Especial: A tapar el hoyo

los gobiernos presentaron toda una serie de propuestas que no atacan de fondo el narcotráfico en la zona de bares y solo tapar el hoyo político

Familiares de personas que fueron desaparecidas por la delincuencia organizada se manifestaron durante dos días seguidos para exigir actuación de las autoridades, incluso intentaron quemar el bar denominado Terraza del Shots, lugar en donde desaparecieron los últimos 3 jóvenes el pasado 8 de abril, el respuesta pareciera que las autoridades buscan tapar el hoyo político y no la solución del problema

En respuesta, de las 6 carpetas de investigación con 9 víctimas, la Fiscalía General del Estado aún no tiene ningún detenido directamente por el delito de desaparición forzada pese a los múltiples operativos realizados, decidieron irse por la tangente y regular a los conductores con alcoholímetros y reducir el horario de los bares a las 2 de la mañana.

Botín político

La primera respuesta vino de la oposición, el dirigente del PAN en Baja California, Mario Osuna Jiménez quien pidió la destitución del Fiscal General, Iván Carpio Sánchez y la salida del director de la Policía de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil.

El dirigente del PAN retomó las palabras del Senador Jaime Bonilla quien en su momento acusó a la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda de estar involucrada en el narcotráfico.

“Esperemos que la nula acción y actuación del fiscal, sea por inepto y no porque estén de cómplices del crimen organizado”, expuso.

El líder blanquiazul leyó un posicionamiento con 6 puntos, entre ellos la salida de Carpio Sánchez y Pedro Ariel Mendivil, además de que exigieron a la alcaldesa de Mexicali la suspensión de horas extras en bares y cantinas.

Otro de los puntos que denunciaron las panistas se enfocaron en solicitar al gobierno del Estado y ayuntamiento la atención a las víctimas y seguimiento particular de cada una de las investigaciones.

“Denunciamos un evidente conflicto de intereses en cuanto a la operación de centros de consumo del Estado por parte de la gobernadora al señalarse vínculos económicos, por tal motivo exigimos el cierre de estos en cuanto no se establezcan los hechos”, expuso.

Señaló que los regidores de Acción Nacional solicitarán en el pleno del Cabildo la destitución de Pedro Ariel Mendivil por no garantizar la paz y tranquilidad de los cachanillas.

También el PRI

El 18 de abril, de igual manera Guadalupe Gutiérrez Fregozo indicó que los acontecimientos demostraron que las autoridades de los 3 niveles de gobierno no tienen una estrategia clara por lo que es necesario un replanteamiento.

Dijo que el tema de “desaparición forzada” no es menor ya que el número supera la docena de casos en un lapso de 2 años, 3 en un solo día.

La dirigente del PRI pidió una revisión exhaustiva de las atribuciones municipales en sus reglamentos, principalmente el de Alcoholes para actualizar el tema de horarios, permisos y un monitoreo directamente de C4 en tiempo real.

Al senado

La senadora Gina Cruz presentó un Punto de Acuerdo en el Senado al considerar que los hechos son de extrema gravedad.

“Es urgente y vital que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones de la desaparición de jóvenes en bares del Estado de Baja California, ante los hechos de violencia que se han suscitado en la entidad, para que regresen sanos y salvos a fin de dar tranquilidad a sus familias y por supuesto a mi Estado”, precisó la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge.

Cruz Blackledge precisó que la desaparición de personas es uno de los fenómenos delincuenciales de mayor gravedad, que afecta por igual a gente de todas las edades.

“En Baja California, durante el año 2022 desaparecieron cinco jóvenes en bares de la capital. Tan solo en 2023 han desaparecido otros cuatro jóvenes, lo que demuestra la gravedad de un fenómeno que está segando la vida de quienes son nuestra mayor esperanza”.

La senadora por Baja California lamentó que la Fiscalía General del Estado actúe de forma tardía ya que, de acuerdo con las personas buscadoras de estos jóvenes, quienes ingresaron al bar, encontraron armas, un altar de adoración a la muerte, balas sin percutir, drogas, dinero en efectivo y ropa que podría ser de las víctimas.

También señaló que los indicios apuntan a la abierta compenetración de la delincuencia organizada en la zona de antros, con evidencias que señalan que ahí podría traficarse con drogas e incluso con personas.

En la última encuesta sobre inseguridad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Tijuana un 66.1% de las personas encuestadas consideran que la ciudad es insegura, y en Mexicali la cifra es del 69.2%.

Dos detenidos posiblemente relacionados

Iván Carpio Sánchez afirmó que la Fiscalía General del Estado detuvo a dos personas que pudieran estar vinculadas a los jóvenes desaparecidos en la denominada zona de antros en la capital de Baja California.

Se trata de un es trabajador del Bar Shots y una persona supuestamente considera como la responsable del narcomenudeo en la zona.

De igual manera indicó que encuentra bajo interrogatorio un tercero, se trata de un guardia de seguridad señalado por familiares de una de las víctimas que supuestamente se llevó al joven y ya no Salió del baño.

Sin detenidos

Pese a lo anterior, hasta el momento, ninguno de ellos – hasta el momento- ha sido judicializado directamente por el delito de desaparición forzada.

Carpio Sánchez indicó que se tienen 6 expedientes abiertos en donde se contabilizan 9 víctimas, por lo que no descartó que pudiera existir un vínculo entre los posibles agresores.

Indicó que se realizó un segundo cateo en las instalaciones del bar ya que existían inquietudes por parte de familiares de que pudiera existir un sótano, situación que quedó descartada.

Carpió Sánchez reconoció la venta de narcomenudeo en la zona de bares, sin embargo, negó que existiera un tema de “cobro de piso” en los bares.

Pese a que el domingo, personas ajenas a los familiares de los desaparecidos entraron al Bar Shots e intentaron incendiarlo, el fiscal señaló que no se ha presentado ninguna denuncia por parte del dueño del lugar.

Afirmó que se tienen datos de geo localización de las víctimas por medio de los teléfonos celulares, sin embargo, se negó a dar mayores datos sobre el tema.

La respuesta institucional

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que se aplicará el alcoholímetro a conductores y los bares cerrarán a las 2 de la mañana.

Lo anterior en respuesta de las 9 personas que oficialmente reconoce la Fiscalía General del Estado (FGE), en la denominada zona de bares y ahora popularizado como “triángulo de las bermudas”.

Lo anterior lo anunció en su conferencia “mañanera” en donde invitó a la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante y a la presidenta de la Comisión de Juventudes, Michel Sánchez.

Ávila Olmeda indicó que se realizó un nuevo operativo en la zona de bares para reforzar la seguridad en donde participaron diversas corporaciones.

Entre las medidas propuestas para combatir la inseguridad propuso el uso de alcoholímetros para evitar accidentes relacionados con el consumo del alcohol.

Dijo que, de manera temporal en Mexicali, los bares y cantinas tendrán como horario tope de cierre las 2 de la mañana y tendrán un plazo para cumplir las nuevas medidas.

Agregó que el proyecto incluye una gran cantidad de cámaras de videovigilancia para mejorar la seguridad de las personas.

Operativos

Por su parte, Norma Bustamante señaló que en la actual administración se han realizado 23 operativos en bares y antros, además de clausurar más de 30 fiestas clandestinas en donde se vendía alcohol a menores de edad.

La diputada Michel Sánchez presentó una iniciativa a la Ley de Alcoholes en donde los locales con venta de alcohol deberán de tener un sistema de videovigilancia en todos los accesos, incluido las salidas de emergencia.

Además de que deberán de contar con un botón de pánico dentro del establecimiento que sea visible para los clientes.

Los responsables del establecimiento deberán de informar de la comisión de cualquier delito dentro del establecimiento, además de contar con arcos detectores de metales.

Señaló que, una vez aprobada la reforma, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tendrá 30 días para reglamentar los protocolos.

Indicó que los comercios que no acaten la ley podrán ser clausurados hasta por 45 días.

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