En Tijuana, los policías municipales que vigilaron las
calles durante la primera parte de la pandemia sobrevivieron con insumos contra
el coronavirus que les donaron, compraron o fabricaron ellos mismos, porque el
municipio no compró nada para protegerlos. En cambio, la Secretaría de
Seguridad aprovechó la alerta sanitaria para entregar discrecionalmente
millones de pesos sin licitación a empresas locales y de otros estados que
cuentan con antecedentes de ventas a sobre precio, espionaje y acusaciones de favoritismo
desde oficinas gubernamentales.
Daniel Ángel Rubio / El Sol de Tijuana
Entre marzo y diciembre de 2020, los policías de Tijuana
se enfrentaron solos a la pandemia de COVID19. Sin tapabocas, gel
antibacterial, caretas o cualquier elemento que les brindara algún nivel de
protección ante la emergencia sanitaria, la única opción que tuvieron los más
de dos mil 500 uniformados fue seguir con su trabajo en las calles.
Al final, las indicaciones de los altos mandos fueron
claras. “Nos dijeron que negativo, que, si no había para los de salud, menos
para nosotros”, recuerda un oficial que pidió no revelar su nombre.
Durante esos meses, considerados como los más duros de la
pandemia por el número de muertes que se registraban a diario, la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (Sspcm) no destinó un solo peso para
comprar insumos de protección para sus policías, de acuerdo con una revisión
hecha a los contratos publicados en la Plataforma Nacional de
Transparencia.
En mayo de 2020, los agentes recibieron más de mil
caretas. Pero todo era resultado de donativos. “El policía estuvo a merced de
las donaciones de algunos organismos de la sociedad civil, que eran los que
estaban proporcionando los equipos. Por parte del Ayuntamiento hubo cero
protección”, afirma el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de
Baja California (CCSPBC), Juan Manuel Hernández Niebla.
Pero lo que la Secretaría sí compró en ese periodo
crítico de la emergencia fueron botas a sobreprecio, uniformes de calidad
cuestionable, tabletas electrónicas tres veces más caras que su precio en el
mercado, equipos tecnológicos para realizar multas de tránsito y hasta un Jeep
Cherokee blindado para el secretario de Seguridad Pública.
Con el pretexto de la Declaratoria de emergencia
sanitaria firmada el 26 de marzo de 2020 por el entonces presidente municipal,
Arturo González Cruz, con la cual autorizó a Oficialía Mayor a realizar todas
las compras mediante adjudicación directa, se encontró que la Sspcm fue uno de
los organismos que más aprovechó esta permisividad y laxitud en las
contrataciones hechas en el primer año de pandemia.
Documento en el que el gobierno autorizó al
Ayuntamiento realizar adjudicaciones directas con los proveedores que más le
conviniera.
De los 123 contratos firmados durante 2020 por el
gobierno de la ciudad, la Secretaría entregó, en 21, casi 50 millones de pesos
a compañías con antecedentes de irregularidades, no solo en Baja California,
sino también en otros estados.
Proveedora Baja de Equipos y Textiles (Probetex), Mizco
Consultores y Elite by Carga, son las compañías sobre las que pesan referencias
de favoritismo y ventas a sobre precio, según contratos y documentos públicos
de licitaciones pasadas.
Pero eso no importó para entregarles 28.9 millones de
pesos durante el primer año de la pandemia de COVID.
Grupo Gencotech, nacida en Puebla igual que Mizco
Consultores, también está en esta lista y fue la compañía más afortunada:
recibió 22 millones de pesos por 100 equipos para emitir multas electrónicas y
crear una plataforma digital para un programa de recaudación. Sistema que solo
operó durante cinco meses, de acuerdo con información pública y solicitudes de
información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Este tipo de adjudicaciones directas, la suspensión de la
fiscalización en tiempo real y de los plazos para entregar información pública
a los ciudadanos con motivo de la alerta sanitaria, fueron elementos suficientes
para prender las alarmas de los organismos de transparencia desde el inicio de
la pandemia. “¿Qué es lo que ha ocurrido? Absolutamente todo lo que alertamos
[…] estás mandando una invitación a que haya compras, contrataciones públicas
u obras con muy pocos niveles de transparencia”, dice Eduardo Bohórquez,
director ejecutivo de Transparencia Mexicana y que es a su vez parte de
Transparencia Internacional.
Probetex, el nuevo proveedor con mala fama
Los policías de Tijuana reciben apenas un uniforme para
laborar todo el año: un par de botas, un pantalón y una camisola. En el primer
año de la pandemia esto no cambió y la Sspcm les entregó los mismos
insumos.
Proveedora Baja de Equipos y Textiles (Probetex) fue la
seleccionada para proporcionar este material en el 2020, el año del
coronavirus; 4,852 camisolas, 2,426 pares de botas y 2,426 pantalones, por un
total de 19 millones 333 mil 570 pesos, de acuerdo con los contratos
ADQ-2020-AD-001Fortaseg, ADQ-2020-AD-002Fortaseg y ADQ-2020-AD-003Fortaseg.
Esta compañía hizo su debut como parte de los proveedores
del gobierno de Tijuana apenas en 2020, de acuerdo con información pública de
la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Y a pesar de tener poco
historial en el municipio, la firma, con sede en Mexicali, fue una de las más
favorecidas por el gobierno municipal en 2020.
Instalaciones de Probetex, uno de los
proveedores más beneficiados con los contratos de la pandemia de COVID19. // Daniel Ángel Rubio
Con los tres contratos que ganó, Probetex se llevó cuatro
de cada diez pesos del programa Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg),
según datos obtenidos vía transparencia. Estos convenios fueron firmados en
junio de 2020, al mismo tiempo que la empresa enfrentaba acusaciones de
favoritismo en Mexicali por la licitación 01-LA-802002998-E1-2020, destinada a
la compra de uniformes para la policía de la capital del estado.
CSI Tactical and Balistic fue la que lanzó la acusación
después de que presentara una propuesta casi 1.5 millones menor a la de
Probetex y aún así no ganara el contrato. La empresa aseguró que la entonces
alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y el departamento de
adquisiciones, ocultaron información para favorecer a Probetex, quien terminó
recibiendo el convenio por 7.9 millones de pesos.
“El manipular licitaciones para favorecer a ‘amigos ‘ de
la alcaldesa demuestra su desesperación para conseguir fondos para su próxima
campaña”, se leía en un boletín que CSI Tactical and Balistic mandó publicar en
diferentes medios de Mexicali antes de que la entonces presidenta municipal se
convirtiera en la gobernadora electa de Baja California por Morena.
La alcaldesa, durante la entrega oficial de uniformes a
la policía de Mexicali, dijo que “desde el inicio de su administración su
instrucción fue de dotar a los elementos del mejor equipamiento, y de la mejor
calidad”.
La compañía, con sede en Tijuana, fue contactada para
conocer el resultado de su queja, pero respondieron que por el momento ya no
harán más comentarios.
Sumado a estas acusaciones están las quejas de los
elementos de la corporación sobre la calidad de los uniformes y, en especial,
de las botas que les ofreció Probetex.
José Armando (nombre ficticio) lleva 12 años trabajando
en la Secretaría y asegura que cuando se enteraron del cambio de proveedor de
uniformes en 2020 y supieron sus características, no fueron por los uniformes
ni por las botas.
En el contrato ADQ-2020-AD-002Fortaseg está asentado que
Probetex cobró 5 millones 578 mil 150 pesos por 2 mil 246 pares de botas marca
Comando, modelo Táctico 1515. Esto quiere decir que tuvieron un costo unitario
de 2 mil 299 pesos, a pesar de que el fabricante, con sede en Guanajuato, las
pone en su portal con un precio de 1,440 pesos, lo que significa que se pagaron
alrededor de 850 pesos más por cada par.
El gobierno municipal le compró a Probetex
más de dos mil pares de botas marca Comando.
Esta diferencia en los precios es una de las
inconsistencias más comunes dentro de las compras del gobierno. Si en el
mercado, el precio de un producto es menor al que paga cualquier oficina
gubernamental, evidentemente algo no está bien, porque en el menor de los casos
quien adquirió es un mal comprador, pero en realidad el problema es que las
autoridades no realizan un verdadero estudio de mercado para comparar precios y
tampoco toman en cuenta los antecedentes públicos por sospechas de
irregularidades, explica Eduardo Bohórquez,
“Si vas a comprar consumibles para el aparato de
seguridad del estado, lo menos que puedes hacer es buscar si estas empresas
gozan de buena o mala fama”, asegura el director ejecutivo de Transparencia
Mexicana.
A esta serie de “irregularidades” se suma otra bandera
roja: el precio por cada par de botas que se compraron en 2020 es el más alto
que ha pagado la Sspcm de Tijuana en los últimos cinco años.
Lo más cercano fue en el 2019. El contrato
ADQ-2019-AD-XXIII-002 Fortaseg estipula la compra de 2 mil 374 pares de botas a
cambio de 5 millones 55 mil 717 pesos. La empresa que consiguió la adjudicación
fue CSI Tactical and Balistic. Aunque la diferencia monetaria es mínima, la
calidad de los productos entre ambas empresas es lo que sobresale.
CSI Tactical incluyó, en 2019, dos modelos distintos de
la marca especializada 5.11, una de las más conocidas por los agentes, quienes
aseguran que hay una buena relación costo-calidad.
Estos son algunos de los modelos que vende
CSI Tactical
“El que es `cuachalotón´, agarra lo que le den, pero la
mayoría quiere andar 5.11”, cuenta José Armando. Además, después de conocer los
montos que pagó la ciudad por las botas de cada agente, el policía afirma que
ellos pueden conseguir mejor calzado con un presupuesto de entre 80 y 120
dólares, lo que significa alrededor de 1,600 y 2,400 pesos.
La marca Táctico, que fue la entregada por Probetex para
los pantalones y camisolas de la Secretaría de Seguridad, tampoco es reconocida
entre los oficiales. Pero estas quejas no son las únicas que ha recibido este
proveedor de uniformes.
En junio de 2019, el gobierno de Baja California lanzó la
licitación regional No. 32065001-033-2109. Una de las empresas participantes
cuestionó que en las bases solicitaran pantalones y camisolas marca Táctico,
además del uso de tela con “marca de agua infalsificable”.
En el acta de la junta de aclaraciones del 6 de junio de
2019 consta que el representante de Tactical Solution Body Armor argumentó que
esa tela “no se encuentra en uniformes de línea, sino que es exclusiva de un
solo proveedor local que es quien fabrica los uniformes, lo que hace imposible
a los demás participantes poder ofertar bienes con esta característica”.
Tanto la marca de la ropa que solicitó el gobierno como
la “marca de agua infalsificable”, son características únicas de Probetex. Al
final, el estado dividió el contrato en tres partes, pero el de mayor monto,
que era el de los uniformes y botas Comando 1515, por 588 mil 567 pesos, fue
para la empresa mexicalense.
Probetex, según el Registro Público del Comercio de la
Secretaría de Economía, fue fundada en 2009 en la ciudad de Mexicali, y el
único socio fundador que se mantiene hasta la fecha, luego de algunos ingresos
y salidas de otros participantes, es Óscar Rodríguez Hermosillo, quien está
acostumbrado a realizar negocios con políticos y ex servidores públicos.
Uno de sus socios más relevantes en Probetex fue Javier
Algorri Franco, actual secretario del trabajo en el gobierno de Jaime Bonilla
Valdez. Algorri Franco ingresó a la sociedad mercantil el 28 de mayo del 2014
con un capital de 117 mil 500 pesos, según consta en el acta de la asamblea con
folio 36603 y se retiró de la compañía el 17 de agosto del 2015.
El año en el que el Algorri se unió a esta sociedad fue
uno de los de mejores para la empresa desde su fundación, tuvieron ingresos por
17 millones 777 mil 872 pesos, de acuerdo con una búsqueda en la plataforma
QuiénEsquien.wiki, sitio que se alimenta con los contratos publicados en
Compranet.
Probetex fue contactada vía correo electrónico a la
dirección que aparece en el padrón de proveedores de Mexicali y al
institucional, pero en el primero no hubo respuesta y en el segundo fue
rechazado. En su almacén de Mexicali, el cual es una dirección diferente a la
registrada en el contrato con la Sspcm en Tijuana, solo se encontraba una
empleada que dijo no estar autorizada para dar ningún tipo de declaración y que
el responsable estaba ausente por motivos de salud.
¿Proveedores confiables en la pandemia?
La entrega discrecional de recursos públicos llegó hasta
la ciudad de Puebla cuando la Sspcm de Tijuana, encabezada en ese momento por
Jorge Alberto Ayón Monsalve, contrató a un par de empresas de ese estado para
comprar herramientas tecnológicas.
Mizco Consultores fue una de ellas. Compañía que, a pesar
de haber sido acusada de vender cámaras de seguridad a sobrecosto entre 2018 y
2021 al gobierno de Puebla, en Tijuana logró venderle al ayuntamiento 325
tabletas electrónicas Huawei modelo MediaPad T3-10 a un precio promedio de 16
mil 600 pesos cada una, por lo que en total cobró 5.2 millones de pesos, de
acuerdo con el contrato ADQ-2020-AD-004FORTASEG.
Esta empresa poblana cobró más de cinco
millones de pesos.
Al hacer una búsqueda en diferentes tiendas al público en
general, se encontró que estos aparatos tienen un precio aproximado de cuatro
mil pesos en el mercado. Los equipos que compró el municipio tienen las
características mínimas que solicitó el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) y aun así se pagó, por lo menos, 1,400
pesos más de lo que cuestan tabletas de marcas reconocidas y con altos niveles
de almacenamiento.
Esta compra se justificó por la puesta en marcha de un
plan piloto para el llenado en línea del Informe Policial Homologado que llevó
a cabo el Sesnsp, según diferentes oficios revisados.
El mismo día, 11 de junio del 2020, que Mizco Consultores
logró ser el beneficiario de esta adquisición del gobierno, obtuvo un segundo contrato:
1.3 millones de pesos por dotar de servicio de Internet a estos dispositivos
durante seis meses, de acuerdo con el documento ADQ-2020.AD.072.
Más de un año después de estas compras millonarias en
pandemia, las tabletas siguen funcionando, pero no cumplen con su objetivo
principal, ya que el software desarrollado por el gobierno federal era una
versión de prueba que fallaba constantemente y la Sspcm tuvo que desarrollar su
propia aplicación, la cual no está vinculada a la Plataforma México, explica
Pedro Cruz Camarena, actual secretario de Seguridad de Tijuana desde el 13 de
febrero de 2021.
Los más de cinco millones de pesos gastados en tabletas
se quedan sin un uso real, porque la Sspcm termina destinando personal para
“vaciar” en la plataforma federal los reportes que los policías generan
diariamente.
Mizco Consultores nació en la ciudad de Puebla en
noviembre de 2007 con un capital de apenas 50 mil pesos y un poco después de
tres años, en febrero de 2011, esta cantidad ya superaba los 10 millones de
pesos, según el Registro Público de Comercio.
Sus fundadores son Eduardo Izcoa Reyes y Moisés Arturo
Villaverde Mier, quién a pesar de que en 2013 le donó sus acciones a su esposa
María de la Luz Dávila Enríquez, firmó estos últimos contratos con el
Ayuntamiento de Tijuana en calidad de administrador único.
A Villaverde Mier lo respalda un árbol genealógico
importante, es sobrino de Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador de la
bancada de los diputados federales de Morena y primo del alcalde electo de
Tecamachalco, Ignacio Mier Bañuelos, así como de la diputada local
plurinominal, Daniela Mier, ambos por la fuerza política de Morena e hijos del
líder parlamentario.
La segunda empresa poblana beneficiada por la Sspcm de
Tijuana fue Grupo Gencotech, registrada en 2014 por Pedro Rubén Mier Vargas y
Hugo Juárez Salgado. Esta compañía fue creada en Cholula, Puebla, y tiene una
estrecha relación con Mizco Consultores.
Este vínculo va más allá del apellido Mier que comparten
sus fundadores. En la licitación pública nacional CLN-LCP/01/2020, lanzada por
el gobierno de Sinaloa para comprar cámaras de videovigilancia y una plataforma
digital, Eduardo Izcoa Reyes, socio fundador de Mizco, fungió como
representante de Gencotech en la junta de aclaraciones.
El contrato que Grupo Gencotech recibió en Tijuana el 26
de junio del 2020, sin licitación y sin tener antecedentes de ventas en Baja
California, fue el ADQ-2020-AD-074. En pleno pico de la pandemia y cuando se le
pidió a la gente no salir de sus casas más que a lo esencial, la policía
municipal compró 100 equipos portátiles para infraccionara los automovilistas y
desarrollar una plataforma digital con tres aplicaciones: una para los
policías, otra para los ciudadanos y una más para el control de los ingresos
para el personal administrativo.
Esta fue otra de las empresas poblanas que
entró como proveedora del municipio.
Este centenar de aparatos costaron 22 millones 11 mil 609
pesos y fue la compra más alta que hizo el gobierno de Tijuana durante la
pandemia, de acuerdo con la revisión de los contratos publicados en la
Plataforma Nacional de Transparencia.
Los equipos fueron entregados a la ciudad el 15 de agosto
del 2020, y dos meses después, el Cabildo del entonces alcalde Arturo González
Cruz, votó a favor de concesionar el servicio de multas electrónicas hasta por
10 años.
El Ayuntamiento argumentó que había una caída de ingresos
a causa de la pandemia y el cobro digital de infracciones a los automovilistas
ayudaría a la recaudación, además de evitar aglomeraciones en las oficinas de
gobierno.
Finalmente, la concesión no se logró y los equipos para
las multas operaron únicamente cinco meses, entre septiembre del 2020 y enero
2021, de acuerdo con información obtenida vía solicitudes de información.
Esos meses fueron suficientes para aumentar la
elaboración de multas alrededor de 1,500 pesos por mes, en comparación con el
mismo periodo de 2019. Desde 2016, la Sspcm no había recaudado tanto por
infracciones, según las estadísticas de la Secretaría.
Este tipo de compras fueron hechas al mismo tiempo que la
ciudadanía se veía envuelta en una ola de contagios por el COVID19 y los
elementos policíacos no contaba con un solo elemento de protección para
continuar con sus labores.
Y en algunos casos, como este, varios actores políticos
ni siquiera se enteraron de la compra de estos aparatos electrónicos. “Es esa
sesión (de Cabildo) yo fui electo como regidor representante y, hasta la fecha,
nunca recibí la invitación para la licitación de a qué empresa se le iban a
adquirir esos aparatos […] No sé si fue por la pandemia que se podían adjudicar
directamente a una empresa y ya no tuve conocimiento”, explica José Cañada
García, regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
Para el secretario de Seguridad fue una sorpresa saber
esta compra, porque cuando él llegó al cargo ya no estaban en operación. En el
reporte que le entregaron, asegura que se especifica que hubo problemas con el
software y de cobertura con la señal, ambas eran obligaciones de Gencontech,
por lo que sus representantes se reunieron con las autoridades municipales.
“Pueden haber dicho y venido las veces que quieran, pero la realidad es que no
se solucionó nada. Esa es la gran verdad”, asegura Cruz Camarena.
Ambas empresas, Miz Consultores y Grupo Gencotech, fueron
contactadas vía correo electrónico a las direcciones que aparecen en el padrón
de proveedores, pero ninguna contestó. Además, no cuentan con un portal de
Internet, por lo que son pocos los datos con los que se cuentan.
Estas compras y estas empresas llegaron hasta la lista de
proveedores de Tijuana en el periodo de Jorge Alberto Ayón Monsalve, por lo que
el secretario Pedro Cruz las desconoce por completo. “No sé quiénes eran, no me
metí a investigarlos porque ya no era una afectación directa para mí […] Claro
que informé, la alcaldesa sabe por ejemplo que esos aparatos no funcionan, pero
ese informe se dio antes de que llegáramos nosotros”, dice Cruz Camarena.
A pesar de estas fallas conocidas en las oficinas del
gobierno, en respuesta a una solicitud de información, tanto la Sspcm como la
Oficialía Mayor, aseguraron que no existe ningún reporte de incumplimiento del
contrato ADQ-2020-AD-074, adjudicación con la que Gencontech ganó más de 20
millones de pesos por equipos que actualmente no funcionan.
Al igual que Probetex y Mizco Consultores, Gencotech
tiene amplios vínculos con actores de gobierno. Hugo Juárez Salgado, socio
fundador de Gencotech, fue director del Centro de Control, Comando y Cómputo
(C4) poblano, mientras que Pedro Rubén Mier Vargas fue analista en la
Secretaría de Seguridad Pública de Puebla desde marzo de 2019 hasta febrero de
2021, y hoy es jefe del departamento de Informática en la Agencia de Energía
del estado.
Incluso el 6 de junio del 2019, cuando no había pasado ni
un mes de que le vendiera sus acciones a su esposa Mariana Vázquez González, y
ya laborando en el gobierno poblano, Pedro Rubén Mier Vargas firmó un contrato
de 22.8 millones de pesos con el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema
Nacional de Seguridad Pública a cambio de un sistema de grabación de voz y
llamadas.
Estos contactos dentro del aparato de gobierno, ya sea
con socios o trabajando directamente en la función pública, necesariamente
tienen que ser revisados en cualquier compra gubernamental, asegura
Transparencia Mexicana.
“Principalmente tienen acceso a información privilegiada
sobre los bienes que va a comprar el estado. Lo segundo es que pueden tener
subalternos, conocidos o redes que están dentro del municipio, aunque ellos ya
no sean funcionarios en activo. Y tercero, como tuvieron información de otras
empresas y otros actores políticos, pueden utilizar esa información para
generar presión de alguna manera”, dice Eduardo Bohórquez.
A pesar de que en la compra de los uniformes y de los
equipos tecnológicos, la Secretaría de Seguridad de Tijuana comparó tres
cotizaciones para cada contrato y seleccionó a las que dieron el costo más
bajo, Transparencia Mexicana explica que esto ya no es novedad dentro de las adquisiciones gubernamentales, sino
que más bien se ha convertido en una modalidad de la que abusan los sistemas de
contratación pública.
Lo que han encontrado, explica el director ejecutivo de
la organización sin fines de lucro, es que los proveedores se “cartelizan”, y
uno de ellos pide a sus competidores entregar propuestas más altas que la suya.
“No es una diferencia de mercado, es una diferencia
artificial. Tendría que activarse la Comisión Federal de Competencia Económica
porque son temas de mercado, no solo de opacidad”, reitera Eduardo Bohórquez al
explicar la serie de mecanismos de revisión que hicieron falta durante la
pandemia.
Y siguieron las compras
En 2013, la empresa Elite by Carga estuvo envuelta en el
escándalo de espionaje que protagonizó a nivel nacional la compañía italiana
Hacking Team. En ese momento, la administración del entonces gobernador panista
Francisco Vega de Lamadrid fue acusada de adquirir programas con ese fin.
Daniel Ángel Rubio
El Sol de Tijuana
