¿Qué hay detrás de la demolición de la Sociedad Manuel
Acuña? El trabajo periodístico permite atisbar una trama que implicaría la
comisión de actos ilegales, pero la confirmación de tal hipótesis sólo puede
llegar de la Fiscalía General de Coahuila, que ya inició una investigación. Por
lo pronto, del edificio ya sólo queda una fachada y escombros.
Por Carlos Arredondo Sibaja
Fotografía: Omar Saucedo, Archivo Municipal de Saltillo y
Archivo Vanguardia
Ilustración: Edgardo Barrera
SEMANARIO /Vanguardia
Esta es la historia de una hoja de papel. Una historia
que pudo ocurrir en cualquier ciudad.
Es la biografía de una hoja que nació común y corriente
pero que, cuando le imprimieron las palabras adecuadas en una de sus caras, y
luego le estamparon las firmas necesarias en la otra, se convertiría en una
bola de derribo capaz de echar abajo un edificio en el Centro Histórico de
Saltillo, la capital de Coahuila, es decir, la ciudad más antigua del noreste de
México, que recién cumplió, en julio pasado, 444 años de existencia.
Podría ser también la historia de una conspiración que
evolucionó en silencio, lejos de la vista del público -aunque transitó por dos
juzgados del Poder Judicial de Coahuila-, y cuando salió a la luz ya era
demasiado tarde para evitar sus consecuencias.
También podría ser una historia de complicidad entre
apetitos privados e inacción gubernamental, ingredientes que, combinados,
habrían permitido perpetrar, a la vista de todos y a plena luz del día, un
despojo que pocos dudan en considerar ilegal -porque habría nacido de un hecho
aparentemente ficticio- pero, a pesar de eso, aspira a la impunidad.
Esta historia es, acaso, el epitafio de un edificio
centenario: el de la Sociedad Mutualista y Recreativa Manuel Acuña del que,
para el momento en que usted lea estas líneas, acaso se mantenga en pie, cuando
mucho, la fachada.
El derrumbe tomó por sorpresa a los socios de la Sociedad
Manuel Acuña. Hoy sólo queda la fachada.
Un poco de contexto
La Benemérita Sociedad Mutualista y Recreativa Manuel
Acuña fue fundada en 1906 y desde 1925 ocupaba el edificio marcado con el
número 186 al sur de la calle Morelos, en el corazón de Saltillo, a sólo 250
metros del Palacio de Gobierno.
Famosa, entre otras cosas, por sus “bailes rancheros” que
reunían por igual al obrero que al empresario, la Manuel Acuña es un lugar que
remite a miembros de varias generaciones de saltillenses a momentos relevantes
de sus vidas, entre otras cosas porque al amor de sus bailes se fundaron muchas
familias.
Por ello, asegura el historiador Carlos Recio, con la
demolición de su edificio “lo que se pierde es un fragmento de la historia, una
parte de nuestra identidad”, lo cual, en su opinión, da para calificar el hecho
como “un atraco a la ciudad… es el ejercicio de violencia contra el imaginario
colectivo (y) la identidad”.
Recio, quien es catedrático de la Escuela de Ciencias
Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, lamenta que con la pérdida de
este y otros edificios del Centro Histórico de la Ciudad pareciera que “estamos
tendiendo hacia la materialización de todo, es decir, lo que no tiene un valor
objetivo, palpable, epidérmico, físico, no sirve… la memoria no sirve, la
identidad no es importante, la colectividad tampoco”.
Tal razonamiento, afirma el académico, es erróneo y por
ello considera que quienes decidieron destruir este edificio carecen del
derecho para decidir sobre los aspectos sociales del inmueble.
Por miles se contaban los asistentes a los bailes
rancheros de la Sociedad Manuel Acuña. De muchas ciudades circunvecinas a
Saltillo solían llegar en busca de un rato alegre.
Causa y efecto
Desde el 25 de enero de 2021, múltiples publicaciones en
internet han señalado la indeseable pérdida del edificio que albergó durante
casi un siglo a la Sociedad Mutualista Manuel Acuña (SMA), ubicado en el Centro
Histórico de Saltillo. Y hay razón para ello, pues se trata de un lugar en el
que varias generaciones vivieron episodios significativos de sus vidas, porque
“la Manuel Acuña” ocupó largamente una posición nuclear en la vida social de la
capital coahuilense.
Prácticamente nadie -ni siquiera sus socios- puede
explicar cómo se llegó a este momento y, menos aún, señalar la causa exacta de
ello.
La historia que aquí reconstruimos plantea que la
demolición del complejo de la SMA es el efecto de un modus operandi que se puso
en marcha casi dos años antes de que comenzaran a aparecer en internet las alertas
sobre el hecho. Para ser exactos, a las 3 de la tarde con 13 minutos del día 1
de abril del año 2019, y a 256 kilómetros de distancia de la sede mutualista.
La causa es un escrito presentado por un residente de
Torreón, Gabriel Landa Tavizón, ante el juzgado primero de primera instancia en
materia mercantil de aquella ciudad. Con ese documento, Landa reclamaba a la
sociedad Manuel Acuña el pago de 5.25 millones de pesos, más intereses
moratorios, daños y perjuicios, así como gastos y costas judiciales.
¿El origen del adeudo? Un pagaré presuntamente firmado el
20 de septiembre de 2013 por Juan Alfonso Aguillón González, quien en ese
momento presidía la mesa directiva de la SMA, y mediante el cual se reconoció
como acreedor a Óscar Sala Luna, residente de Saltillo.
Casi ocho meses después, el 28 de noviembre de 2019, el
juez Gerardo Moreno Ibarra, titular del Juzgado Primero Mercantil de Torreón,
dictó sentencia en el caso condenando a la SMA a pagar los 5.25 millones que
consigna el pagaré, más intereses a razón de 3.1833 por ciento mensual.
Landa Tavizón apelaría la sentencia el 18 de febrero de
2020 por considerar que el Juez debió respetar la tasa de interés -del seis por
ciento mensual- pactada en el pagaré. Pero antes de que llegara la sentencia de
segunda instancia Landa logró adjudicarse el edificio de la SMA como pago del
adeudo.
Y esto fue así, porque el 3 de septiembre de 2020 las
partes se presentaron ante el juez con un convenio para dar por terminado el
proceso. Gilberto Mandujano Grimaldi, para entonces presidente de la Sociedad,
suscribió el documento a nombre de esta. De acuerdo con la escritura pasada
ante la fe del notario saltillense Luis Ramos Escalante, Mandujano Grimaldi
habría acudido a dicho acto cumpliendo el mandato que la asamblea de socios le
dio para negociar con su acreedor.
En el convenio, al cual Semanario tuvo acceso, el
representante de la SMA reconoce un adeudo, entre el valor nominal del pagaré e
intereses moratorios, de “aproximadamente” 15 millones de pesos y para liquidarlo
ofrece entregar el inmueble que ocupaba la Sociedad en el Centro Histórico de
Saltillo.
En el mismo documento, sin embargo, Landa Tavizón
reconoce que “el inmueble dado en pago tiene un valor comercial” de 20 millones
de pesos, razón por la cual se compromete “a proporcionar (a la Sociedad Manuel
Acuña) un inmueble con un valor proporcional al remanente del pago”.
El hecho de que el traspaso de la propiedad haya sido
sancionado judicialmente podría llevar a la conclusión de que, con
independencia de lo justo o injusto que parezca la situación, se está ante un
hecho legítimo. Una denuncia penal en curso refuta la idea y más bien califica
esta historia como una simulación urdida para despojar ilegalmente a la SMA de
su patrimonio.
Carlos Alberto Martínez Gaona, expresidente de la
Sociedad, cuyo nombre fue mencionado en diversas ocasiones por las personas
entrevistadas para la elaboración de este reportaje y quien reconoció, en
entrevista para Semanario, haber estado presente en al menos tres reuniones para
negociar la entrega del inmueble a Gabriel Landa, difiere en la calificación de
los hechos, aunque dice estar de acuerdo en que el origen es una simulación.
Para él, la trama que concluyó en la pérdida del edificio
a manos de Landa no habría sido ilegal, sino producto de una “estrategia” que,
por la forma en la cual fue llevada a cabo, dejó sin posibilidades de defensa a
los socios de la SMA, quienes al final se vieron obligados a negociar con su
acreedor.
Grupos de muchachas saltillenses, ataviadas con vestidos
especiales, se reunían e iban juntas a los bailes rancheros.
Esmeralda, cantante de moda en los años cincuenta, figuró
entre los muchos artistas que participaron en las variedades presentadas en los
bailes rancheros. En la ocasión que se recogió esta fotografía, Esmeralda cantó
con el acompañamiento de la orquesta del maestro Nicolás Cuevas.
‘Es una simulación’
Huved Gutiérrez Ramos, abogado con 42 años de experiencia
en el litigio de asuntos mercantiles, y socio de la Manuel Acuña desde 1980, no
duda al emitir su veredicto sobre el caso:
“Se trata de una simulación de acto jurídico que un grupo
de personas, que no sabemos realmente encabezados por quien directamente…
hicieron la simulación de un juicio mercantil con el fin de despojar del
inmueble a la Sociedad Manuel Acuña”, afirma.
Para su ojo entrenado basta echar una mirada al pagaré,
protagonista central de esta historia, para concluir que se trata de una farsa.
“Al momento que a mí se me presenta la demanda inicial me
di cuenta que era un acto simulado simplemente por la fecha de suscripción del
pagaré y la fecha de vencimiento”.
Entre ambos momentos, explica Gutiérrez, median dos años
y nueve meses, pues el documento habría sido suscrito el 20 de septiembre de
2013, pactándose su vencimiento el 20 de junio de 2016.
¿Y qué tendría de extraño eso? El abogado explica que lo
común en este tipo de operaciones es que entre ambos momentos exista un plazo
muy breve. “Nadie va a decir yo te presto a ti un millón de pesos y te voy a
dar dos años y medio para que me pagues… va a decir: te doy un mes o dos meses
para que me pagues, y si no me pagas te fijo un interés convencional moratorio,
porque es su ganancia… Yo no le voy a dar a una persona dos años, dos años y
medio para que me pague un millón de pesos”.
En efecto, aunque el pagaré establece un interés
moratorio del 6 por ciento mensual, es claro al señalar que éste no comenzará a
causarse sino al vencimiento de éste.
Además de los atípicos términos del documento, Gutiérrez
ofrece un argumento adicional para reforzar su teoría de la simulación: “La
Sociedad Manuel Acuña no es sujeto de crédito; no de ahorita, sino desde hace
30 años… ¡Nadie le prestaría a la Acuña más de 50 mil pesos!”.
Un pagaré singular
“En virtud del adeudo adquirido con anterioridad en mi
carácter de Representante Legal de la Sociedad Mutualista y Recreativa Manuel
Acuña, Cooperativa Limitada para pagar diversas deudas contraídas por mi
representada me obligo a:”.
Así reza el primer párrafo del pagaré que selló la
historia del edificio de la SMA y que, al decir de los especialistas consultados
por Semanario, constituye un caso atípico en el mundo de los préstamos entre
particulares.
Para Gerardo Garza Valdés, catedrático de la Facultad de
Jurisprudencia, de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien cuenta con 26
años de experiencia en el litigio de casos civiles, es llamativo que el
documento se hubiera elaborado en papel membretado de la Sociedad Manuel Acuña.
“No es frecuente, pero sí ocurre, que los pagarés se
elaboren en hojas membretadas. Sin embargo, lo común es que se use papel membretado
del acreedor”, explica el especialista.
Garza Valdés coincide en que el plazo establecido entre
la firma del documento y su vencimiento es atípico. “Es válido, desde luego,
pero no es lo usual que se establezca un plazo tan largo y menos por una cantidad
de esa magnitud”, puntualiza.
Llama la atención también que, residiendo el deudor en
Saltillo y, sobre todo, encontrándose en esta ciudad los bienes susceptibles de
embargo para saldar el adeudo, el último dueño del pagaré decidiera presentar
su demanda en Torreón, pues esto implica realizar todas las diligencias vía
exhorto, a través de un juzgado de Saltillo, algo que resulta muy lento y
tardado.
Llama aún más la atención que para su representación
jurídica, Landa Tavizón escogiera a una abogada con residencia en Saltillo:
Jessica Cueto Rodríguez, integrante del despacho “Rodríguez Dorbecker &
Asociados” que, de acuerdo con su página web, tiene su domicilio en el
Boulevard Venustiano Carranza #3206, segundo piso, y no señala contar con
oficinas en Torreón.
A Cueto Rodríguez se le solicitó una reacción, pero no
accedió a responder preguntas alegando que “por cuestión profesional me es
imposible dar declaración alguna en consideración a que actualmente hay un
proceso penal llevado por personas que ni siquiera son socios” (de la SMA).
Alfonso Labastida Arzate, quien fungió como apoderado
legal de la SMA entre 2008 y 2013, también encuentra rasgos atípicos en el
pagaré. Uno de ellos es que, en su experiencia, ese tipo de documentos eran
suscritos por al menos tres integrantes de la mesa directiva y no sólo por su
Presidente.
“Nunca se hacían en esas circunstancias, de nada más la
firma del Ingeniero (Aguillón). Normalmente firmaba también el Tesorero y el
Vicepresidente… aunque jurídicamente nada más se necesitara la firma del
Presidente”, explica el abogado, quien también refiere la existencia de un
procedimiento especial para formalizar la adquisición de deudas y que implicaba
obtener la autorización de la asamblea de socios antes de contraer una deuda.
Por otro lado, Labastida considera “de lo más extraño”
que Óscar Sala aceptara pactar la liquidación del pagaré a casi tres años, pues
“él sabía que el período de una mesa directiva es de dos años… si yo sé que vas
a estar en tu trabajo solamente dos años y me dices que me vas a pagar en
tres…”.
Patio español de la Sociedad Manuel Acuña, 1947.
Impresión en papel blanco y negro. Colección Ariel Gutiérrez Cabello.
Una ‘herencia’ de dos muertos
Otro de los hechos llamativos de la biografía de este
pagaré es que no fue el acreedor original quien emprendió la acción legal
contra la SMA, sino el tercer dueño del título de crédito… luego de que los
primeros dos fallecieran.
Antes de llegar a manos de Gabriel Landa, el documento
fue endosado en propiedad a Gustavo Antonio Lara Ramos, empresario saltillense
a quien se conocía más por su sobrenombre: “La Perica”. El endoso de Óscar Sala
a su favor, de acuerdo con la copia del pagaré a la que Semanario tuvo acceso,
habría ocurrido el 24 de octubre de 2014.
A su vez, Lara Ramos endosaría el pagaré a Gabriel Landa
el 10 de julio de 2015, cinco meses y 11 días antes de fallecer y casi 11 meses
antes del vencimiento pactado del documento. Óscar Sala fallecería después, a
finales del año 2018, por lo que resulta imposible conocer la versión de los
hechos de ninguno de los dos.
Sin embargo, para un abogado especializado en la
recuperación de créditos otorgados por prestamistas, y quien habló con
Semanario a cambio del anonimato, la historia de este pagaré es simplemente
imposible.
“El que se dedica a prestar dinero lo que espera es que
cada mes le pagues intereses. ¿Cinco millones y tres años de gracia? ¡No’mbre!
¡Ni los bancos!”, asegura este especialista a quien llamaremos Romeo.
Para dejar más claro el argumento, Romeo explica cómo
funciona el mundo del agio: “yo te presto mil pesos y te hago firmar un pagaré.
Pero no te doy los mil pesos, porque te cobro por anticipado los intereses del
primer mes. Entonces, aunque tú firmas por mil solo te doy 900. Luego, cada mes
me tienes que pagar los 100 de intereses hasta que me pagues los mil. Y si un
mes dejas de pagar, pues inicio el juicio ejecutivo mercantil”.
Y para iniciar el juicio en cualquier momento, abunda,
los pagarés no se llenan por completo, sino que la fecha de vencimiento se deja
en blanco. “Así, yo puedo declarar el vencimiento del documento en el momento
que me convenga y acudir al juez para embargarte bienes y cobrarme”.
Para Romeo también es imposible que el documento hubiera
sido adquirido hasta en dos ocasiones antes de su vencimiento, porque “no
existe un mercado de compra-venta de pagarés. Nadie anda por ahí vendiendo, y
menos comprando, deudas que no tienen garantías y que no sabes si vas a poder recuperar
tu dinero.
“Si yo fuera el dueño del pagaré, para empezar nunca les
habría dado el dinero en esos términos y segundo, no andaría tratando de
venderlo, sino de cobrarlo”, insiste.
El pagaré, ¿fue un invento?
Frente a los hechos parece obligado cuestionar si toda
esta historia es una conspiración y, en su caso, cómo y quienes hicieron
posible su ejecución.
Los abogados Huved Gutiérrez y Alfonso Labastida dijeron
a Semanario, en entrevistas por separado, haber escuchado a Juan Alfonso
Aguillón González, presunto suscriptor del pagaré, negar la firma del
documento.
“Yo me entrevisté con él… cuando yo investigué el
expediente de Torreón, obtuve una copia del documento y personalmente fui (a
preguntarle si había firmado el pagaré)… y él me dijo que no, e incluso ahí
mismo me enseñó su credencial de elector (para que comparara las firmas)… y me
dijo que estaba dispuesto a ir ante cualquier autoridad que lo citara para
declarar”, relata Gutiérrez.
Labastida aporta un dato adicional: él acompañó a Juan
Alfonso Aguillón cuando compareció ante el Ministerio Público —a finales de
febrero o principios de marzo de 2021— y declaró ante dicha autoridad no haber
firmado nunca un pagaré de las características mencionadas.
Carlos Alberto Martínez Gaona también coincide en que la
deuda consignada en el pagaré nunca habría existido, pero plantea como
hipótesis la complicidad entre Sala y Aguillón quienes, afirma, “eran socios” y
existirían antecedentes de conductas similares.
Como se puede observar, queda un hueco muy grande en el
corazón del Centro Histórico de Saltillo.
La batalla legal que aguarda
El 2 de diciembre de 2020, Juan José Acosta Zárate,
Marcos Duarte Juárez, Felipe Modesto González Dávila y Alfonso Moreno Carranza,
socios de la Manuel Acuña, acudieron a la Fiscalía General de Coahuila a
interponer querella “por los delitos que resulten”, en contra de quienes
resulten responsables, por el despojo del inmueble.
En el escrito de seis páginas, los denunciantes realizan
una relatoría de hechos en la cual señalan diversas irregularidades que se
habrían cometido durante el desahogo del juicio mercantil, entre ellas la
práctica del emplazamiento que, vía exhorto, fue desahogada en Saltillo por el
actuario Daniel García Berlanga, el 30 de septiembre de 2019.
A decir de los denunciantes, el emplazamiento se habría
simulado, pues la diligencia fue presuntamente desahogada con Karla Leija
González, quien habría dicho al actuario ser empleada de la SMA, aunque en el
expediente no consta que lo hubiera acreditado con documento alguno. En el
escrito se asegura que ninguna persona con ese nombre trabajaba en aquel
momento para la Sociedad.
Acosta, Duarte, González y Moreno afirman también que, a
partir del “falso emplazamiento”, la SMA no pudo enterarse de la demanda y por
ende, se vio imposibilitada de contestarla, razón por la cual fue declarada en
rebeldía y condenada sin oportunidad para defenderse.
Tal acto, asegura Huved Gutiérrez, fue realizado de forma
intencional por quienes urdieron la trama. La demanda, asegura, fue presentada
en Torreón y no en Saltillo: “porque saben que yo me dedico al litigio
mercantil y que reviso todos los días las listas de acuerdos. Si hubieran
presentado la demanda aquí, yo me habría dado cuenta”.
¿Y quiénes urdieron la trama? En su escrito, los socios
de la Manuel Acuña no señalan a ninguna persona de forma directa. Sin embargo,
en la relatoría de hechos, así como en las entrevistas realizadas por
Semanario, recurrentemente aparecieron, sobre todo, un par de nombres: Carlos
Alberto Martínez Gaona y Gilberto Mandujano Grimaldi. Ambos han sido
presidentes de la SMA.
Martínez Gaona aceptó hablar con Semanario y durante la
entrevista negó formar parte de una conspiración para que el edificio terminara
en manos de Landa Tavizón y, por el contrario dijo, “pagamos una deuda muy
grande que existía con el Seguro Social, con Hacienda y con un embargo
laboral”.
Hasta la fecha, el caso permanece en la Fiscalía en el
estatus de “carpeta de investigación” y, más de ocho meses después de haberse
presentado la denuncia, no ha sido llevado ante un juez.
Sin embargo, el fiscal General de Coahuila, Gerardo
Márquez Guevara, dijo en entrevista que la carpeta registra entre 80 y 85 por
ciento de avance en su integración, por lo que no tomaría más de un mes que se
judicialice el caso.
Como parte de las diligencias realizadas por la
dependencia a su cargo, dijo Márquez, el pasado mes de mayo “se ha ordenado al
registro Público de la Propiedad el aseguramiento del folio registral (para
que) el inmueble no sufra ninguna alteración, cambio o transferencia de los
derechos de propiedad”, por lo que el edificio sigue siendo propiedad de la
SMA.
Al cierre de este trabajo, sin embargo, del inmueble de
la SMA solo quedaba la fachada pues, pese a todas las voces que demandaron su
preservación, el proceso de su demolición no se detuvo.
La hoja de papel cuya historia hemos reconstruido aquí,
logró el cometido para el cual fue concebida por sus progenitores…
Carlos Arredondo Sibaja
