plan estatal.
Un ejemplo es la Comisión Estatal de Búsqueda, cuyo
decreto de creación se publicó el 21 de septiembre de 2018.En 2019 obtuvo un
presupuesto de 10 millones 500 mil pesos, y 2020 subió a 11 millones 584 mil
303 pesos. De todo este monto, el 31% por ciento fue para nómina en 2020. Esto
tomando en cuenta que apenas se tiene cubierto el 50 por ciento del organigrama
de la comisión.
El Centro Regional de Identificación, otra de las nuevas
creaciones, tiene a 30 personas que se han contratado en este 2021, entre
ellas 4 equipos de peritos con 4 personas cada uno.
Centro
Regional de Identificación Humana en Saltillo. Crédito: Daniel Santiago
Cuevas
Las fiscalías especializadas de desaparecidos y
ministerial, que se encargan de las investigaciones en la materia, no
proporcionaron presupuestos específicos, ya que aseguran que éstos
dependen de las necesidades que se vayan presentando durante el año. Sin
embargo, sólo en lo referente a nómina, la primera, que fue creada expresamente
para atender este tipo de delitos, ejerce anualmente 15 millones 818 mil 371
pesos y tiene en su estructura un total de 84 personas.
La segunda cuenta con un presupuesto en nómina de 3
millones 889 mil 296 pesos anuales; esto únicamente para el pago de sueldos
-netos sin prestaciones- de 14 personas.
A todo esto se le tienen que sumar un sinfín de áreas que
se crearon para contribuir al Plan Estatal anunciado en 2017: la Unidad de
Gestión de la Información, con cinco personas; la Dirección General de
Servicios Periciales, con un antropólogo, un odontólogo, un médico y un
criminalista forense, además de dos coordinaciones, una subdirección y una
unidad de identificación de personas; subdirecciones y coordinaciones
regionales de servicios periciales y del servicio médico forense; la Dirección
General de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos que cuenta con cuatro
coordinaciones de los centros de atención en las regiones sureste, centro,
norte1 y laguna1 y la Unidad Especializada de Búsqueda Inmediata, creada para
la búsqueda dentro de las 96 horas de ocurrida la desaparición y que tiene
siete coordinaciones regionales en el estado.
Aunque no otorgaron datos presupuestales, se logró
conocer el dato del sueldo de 3 titulares de estas dependencias: la Unidad
Especializada de Búsqueda Inmediata; la Dirección General de Atención a Víctimas y Ofendidos y la
Dirección General de Servicios Periciales, que significan juntos 905 mil 509
pesos anuales, por lo que sumando sólo los datos disponibles, se han aplicado
en estructura organizacional y nómina 99 millones 923 mil 530 pesos en 3 años,
de acuerdo con la información obtenida vía transparencia.
Inversiones sin frutos
A toda esta creación de organismos, se le tiene que sumar
las inversiones que se han hecho en la entidad para mitigar el problema de los
desaparecidos. De septiembre de 2019 a abril de 2020, se ejercieron 5 millones
636 mil 956 pesos para la construcción y remodelación de los Servicios Médicos
Forenses (Semefo) de Saltillo, Torreón y San Pedro, este último en su primera
etapa, según la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de
Coahuila.
De acuerdo con la información que tiene el Centro Fray
Juan De Larios, en 2018 también se aplicaron recursos para un Semefo en Piedras
Negras y aunque mediante solicitud de información se requirió de proyectos a
partir del 2017, éste no fue incluido en la respuesta otorgada.
El Segundo Informe 2019 de Miguel Ángel Riquelme, da
cuenta de la Construcción del Laboratorio de Genética Forense, por un monto de
1.2 millones de pesos; y en agosto de 2020 se culminó la construcción del
Centro Regional de Identificación Humana, que a través del acuerdo signado por
el Gobierno del Estado, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Subsecretaría de
Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, tuvo
una inversión de 149 millones de pesos, 90 millones de ellos de parte de la
federación y el resto estatales, aportados mediante la donación del terreno en
que se construyó de 10 mil metros cuadrados y algunos equipos.
Unidades de transporte y algunos insumos para
exhumaciones, es el material que recientemente entregó el Gobierno de Coahuila
al Centro Regional de Identificación Humana (CRIH); a la fecha no se ha
especificado de dónde proceden estos recursos. Crédito: gobierno del estado.
En contraste a estas decenas de millones de pesos anuales
gastados, el Programa Integral de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas
(PROFADE) en Coahuila, operado por la Comisión Estatal de Atención a Víctimas,
ha otorgado en los últimos tres años un total de 8 millones y medio de pesos a
mil 741 familiares de personas desaparecidas en la entidad. Lo que significa
que, en promedio, cada persona ha recibido 4 mil 882 pesos, según lo
desprendido de los informes del actual gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís,
de 2018 a 2020.
Reglamentos de panteones, inexistentes o no actualizados
En Coahuila, en siete municipios se han realizado
exhumaciones en fosas comunes, de acuerdo con la Coordinación Estatal de
Exhumaciones y la Fiscalía General del Estado. Acuña, Piedras Negras, Sabinas,
Zaragoza, Saltillo, Ramos Arizpe y Torreón han sacado a sus muertos para
intentar identificarlos, sin embargo, prácticamente ninguno de ellos dispone de
las exigencias legales en la materia.
Los municipios de Piedras Negras, Torreón, Saltillo y
Ramos Arizpe no tienen un registro digital de sus inhumaciones incluyendo las
fosas comunes, y en el caso de las exhumaciones, a excepción de Ramos Arizpe,
que cuenta con una hoja de cálculo, los demás tienen datos únicamente en papel,
según la encuesta Recopilación de Información de los Cementerios Públicos en
las Zonas Metropolitanas del País (RICPZMP), del INEGI, Fosas Comunes
(Junio 2020).
Incluso, municipios como Acuña y Sabinas, ni siquiera
cuentan con un Reglamento Municipal de Panteones, y apenas tienen un Bando de
Policía y Buen Gobierno; en el caso de Acuña, el Título Tercero relativo al
Servicio de Cementerios, que regula el traslado e inhumación de cadáveres,
est
