El Ayuntamiento de Saltillo mantiene en opacidad el
destino de los recursos enfocados para atender la pandemia en Saltillo. Esta
investigación revela que los empresarios beneficiados, en su mayoría, no
justificaron una situación de riesgo de una crisis económica durante la
pandemia para recibir esos fondos públicos
Por Camelia Muñoz y Eugenia Cabriales / Border Hub
La estrategia»Echados pa’Delante» del Ayuntamiento de Saltillo se instrumentó con
opacidad y contradicciones entre los documentos oficiales y los discursos del
presidente municipal Manolo Jiménez Salinas, al pasar de 30 a 150 millones de
pesos presuntamente destinados a combatir las afectaciones económicas derivadas
de la pandemia.
Esta investigación revela cómo el recurso público que sería destinado para apoyar al sector productivo y a la sociedad en general terminó privilegiando mayormente a socios de cámaras empresariales y al sector informal adheridos a centrales obreras.
Tan sólo en el subprograma «Jalando Juntos» sólo se justificaron 9 millones 440 mil
pesos de los 42 millones asignados y la población beneficiada, de acuerdo con
los expedientes revisados físicamente, apenas llegó a las tres mil 492 personas
y no a las ocho mil que oficialmente difunde el gobierno municipal.
El 9 de junio de 2020, Jiménez Salinas presentó el programa de reactivación económica junto con Miguel Angel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, pero los apoyos quedaron en manos de los socios del sector productivo organizado.
Algunos recibieron beneficio doble durante la pandemia, ya que después de recibir el apoyo económico obtuvieron contratos de asignación directa o por invitación durante la pandemia, pero jamás por licitación.
La administración municipal mantiene ocultos los padrones de beneficiarios, se niega a responder solicitudes de información y no ha dado cifras precisas de los apoyos, además de condicionar la entrega de documentos al pago de 42 mil pesos y obligar a revisar los expedientes en las oficinas.
Juntos”, de la estrategia Echados pa’Delante, contaba con un presupuesto de 42
millones de pesos, pero de acuerdo con documentos revisados en la dirección de
Desarrollo Económico el recurso no llegó a los 10 millones y los beneficios
quedaron en poco más de tres mil personas y no en ocho mil como se había
anunciado. (Crédito Eugenia Cabriales).
El 10 de junio, Jiménez Salinas explicó en un video que
“Echados pa’Delante” fue la medida para proteger la economía, pero de acuerdo
con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, al tercer trimestre
del año pasado -cuando se había terminado la entrega de apoyos- Saltillo
ocupaba el segundo lugar con mayor tasa de desocupación en el país, con un 8.1
por ciento y poco más de 35 mil 096 personas sin empleo.
Los resultados de la estrategia eran negativos. Eder
Alejandro López González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria
Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), reconoció que el año pasado
se perdieron 500 empleos en dicho sector y cerraron 15 restaurantes de sus
socios.
Blas Flores González, director de Desarrollo Económico
municipal, confirmó en entrevista para este reportaje que de mayo a julio del
2020, dejaron de operar cuatro hoteles de la ciudad, diez comercios del centro
y seis restaurantes; todos de forma definitiva.
Jiménez Salinas olvidó que el mayor daño se registraba en
la economía y en la salud de la población, que hacía llamados de ayuda para conseguir
oxígeno y comprar medicamentos.
Para esas fechas los muertos por la pandemia cada día
eran más y los precios de servicios funerarios, en particular la cremación,
iban al alza. Al cierre del 2020, Saltillo registró 10 mil 379 casos de
COVID-19 y mil 691 fallecimientos.
requería de ayuda para atender los contagios y sufragar gastos por
fallecimientos, la estrategia municipal se destinó a proteger la economía de
empresarios que no lo requerían. (Crédito: Miguel Sierra)
«Echados pa’Delante» está dividido en cinco
subprogramas: Jalando Juntos, Estamos Contigo, Becas Todos por la Educación,
Aquí hay chamba y Créditos pa’Delante, sin embargo mediante esta investigación
únicamente se logró obtener datos de los tres primeros.
A través de solicitudes de acceso a la información pública -de las cuales 13 fueron
dirigidas al Ayuntamiento de Saltillo- en su mayoría las oficinas o no
respondieron o entregaron cifras parciales, por lo que fue mediante entrevistas
con funcionarios y empresarios como se logró armar la base de datos.
Ni para todos ni evitaron cierres
Uriel Macías Loera pidió ayuda en varias ocasiones al
presidente municipal de Saltillo a través de sus redes sociales.
El joven estuvo seis meses sin trabajo y en diciembre resultó positivo a COVID-19, pero no obtuvo ni despensa, ni medicinas y sí la respuesta automática de que el equipo de Jiménez Salinas se pondría en contacto, pero esto nunca ocurrió.
Uriel Macías Loera solicitó apoyo a presidencia municipal
de Saltillo sin obtener respuesta.
Crédito: Camelia Muñoz
Fabiola (pidió ser identificada sólo con el nombre) fue
una de las beneficiadas del programa «Jalando Juntos». Recibió en
tres exhibiciones un total de seis mil pesos como «complemento al
salario», pero esto no evitó el cierre del negocio donde trabajó por 16
años como vendedora. Una parte de su liquidación fue con prendas de vestir.
“Fabiola” perdió su trabajo en una tienda de ropa en la
zona centro de Saltillo a raíz de la pandemia.
Crédito: Camelia Muñoz.
El panorama de los empresarios no fue diferente. Héctor
Horacio Dávila Rodríguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de
Coahuila, calificó el programa como una “aspirina que se entregó a quien lo
necesitaba, pero no a todos los que lo requerían… y las dos o tres despensas
que dieron, se les agradece».
Afirmó que los créditos estatales que se ofrecieron eran a una tasa de interés
muy elevada. Los trabajadores del hotel de su familia recibieron el apoyo de
«Jalando Juntos».
Héctor Horacio Dávila Rodríguez empresario hotelero en
Saltillo, Coahuila.
Crédito: Eugenia Cabriales
Jiménez Salinas asegura que se entregaron créditos
bancarios y otros de corte popular, pero en los ejercicios de transparencia no
se respondió nada al respecto y el Ayuntamiento mantiene en secreto el listado
de beneficiarios.
«A mí me tocó entregar cientos de apoyos, más los
que se entregaron por parte del equipo y para los negocios populares hubo una
modalidad muy interesante, porque fue a fondo perdido. Creo que fue el mejor
crédito del mundo», dijo el edil.
En el caso de «Jalando Juntos» el Ayuntamiento
no verificó que los negocios operarán en la capital del estado o existieran en
el lugar registrado en el formato llenado.
Por su parte, los trabajadores firmaban un escrito para
pedir ayuda al presidente municipal y en otro le agradecen.
Tanto el director de Desarrollo Económico como el dirigente
de Canirac reconocieron que el programa se diseñó para los socios de las
cámaras Nacional de Comercio (Canaco), restaurantera, la Asociación de Hoteles
y Moteles y de los Comerciantes Organizados del Centro Histórico.
Blás Flores González, director de Desarrollo Económico
Municipal de Saltillo.
Crédito: Eugenia Cabriales
El presidente de la Canirac aceptó que en la estrategia
no se hizo una evaluación de las condiciones económicas por las que atravesaban
los negocios.
«Todos los afiliados de la cámara fueron
beneficiarios de estos apoyos que se dieron de parte del gobierno municipal y
estatal y ayudaron a coadyuvar los efectos de la pandemia. Fue un apoyo general
para los establecimientos que se fueron acercando, pero no hubo un filtro como
tal».
Eder López González, presidente de la Cámara Nacional de
la Industria de Alimentos Condimentados en Saltillo.
Crédito: Camelia Muñoz
A los pocos días de anunciarse la estrategia ya había
beneficiarios recibiendo los apoyos en eventos públicos, aunque la convocatoria
para el registro no se localizó en la página del Ayuntamiento y sólo se
difundió en redes sociales, en las cuales la población exigía al edil los
apoyos y denunciaba que no era atendida.
El 17 de agosto del 2021, en breve entrevista Jiménez
Salinas aseguró que los integrantes de las cámaras empresariales tenían el
derecho al beneficio por «ser saltillenses y cumplir con los requisitos de
los programas», incluso siendo proveedores del Ayuntamiento.
Manolo Jiménez Salinas, alcalde de Saltillo, Coahuila.
Crédito: Camelia Muñoz.
Distintas dependencias municipales y funcionarios
evidenciaron la desorganización en la implementación de la estrategia y, por
consiguiente, en el manejo de los recursos, al contradecir el discurso del
presidente municipal y la información entregada por ellos mismos.
El regidor Alberto Leyva afirmó que no fue un programa nuevo y mucho menos que los recursos provenían de una partida extraordinaria, como aseguró Jiménez Salinas: se integró una bolsa de 70 millones de pesos con los ahorros de la reasignación presupuestal, la entrega de útiles y despensas fue el programa normal anual, y mostró sorpresa al enterarse de que un grupo de empresarios fue privilegiado sin comprobar una situación crítica.
Alberto Leyva, regidor en el Ayuntamiento de Saltillo,
Coahuila.
Crédito: Eugenia Cabriales
Las cifras no cuadran
En el ejercicio de acceso a la información se revisaron
casi dos decenas de carpetas en las que se contabilizaron tres mil 492 personas
beneficiadas de «Jalando Juntos», con una erogación de 9 millones 440
mil pesos y no los 42 millones que asegura el edil para ocho mil personas.
La revisión de los expedientes se realizó abril del 2020,
a más de siete meses de concluir «Jalando Juntos», y sólo se
encontraron uno o dos recibos de los pagos por 2 mil pesos cada uno.
Se armó una base de datos con los expedientes
proporcionados por Desarrollo Económico de 99 negocios que recibieron el apoyo
y esto se cotejó con un informe de la misma dirección en la que se localizaron
otros 16 restaurantes y comercios, que en total dieron 272 beneficiarios.
También se encontraron los comprobantes por 2 mil pesos
entregados a cada uno de los 424 choferes de micros y taxis.
Dos mil 454 trabajadores informales obtendrían cinco mil
pesos cada uno, pero sólo se localizaron comprobantes de un primer pago por dos
mil pesos. Ellos pertenecen a centrales obreras adheridas al PRI.
A los 20 empleados de eventos (cantantes, meseros y
quienes se dedican a la renta de mobiliario y salones de fiesta) y 322
trabajadores de otros comercios, se les entregaron seis mil pesos.
Los más beneficiados del apoyo
Entre los beneficiados del programa se identificaron
empresarios que son proveedores del ayuntamiento o de organismos públicos
descentralizados, como el DIF y el Instituto Municipal de Planeación (Implan),
que otorgaron contratos por asignación directa o por invitación, meses después
de que los trabajadores de dichos negocios recibieron el apoyo económico.
Uno de ellos es Raúl Rodríguez Cortés, dueño de Eventos
Rodríguez S. A de C. V, de acuerdo con la escritura pública número 45
emitida el 8 de febrero del 2012 por el notario público número 12, Jesús
Francisco Aguirre Garza, con la que constituyó la sociedad anónima de
capital variable.
El empresario obtuvo en octubre dos contratos de la
Presidencia Municipal de Saltillo: uno por 417 mil 702 pesos por la renta de
mobiliario y equipo de audio, video, planta de luz y otro por alquiler de
toldos por un total de 129 mil 920 pesos.
A Gabriel de las Fuentes Martínez, dueño de Más Queso Food Service, el DIF saltillense otorgó el año pasado 31 “asignaciones directas” por un monto total de 384 mil 690.12 pesos, pero los contratos no son públicos y la empresa no aparece en el Registro Público del Comercio, pero sí como socio de Galaxy Bol, junto con sus hermanos, empresa que también fue beneficiada. Con dichos recursos se pudo
haber apoyado a otras 64 personas, junto con sus trabajadores.
En el 2019 Armando García Garza, representante del Grupo
ICC (Infraestructuras y Construcciones Coahuilenses) fue responsable de la
remodelación en su primera etapa de la Delegación de Policía Preventiva por un
millón 824 mil 920 pesos.
Se registró con la dirección Musa de León 1447 de la
colonia Los Pinos, pero ahí se encuentra la Notaría número 106. En el Registro
Público de Comercio, la sociedad mercantil con folio N-2017095087 aparece con
domicilio en el municipio de Parras de la Fuente.
El negocio Proveedora de Oficinas Saltillo también obtuvo
seis contratos por invitación del DIF municipal por más de 200 mil pesos.
La empresa Aldavis Comercializadora y Servicios S.A. de
C.V. aparece en el Registro Público de Comercio con 66 «objeto social
principal» y obtuvo un contrato a través del Implan que consistía en la
adquisición de cucharas para café, jabones, platos desechables, tinas para
trapeador, vinagre y toallas desinfectantes cuyo valor osciló entre 27 mil 312
hasta 43 mil 700 pesos.
También es proveedora de distintas dependencias de
diferentes niveles de gobierno a las que proporciona todo tipo de artículos y
el año pasado obtuvo dos contratos por 2.5 millones de pesos con el Instituto
Electoral de Coahuila.
Las mismas personas concentraron más apoyos
Los más privilegiados fueron los negocios de Mario Mata Quintero y sus socios, quienes concentraron en siete de los restaurantes los apoyos para sus trabajadores.
El exdiputado federal, exfuncionario municipal y
expresidente de Canirac, junto con Alberto Glyndwr Salinas de las Fuentes son
dueños de Super Salads, que aparece en el Registro Público del Comercio con la
razón social Mex-Trade S.A. de C.V; y de Costeñízate Saltillo, S.A. de C.V, con
Folio Mercantil 32428.
También son dueños de El Costeñito (Pez y Pulpo S.A. de
C.V), donde participan además Alberto de Jesús Martinez García y Víctor Septién
Valenzuela.
Siete de los negocios de Mario Mata Quintero, ex diputado
federal del PRI y ex líder de Canirac, se vieron privilegiados con
«Jalando Juntos». En redes sociales se denunciaba que estos negocios
operaron durante la pandemia en el 2020, cuando mucha gente tuvo que dejar de
trabajar por las restricciones sanitarias. (Crédito: Miguel Sierra)
En el bar La Municipal aparece como socio José Alfredo
Valero Martínez, mientras que en el Barezzito se integra Juan Carlos Saade y en
Abuket S.A. de C.V. o Partners and Brothers participa también Rodrigo José
Garza Villarreal, mientras que en el Cafezzito el ex funcionario municipal
aparece como único dueño, de acuerdo con las escrituras que se ubican en los
expedientes de «Jalando Juntos».
Llama la atención que todos los negocios se encuentran en
el sector norte, el considerado de mayor plusvalía de Saltillo.
Durante el inicio de la pandemia en redes sociales hubo
señalamientos de que los restaurantes como El Costeñito en sus diferentes
sucursales y el Cafezzito se mantuvieron abiertos, mientras que se manifestaban
trabajadores de diversos sectores que no podían laborar.
Meseros y dueños de salones de fiestas demandaban apoyos
al municipio, pero las ayudas ya estaban repartidas entre empresarios
organizados en las cámaras y trabajadores informales adheridos a centrales
obreras. (Crédito: Miguel Sierra)
Entre otros de los negocios que recibieron los apoyos se
encuentra la Óptica del presidente de la Canaco, Eduardo Dávila Aguirre, quien
aparece en otro padrón de beneficiarios del Ayuntamiento como representante de
dicho organismo y al que entregan mensualmente 200 mil pesos, al igual que a
Fabio Gentiloni Arizpe, quien era dirigente de la Canirac el año pasado.
Con los 400 mil pesos recibidos por ellos se alcanzaría a
otros 66 trabajadores con «complemento al salario».
Por su parte el integrante de Canirac, Gustavo Espinoza
Mireles se registró como trabajador de dicha cámara, aunque cuenta con varias
sucursales de la empresa Mr. Wine y los empleados de una de ellas aparecen
también como beneficiarios.
Una de las sucursales aparece como proveedora de vinos
del municipio en el cuarto trimestre del año pasado, aunque el local luce
vacío.
La empresa Multiventas Del Norte registró el domicilio de
Presidente Cárdenas 1375 en el que se encuentra una farmacia popular.
Su dueño Carlos Alfonso Durán Alcocer participó en varias
licitaciones con dependencias federales a través de la empresa Servicio
Integral de Oficinas, ubicada en la colonia República y a quienes presupuestó
trabajos de limpieza.
Obtuvo 20 contratos el año pasado por un monto de 3
millones 865 mil 431 pesos, según la plataforma QuiénEsQuién.Wiki, donde
aparecen como sus principales clientes el Centro de Investigaciones en Química
Aplicada y la delegación en Coahuila de la Secretaría del Bienestar, entre
otras.
El año pasado obtuvo la mayor parte de los 48 contratos
que firmó desde el 2016 a lo que va del 2021.
También ofrece los servicios de limpieza de oficinas en
la coordinación Saltillo del Programa de Ahorro Sistemático Integral que
depende de Banobras además de ser proveedor de dicho fideicomiso en su carácter
de «empresa especializada» y proporciona los aparatos
electrodomésticos que son pagados a través de Comisión Federal de Electricidad.
Se localizaron negocios cuyos dueños se registraron como
trabajadores para acceder a los apoyos. Otros, cuyos dueños registraron a sus
familiares, como Bombas Kuess, Aqua Nova, Centro de Moda, Rivan Dorne y Seemex.
Los hermanos Claudia y Ricardo Valdés Cabello registraron la Notaría 20 y un Despacho Contable, respectivamente.
En el caso de la fedataria aparecen como beneficiarios
dos de sus sobrinos y nietos del exdirector de la Facultad de Jurisprudencia de
la Universidad Autónoma de Coahuila, Valeriano Valdés Valdés.
Durante esta investigación periodística no fue posible
localizar empresas como Saga Construcciones, Cubo XXI y Suministro de Medios
Administrativos.
Esta última empresa aparece como proveedora del DIF en
asesorías legales, pero con un domicilio en el exclusivo fraccionamiento
Privanzas del Campestre, del municipio de Arteaga.
Hubo grandes negocios que también recibieron este tipo de
apoyos como el restaurante Pour La France, del exdiputado local Juan Carlos
Guerra Negrete y La Cipolla, además de hoteles como el Quinta Dorada y el
Quinta Real.
SICSA Computación se registró con un domicilio
particular. El dueño es Alejandro Cárdenas Zavala, hermano del director del DIF
en Coahuila.
Algunos negocios no resistieron, como la tienda de ropa
Titán y el bar Monumental Public House. Las oficinas de Expo Contacto se
encontraban cerradas durante las distintas ocasiones que fueron
visitadas.
Estos se sumaron a la lista de restaurantes que también
dejaron de operar, como el VIPS sucursal Emilio Carranza, Las Alitas en
Venustiano Carranza, Bisquets Obregón y Applebee ‘s Galerías, entre otros.
Echados pa’Delante no contuvo ni el desempleo ni el
cierre de los negocios porque no se apoyó a los que realmente lo requerían. El
centro de Saltillo luce con varios locales cerrados. (Crédito: Miguel Sierra)
Aunque se anunció que la estrategia era para proteger la
economía de Saltillo, se localizaron empresas con domicilio en el municipio de
Ramos Arizpe.
Tal es el caso de la empresa Tec-Ma-C, cuyos trabajadores
sí comprobaron residencia en la capital del estado, y Seemex (Servicios
Empresariales de México) cuyo dueño registró a sus hijos como beneficiarios y
dio un domicilio particular en la capital del estado que es utilizado para
instalar un bazar.
Para acceder a los apoyos algunas empresas improvisaron
los recibos de nómina, pero en éstos había omisiones como el desglose de
percepciones y deducciones de los trabajadores.
Del padrón de empresarios que recibieron los Créditos
Echados Pa’Delante y el resto de los subprogramas, nada se encontró en la
revisión de los documentos donde también había carpetas sólo con credenciales
de elector.
Hasta el 12 de septiembre en el Ayuntamiento de Saltillo
se habían negado a responder las diferentes solicitudes de información y en el
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información las peticiones se mantenían en
trámite.
Jiménez Salinas sostuvo que es «un error de
dedo» no publicar los padrones de beneficiarios de la estrategia
«Echados Pa’delante» y que revisará las incongruencias detectadas.
Camelia Muñoz
