Empresas aprovecharon la falta de reglas y de
verificación del gobierno de Baja California para obtener grandes contratos. De
558 contratos otorgados por Isesalud, ninguno se licitó, adjudicaciones
directas que al carecer de sustento podrían ser anuladas por la Secretaría de
Honestidad y Función Pública (SHyFP).
Por Isabel Mercado / Newsweek Baja California
En 2020, la pandemia de COVID-19 provocó que
Isesalud de Baja California liberara centenares de contratos millonarios sin
tener que someterlos a concurso para ser asignados al mejor postor.
Durante este proceso, proveedores inhabilitados por la
Secretaría de la Función Pública (SFP) y empresas que no comprobaron tener la
experiencia suficiente para ser contratadas fueron algunos de los principales
beneficiados.
Para esta investigación se analizaron más de 558
contratos y facturas emitidas por el organismo encargado del sistema de salud
de Baja California durante el primer año de la crisis sanitaria provocada por
el coronavirus.
De todos los contratos, 555 se asignaron en forma directa
y solo tres se adjudicaron por invitación a cuando menos tres proveedores,
según la información entregada vía transparencia. Además, de los más de 500
contratos, únicamente 49 se firmaron antes de que el proveedor otorgara el
servicio o producto.
Tan solo en ese año de pandemia, Isesalud gastó más de
900 millones de pesos de recurso público en estos contratos, de acuerdo con los
datos obtenidos.
La falta de verificaciones y una enorme laxitud en la
entrega de contratos escudándose en la emergencia sanitaria de COVID19 podría
traducirse en que, inicialmente, la Secretaría de la Honestidad y Función
Pública (SHyFP) de la entidad busque la nulidad de los más de 500 contratos
otorgados por Isesalud en 2020.
Crédito: Ángel Gabriel Morales
Y no solo eso, también podrían configurarse en delitos de
daño patrimonial, desvío de recursos y posible fraude, advirtieron
especialistas en la materia y una fuente de la SHyFP que pidió omitir su nombre
para no interferir en las investigaciones.
Una de las empresas con mayores ganancias fue Valet
Personalizado en Custodia Empresarial VAPE, S.A. de C.V., compañía en la
que Luis Javier Algorri Franco, actual secretario del Trabajo y Previsión
Social en Baja California, fue socio mayoritario hasta finales de 2017.
Para VAPE, 2020 fue uno de sus mejores años, ya que
consiguió cuatro contratos con Isesalud, por los cuales cobró 42 millones de
pesos, IVA incluido. Esta cifra es 28 millones más alta de lo que ganó en 2019
en contrataciones públicas, cuando era gobernador Francisco Vega de Lamadrid.
Contratos asignados por Isesalud a Valet
Personalizado en Custodia Empresarial VAPE, S.A. de C.V. // Crédito Ángel Gabriel Morales
Otro ejemplo de las irregularidades que se detectaron en
las contrataciones fue que el gobierno bajacaliforniano pasó por alto la
prohibición de la SFP de contratar a Aplicaciones Médicas Integrales, S.A. de
C.V., empresa inhabilitada por año y medio por la Función Pública y que, a
pesar de ello, firmó un convenio de ampliación de contrato que le dio a ganar
más de 20 millones de pesos durante la pandemia.
Además, casi una tercera parte de los contratos (161), se
asignaron a personas físicas, y no en todos los casos lograron comprobar la
experiencia ni la solvencia necesaria para obtener las adjudicaciones directas
por montos millonarios.
Un claro ejemplo es Cristian Genaro Domínguez Cabriales,
quien facturó 3.2 millones de pesos por la proveeduría de insumos de
lavandería, negocio que ubicó en domicilios donde únicamente hay viviendas
abandonadas, de acuerdo con un recorrido realizado para este reportaje.
O el caso de Virginia González Andrade, quien sin mostrar
documentos que comprobaran su experiencia en el sector, logró colarse en la
lista de proveedores pagados con recursos destinados al sistema de salud de
Baja California y tan solo en 2020 cobró más de 50 millones de pesos. Y, a
pesar de que su contrato se encuentra bajo investigación de la Secretaría de
Honestidad y Función Pública (SHyFP), las autoridades le adjudicaron en 2021 un
nuevo contrato por un monto de 11 millones de pesos.
VAPE aumentó monto de facturas en gobierno de Bonilla
El 1 de noviembre de 2019, el mismo día que su ex
accionista Luis Javier Algorri Franco tomó protesta como subsecretario en el
gabinete de Jaime Bonilla, la empresa Valet Personalizado en Custodia
Empresarial VAPE, S.A. de C.V. suscribió contratos de adjudicación directa con
el gobierno morenista con el objetivo de otorgar el servicio de vigilancia en
varias dependencias, incluyendo las unidades de Isesalud.
Este fue uno de los contratos que se extendieron durante
el periodo de pandemia por coronavirus.
Luis Javier Algorri Franco, toma protesta
como funcionario del gobierno de Jaime Bonilla, al tiempo que su empresa recibe
contratos millonarios. // Crédito: Tomada de Internet
Antes de llegar a Baja California, Luis Algorri se
desempeñó como subprocurador Regional de Justicia en la Zona Sur de Sinaloa y
como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de ese
estado.
Ya en Tijuana ocupó el puesto de secretario de Seguridad
Pública durante la administración de Jorge Hank Rhon. Sus áreas de trabajo
siempre estuvieron relacionadas con el tema de seguridad, por lo que fue casi
natural su incursión en 2008 como director general en Grupo Vanguardia-Valet
Personalizado en Custodia Empresarial, de acuerdo con la información de su
currículo.
VAPE fue constituida originalmente por Julio Alcántar
Robles y Jorge Martínez Pérez el 25 de agosto de 2008 en Naucalpan de Juárez,
Estado de México, con el objetivo de prestar servicios privados de seguridad,
protección personal, vigilancia, así como investigaciones encaminadas a
proporcionar informes sobre los antecedentes, actividades, solvencia, y
localización de personas; traslado de valores y aplicación de análisis
poligráficos, entre otros.
Pero el 03 de octubre de 2011, Algorri entró como socio
mayoritario de la firma con 50 acciones, de acuerdo con la información
del Registro Público del Comercio.
Desde su ingreso, Algorri incrementó su capital cada año,
hasta tener 650 acciones en mayo de 2017, convirtiéndose en el
administrador de la firma en octubre de ese mismo año, cargo en el que fue
reemplazado al mes siguiente por Saida Elena Félix Ontiveros, actual apoderada
de la empresa.
En diciembre de 2017, seis meses después aumentar por
última vez su participación social, Javier Algorri dejó de ser socio de VAPE y
le transmitió sus acciones a Miguel Ángel Martínez Pérez, quien junto con Julio
Alcántar Robles e Ismael Arturo Osuna Rivera se mantienen como socios de la
empresa, de acuerdo con una búsqueda en el Registro Público del Comercio.
Oficinas de VAPE ubicadas en Tijuana. // Crédito: Ángel Gabriel Morales
La salida de Javier Algorri de VAPE, S.A. de C.V.,
representó la entrada de la compañía como proveedora del gobierno
bajacaliforniano, ya que su primer contrato lo consiguió en enero de 2018, año
en el que Isesalud asignó a la firma un contrato anual, vía licitación pública,
por 4.6 millones de pesos, monto mucho menor al que VAPE cobró durante la
pandemia por ese mismo servicio.
En 2019, Isesalud extendió un nuevo contrato por la
cantidad de 10.3 millones de pesos para que la firma siguiera otorgando el
servicio de vigilancia hasta el término de la administración de Francisco Vega
de Lamadrid, el 31 de octubre de 2019.
Tan solo en el último tercio de la administración de Vega
de Lamadrid, VAPE recibió 31.1 millones de pesos por el servicio de vigilancia
en cuatro dependencias, lo que incluyó las unidades de salud.
Ya como gobernador, Jaime Bonilla Valdez ha otorgado al
menos nueve contratos a VAPE, dos terceras partes sin licitar. Tan solo en el
primer año de su administración, extendió contratos a la ex empresa de su
actual secretario del trabajo, Javier Algorri, por un monto total de 40.9
millones de pesos, de los cuales 32.8 millones de pesos correspondieron a los
contratos de Isesalud.
En entrevista, Luis Javier Algorri aseguró ya no tener
relación alguna con la empresa que tan solo en los últimos tres años ha facturado
alrededor de 72.1 millones de pesos a diferentes dependencias del gobierno del
estado.
Salida de Algorri, ¿simulación?
Aunque Luis Javier Algorri Franco dejó de ser accionista
de Valet Personalizado en Custodia Empresarial VAPE, S.A. de C.V. a finales de
2017, el simple hecho de que haya sido socio de la firma en forma tan reciente
y después obtuvieron esos contratos, sí constituye un conflicto de intereses,
explica el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías.
Actas de asamblea de VAPE, S.A de C.V. // Crédito: Ángel Gabriel Morales
En una primera búsqueda en el Registro Público del
Comercio, el nombre de Algorri sí aparece en los documentos oficiales que
describen a los accionistas de la empresa. Incluso, el último aumento de su
participación social en VAPE fue registrado en 2020, pero al entrevistarlo, el
funcionario explicó que él estaba fuera de la compañía desde 2017 y que al
parecer había un retraso en la actualización de los documentos por parte del
área jurídica de la compañía.
El especialista en derecho financiero y tributario indicó
que resulta muy extraño que una empresa con esa naturaleza de negocio y que
opera formalmente registre cinco años después la adquisición de acciones de un
socio que vendió a un tercero su participación social en la empresa.
“Las firmas con disciplina administrativa nunca dejan un
acta de asamblea sin registrar por tanto tiempo, ya que las reglas del gobierno
corporativo les prohíbe cometer esas omisiones”, asegura Solís Farías.
El abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías,
advirtió sobre posible operación fachada en adjudicación directa de
contratos.
También se consultó a diferentes notarios públicos para
comprobar qué tan común es que una empresa tenga documentos sin actualizar en
los registros oficiales y afirman que las actas de asamblea siempre se
registran a más tardar a los 60 días de su celebración y, por lo general, sólo
varían de un año a otro cuando las actas de asamblea se levantan en noviembre o
diciembre y no les alcanzó el tiempo para protocolizar y lo hacen en los
primeros meses del siguiente año.
“Es poco creíble, lo que se está haciendo es ocultar
alguna acción, para aparentar, esconder o disimular algo. Le puedo decir en
toda mi experiencia que es un acta elaborada recientemente y que le pusieron
fecha de 2017 para ocultar una verdad”, dice Adolfo Solís.
Contratos y facturas de VAPE no cuadran
Las unidades de Isesalud fueron incluidas en el contrato
para el servicio de vigilancia 455/2019 otorgado el 1 de noviembre de 2019 a
Valet Personalizado en Custodia Empresarial VAPE, S.A. de C.V. Y ya en
2020, con la pandemia de COVID19, el organismo le amplió ese primer
contrato asignado en forma directa y otorgó, por la misma vía, tres contratos
más para cubrir el servicio de vigilancia en las diferentes unidades médicas
hasta el 31 de agosto de 2020.
Con excepción del último, todos los contratos con VAPE
tuvieron que establecerse como retroactivos, al firmarse en fechas posteriores
a su vigencia o al inicio de esta.
Un total de 42 millones de pesos facturó
VAPE a Isesalud en 2020. // Crédito: Ángel Gabriel Morales
El primero se firmó el 17 de marzo de 2020, pero su
vigencia se hizo retroactiva a partir del 1 de enero al 29 de febrero, y se
estableció por un monto de 8.2 millones de pesos. El segundo está fechado tan
solo un mes después, el 17 de abril, por 4 millones 163 mil pesos y el tercero
se suscribió el 19 de mayo por la cantidad de 8 millones 163 mil pesos.
El mayor monto que recibió VAPE fue en el último
contrato, el cual se adjudicó por 12 millones 312 mil pesos.
Aunque la suma de los cuatro contratos da un total de
32.8 millones de pesos, IVA incluido, al cierre de 2020 VAPE S.A de C.V., le
facturó a Isesalud 42 millones de pesos, de acuerdo con las facturas obtenidas
vía transparencia.
Amplían contrato de firma inhabilitada
El 9 de enero de 2020, las autoridades de Salud de Baja
California ampliaron por tres meses más la vigencia del contrato asignado a
Aplicaciones Médicas Integrales, S.A. de C.V.
Este acuerdo, de 23.7 millones de pesos, había vencido el
31 de diciembre de 2019. El documento está firmado por Miguel Ángel Marín
Cardone, jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de
Isesalud, quien solicitó la elaboración del convenio modificatorio “a fin de
establecer la ampliación de la vigencia del contrato primigenio”.
El problema no es la ampliación del convenio, sino que el
organismo ignoró una resolución emitida por la Secretaría de la Función Pública
(SFP) y publicada en el Periódico Oficial de la Federación (POF) a mediados de
agosto de 2019, en la que prohibía a las dependencias federales y locales
celebrar contratos con la empresa Aplicaciones Médicas Integrales durante 18
meses.
Solo hasta después del plazo de inhabilitación
establecido, el cual venció hasta mediados de febrero de 2021, y previo pago de
la multa impuesta por resolución de mérito, la firma podría volver a participar
en acuerdos y licitaciones de la administración pública.
“Las dependencias federativas y los municipios
interesados deberán cumplir con lo señalado en esta circular cuando las
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que
contraten, se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a
los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal”, se indicó en el
documento. En el contrato Isesalud dispuso de recursos federales como el Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
Durante el periodo de sanción solo se podrían respetar
los contratos vigentes, no los vencidos y tampoco se podrían asignar nuevos
acuerdos ni ampliar convenios como lo hizo el gobierno de Bonilla, lo cual
resulta una irregularidad administrativa, explica el abogado fiscalista,
Adolfo Solís Farías.
Aplicaciones Médicas Integrales, S.A. de C.V. es
propiedad de Francisco Piña Ruiz y Gerson Rivelino Mares Gutiérrez. Se
constituyó el 28 de febrero de 2017 en Naucalpan, Estado de México, para
fabricar, ensamblar, procesar, comprar, vender, rentar material médico y de
laboratorio, como productos fotográficos y todo tipo de Hardware, software y
equipos de cómputo en general, elaboración
y transformación de productos alimenticios, explotacion de bienes muebles e
inmuebles.
De acuerdo con el convenio modificatorio 001/2020,
la firma estaría encargada de suministrar material de osteosíntesis y comodato
de equipo e instrumental para cirugías de traumatología y ortopedia de las
unidades hospitalarias de salud.
Préstamo de equipo a cambio de contratos millonarios
El 2020 fue el año en el que varias empresas aprovecharon
el decreto publicado el 27 de marzo en el Diario Oficial de la Federación por
el titular del Poder Ejecutivo Federal, derivado de la contingencia del
Covid-19 y con el cual se autorizaron compras sin ningún tipo de licitación
previa. Grupo Comercial e Integral ONR de México SAPI de C.V. fue una de ellas.
En menos de un mes y en pleno inicio de la pandemia por
coronavirus, esta firma propiedad de Rosendo Rodríguez Martínez y Édgar
Rodríguez Márquez logró que el gobierno de Jaime Bonilla le otorgará cuatro
contratos mediante adjudicación directa, por los cuales facturó un monto
conjunto de 28 millones de pesos.
A cambio de prestar equipo, Grupo Comercial
e Integral ONR de México SAPI de C.V., amarró contratos con el gobierno de Baja
California. // Crédito: Ángel Gabriel Morales.
Los dos primeros contratos se suscribieron en comodato de
983 bombas de infusión, este término significa que el equipo se entrega en
calidad de préstamo, sin requerir una compensación a cambio.
Pero este no fue el caso, ya que en los mismos contratos
de préstamo se condiciona la adjudicación directa para el suministro de
consumibles para los hospitales generales de Mexicali, Tijuana, Ensenada,
Tecate, Playas de Rosarito, Materno Infantil de Mexicali y UNEME Oncologia.
El primer contrato se firmó el 18 de marzo de 2020 y fue
por un monto máximo de 3 millones 826 mil pesos, IVA incluido. Las bombas
entregadas en comodato se tenían que devolver en un lapso no mayor de una
semana después de concluida la vigencia del contrato, la cual se estableció en
forma retroactiva del 15 de febrero al 15 de abril de 2020.
El 3 de abril de ese año, Grupo Comercial e Integral ONR
de México recibió un segundo contrato, con las mismas condiciones del primero,
pero por una cantidad muy superior: 23 millones 624 mil pesos por las
mismas 983 bombas de infusión en préstamo, de acuerdo con la revisión de los
contratos entregados vía transparencia.
El 8 de abril de 2020 las autoridades de Isesalud
adjudicaron a la firma un tercer contrato por adjudicación directa por
excepción, esta vez por 787 mil 500 pesos para la proveeduría de 175 colchones
neumáticos. La justificación para no licitar fue la declaratoria de emergencia
sanitaria decretada por el Ejecutivo Federal a finales de marzo de ese año.
Menos de una semana después, el 15 de abril le fue
asignado un cuarto contrato por adjudicación directa para el suministro de
consumibles para monitores del Hospital Materno Infantil de Mexicali (HMI), por
un monto de 42 mil 693 pesos para la adquisición de 2 mil 247 piezas de
electrodo neonatal.
Grupo comercial e Integral ONR de México SAPI de C.V. se
constituyó el 3 de julio de 2019 en la ciudad de Santiago de Querétaro,
Querétaro, y tiene más de 70 objetos sociales de todo tipo, desde asesoría
fiscal hasta representación artística, entre otros.
Contratos con personas físicas sin experiencia ni
solvencia
Empresas inexistentes, o personas físicas sin experiencia
ni solvencia económica para ser contratadas, lograron obtener durante el
periodo de pandemia de 2020 adjudicaciones por montos millonarios y sin
necesidad de participar en una licitación pública.
Tal es el caso del empresario transportista Cristian
Genaro Domínguez Cabriales, quien sin tener antecedentes en la proveeduría de
insumos de lavandería obtuvo el 29 de mayo de 2020 un contrato por adjudicación
directa por excepción con el gobierno de Jaime Bonilla. Por el contrato
ISESALUD-SUMINISTRO-INSUMOS-LAVANDERÍA-362/2020, con vigencia del 1 de junio al
31 de diciembre de 2020, Cabriales facturó 3.2 millones de pesos.
De acuerdo con el Registro Público del Comercio (RPC),
Domínguez Cabriales es socio de Domacos Trucking, S. de R.L. de C.V., empresa
de transporte ubicada en Mexicali, Baja California.
En el convenio firmado con Isesalud, se registró el RFC:
DOCC881219619, el cual corresponde a Cabriales, quien en el acuerdo suscribió
contar con “la infraestructura, experiencia, capacidad técnica y elementos
humanos necesarios para prestar el servicio que se requiere”, pero estableció
como domicilio fiscal Calle Valle de las Banderas, número exterior 10611,
número interior 2263, C.P. 21379, en Mexicali.
El número 10611 no fue localizado, pero se ubicó un
domicilio que sí coincidió con el número interior, en el cual únicamente se
ubica una vivienda.
Apenas el 11 de febrero de 2021 Isesalud asignó a
Domínguez Cabriales un nuevo contrato por un monto máximo a ejercer por la
cantidad de 3.4 millones de pesos y con vigencia del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2021.
En este contrato Cabriales proporcionó como domicilio
legal el asentado en Avenida Valle de Mezquital, no. 2052, Fraccionamiento
Villa Bonita, C.P. 21379, Mexicali, el cual corresponde a una casa deshabitada
y en renta.
Casa deshabitada y en renta, domicilio fiscal
de Cristian Genaro Domínguez Cabriales, quien se ha beneficiado durante la
administración de Jaime Bonilla con contratos por la suma de 6.6 millones de
pesos. // Crédito: Cristian Torres.
Sin mediar modificación de contrato, algunos de los
cobros facturados por los particulares superaron el monto máximo establecido en
los contratos. Ejemplo de ello es Clean&Dry, empresa que sin registro
público ni RFC facturó del 1 de abril al 31 de diciembre de 2020, 14.7 millones
de pesos, IVA incluido, por la proveeduría de artículos de limpieza para las
unidades hospitalarias y administrativas de Isesalud, de acuerdo con las
facturas obtenidas vía transparencia.
Esta empresa, ubicada en Mexicali, Baja California,
obtuvo el contrato NO. ISESALUD-ADQ-INSUMOS-ARTÍCULOS-LIMPIEZA-254/2020, en el
que se estableció como monto máximo de pago 13.2 millones de pesos con impuesto
incluido, lo que significa que cobró 1.5 millones de pesos más de lo convenido.
Clean&Dry aparece como propiedad de José Alfredo
Carballo Carrillo, cuyo RFC, CACX860513AJ7, es el que se asentó tanto en el
contrato como en las facturas.
Otro ejemplo de estas anomalías es el contrato
ISESALUD-SERVICIO-LIMPIEZA-314/2020 entregado sin licitar a Virginia González
Andrade, con domicilio fiscal en Avenida La Campiña, Manzana 4, Lote 11 de la
colonia Granjas Familiares, en Tijuana. Esta dirección corresponde a una
oficina ubicada arriba de una tienda de abarrotes y no reúne las
características de un negocio que obtuvo un contrato de 55.2 millones de pesos.
Oficina de la proveedora Virginia González
Andrade, quien no comprobó la suficiente solvencia económica: SHyFP. // Crédito: Ángel Gabriel Morales.
Isabel Mercado
