Al menos 34 millones 595 mil 999 pesos fueron los que el
gobierno de Baja California pagó entre 2014 y 2019 a empresas fantasma por
servicios y compras sin licitar y sin contratos de por medio. La mayoría de los
contratos se firmaron en el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, pero la
operación de empresas fantasma también permeó a la administración de Jaime
Bonilla.
Por Elizabeth Rosales y Eduardo Jaramillo / Newsweek Baja California
En el Cañón Bugambilias, un barrio popular en Tijuana,
vive la señora Ignacia Cruz Rodríguez Adame con su esposo, Gilberto Muñoz
Moreno.
Ambos son dueños de una empresa que facturó millones de
pesos al gobierno de Baja California entre 2015 y 2016, pero no lo
sabían.
Su casa es un cuarto en un cerro al que se llega subiendo
escaleras hechas con llantas.
No tienen piso, ni baño o servicios básicos, más que luz,
y lejos de encabezar una empresa que se dedica al desarrollo, asesoría y
suministro de servicios profesionales, Ignacia vende champús, sandalias y
estropajos en un mercado sobreruedas los fines de semana.
En papel, la pareja es socia de Grupo Viarpa SA de CV,
una de 51 proveedoras del gobierno estatal que emitieron facturas falsas en la
administración de Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, según el Servicio de
Administración Tributaria (SAT).
En total, Grupo Viarpa recibió 2 millones 874 mil 935
pesos por la venta de productos de la canasta básica, aunque ese no es el giro
de la empresa, que ofrece reclutamiento de ejecutivos y servicios corporativos,
entre otros, según su acta constitutiva.
“Vivo en el cerro, ahí es mi casita, ¿ustedes creen que
si hubiera tenido dinero, no hubiera vivido mejor?”, dice Ignacia, de 47 años.
para llegar a la casa de Ignacia Cruz. Crédito: Eduardo Jaramillo
El SAT identifica a Grupo Viarpa como una Empresa que
Factura Operaciones Simuladas (EFOS) y cada mes actualiza una lista definitiva
donde exhibe a todas las que detecta por distintas irregularidades.
Por ejemplo, que son ilocalizables, emitieron facturas
por bienes y servicios que no entregaron, o que no tienen infraestructura y
recursos humanos para dedicarse al giro que registraron.
Entre 2014 y 2019, el gobierno de Baja California pagó al
menos 34 millones 595 mil 999 pesos a 51 EFOS que emitieron 568 facturas
falsas, de acuerdo con Facturanet, herramienta desarrollada por el Data Lab del
Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.
El SAT implementó en 2014 una reforma al Código Fiscal de
la Federación (CFF) para detectar a esos contribuyentes, porque llegan a
incurrir en delitos como la defraudación fiscal, lavado de dinero y cohecho,
advierte José Antonio Melgar Díaz, presidente de la Asociación Mexicana de
Contadores Públicos.
Por eso, estar en la lista negra del SAT conlleva
sanciones que van desde la cancelación de los sellos digitales de la empresa
señalada, hasta una pena de dos a nueve años de prisión a quien expida o reciba
comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, según el CFF.
Esto último es el temor de Ignacia, quien no cuenta con
los recursos para defenderse legalmente.
Además, Grupo Viarpa no es la única empresa a su nombre
ligada al gobierno de Baja California.
Sus datos personales también fueron usados para crear la
empresa Oliza Comercializadora, que recibió dos contratos para organizar
eventos masivos, en 2016, por la cantidad de 400 mil pesos.
“La verdad me siento nerviosa, ¿de dónde voy a pagar ese
dinero?”, pregunta Ignacia, en entrevista desde su puesto en el tianguis de la
Zona Norte de Tijuana.
Video: Adelina Dayebi Pazos
Empresas ilusionistas
Si antes se les llamaba empresas fantasma, hoy podríamos
decir que son ilusionistas, porque aparecen y desaparecen a conveniencia.
En Baja California, al menos tres socios o apoderados de
Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) regresaron al padrón de
proveedores del gobierno estatal, entre 2019 y 2020, con Jaime Bonilla como
gobernador.
Aunque fueron boletinados por el SAT, uno de ellos
representa a una empresa no sancionada con la que sigue participando en
procesos de contratación.
Los otros dos tienen al menos un vínculo con una
contratista de este gobierno.
“Puede ocurrir porque la empresa es la que está
inhabilitada y propiamente no vamos a ir a verificar los nombres de los socios.
Ahí sí tendríamos que verificar. Tendríamos que ver una herramienta que nos
permitiera también filtrar los nombres de los socios para que no se mezclen en
otras empresas”, dijo en marzo pasado, Vicenta Espinosa, cuando todavía era
secretaria de Honestidad y de la Función Pública, y se le buscó para hablar
sobre los proveedores fantasma de “Kiko” Vega.
Para esta investigación se documentaron los casos de Omar
González Chávez, Martín Eduardo Ortega Chávez y Óscar Odín Medina Carrillo,
sancionados por el SAT que siguen ligados a proveedores, gracias a los puntos
ciegos del gobierno estatal.
Grupo Viarpa, por ejemplo, ya no puede emitir facturas,
pero su apoderado Omar González Chávez es gerente administrativo de
Comercializadora Empresas Baja, que se dio de alta como proveedora del estado
en mayo de 2020 y recibió tres pagos ese año por un monto de 370 mil 630 pesos,
según la Secretaría de Hacienda estatal.
Dos facturas fueron por el servicio de construcción a la
Fiscalía General del Estado (FGE) y otra más por proveer productos de salud al
Sistema Penitenciario.
El gobierno de Baja California pagó al menos tres
facturas a la Comercializadora Empresas Baja en 2020, con Jaime Bonilla como
gobernador.
Tanto Grupo Viarpa como Empresas Baja comparten un
domicilio en la Zona Río de Tijuana, distrito financiero y comercial de la
ciudad, sin embargo, el equipo de investigación constató que ahí no existen ni
oficinas ni personal de esas empresas.
Empresas Baja además factura con la dirección 1528 de la
calle Madero, en Zona Centro, pero tampoco se encuentra en ese lugar.
Un hallazgo de esta investigación es que Omar ha sido una
figura constante en las empresas ligadas a Ignacia Cruz, aunque ella dice que
no lo conoce.
El Registro Público de Comercio arroja que Omar es
administrador único de Oliza Comercializadora y tiene facultades de cobranza.
El equipo de Newsweek Baja California trató de localizarlo por diferentes
medios para obtener su versión, pero tanto el número telefónico como la
dirección electrónica registrados en el padrón de proveedores no eran válidos o
no estaban en funcionamiento.
Grupo
Viarpa y Comercializadora Empresas Baja comparten domicilio fiscal en el
Edificio Cazzar, en Zona Río de Tijuana. Crédito: Eduardo Jaramillo.
Otro caso es el de Martín Eduardo Ortega Chávez y Óscar
Odín Medina, personas físicas boletinadas por el SAT que comparten domicilio en
Tijuana con la Constructora Inmobiliaria Loreto SA de CV.
La constructora se dio de alta como proveedora en 2019,
ha participado en 242 licitaciones y recibió al menos un pago en 2020 por la
construcción de un andador vecinal en Pórticos del Lago.
El monto pagado fue de 183 mil pesos, según la Secretaría
de Hacienda de Baja California (SHBC).
Mi casa, domicilio fiscal de EFOS
Alma Medina es esposa de Martín Eduardo Ortega Chávez,
una persona física que llegó a la lista negra del SAT y rechaza ser responsable
de la emisión de facturas apócrifas.
No concedió entrevista, pero días antes de la publicación
de este reportaje informó que está recibiendo asesoría legal.
De acuerdo a Medina, su domicilio coincide con la
dirección de dos EFOS y de una proveedora estatal porque un antiguo inquilino
abusó de su confianza e hizo el registro.
Medina y Ortega viven en los límites de una colonia
popular y de la Zona Dorada de Tijuana, una de las preferidas por la clase
alta.
“El inquilino al que le rentábamos la casa hizo uso de
mis recibos para facturar […] no entiendo cómo el SAT le permitió facturar
con un recibo que no estaba a su nombre”, dice Alma Medina.
Dos
EFOS y una constructora que factura al gobierno estatal usan como domicilio
fiscal una casa en Tijuana. Crédito: Eduardo Jaramillo
propio Martín Eduardo y Óscar Odín Medina Carrillo, el inquilino que tomó sus
recibos y de quien no sabe nada.
“Se desapareció, ni el teléfono contesta”.
Según el SAT, Martín le facturó al estado 14 mil pesos
por trabajos de jardinería, limpieza y fumigación en 2015.
Pero ese mismo año, emitió 21 facturas por un monto total
de 305 mil pesos al Ayuntamiento de Tijuana.
Por su parte, Óscar Odín Medina Carrillo le facturó al
gobierno estatal la cantidad de 199 mil 150 pesos por conceptos de reparaciones
de construcción, pinturas y útiles escolares, entre 2014 y 2015.
Al Ayuntamiento de Tijuana también le facturó 606 mil 531
pesos por cobertores, dulces y renta de camiones, entre otros conceptos.
Martín Eduardo Ortega además aparece en el Registro
Público de Comercio como socio mayoritario de otra proveedora del gobierno
estatal, la Compañía Constructora Haramz SA de CV.
Aunque Alma Medina sí la reconoce, asegura que su esposo
trabaja de forma independiente desde hace años y que ya no existe una relación
con Haramz.
Esa constructora obtuvo cinco contratos por adjudicación
directa, por la cantidad de 2 millones 655 mil pesos, en la administración de
gobierno de “Kiko” Vega, según el Portal Nacional de Transparencia.
La promesa de Bonilla
Desde que era candidato a gobernador, Jaime Bonilla, ha
repetido que meterá a la cárcel a su antecesor, Francisco Vega de Lamadrid, por
defraudar a la ciudadanía.
En el 84 aniversario del “Asalto a las Tierras”, un
movimiento agrarista contra los latifundios en Mexicali, en enero pasado,
Bonilla reiteró su compromiso de encarcelar al responsable de los desvíos de
recursos y de la deuda millonaria que dejó la pasada administración estatal.
“Lo que debo de hacer es meter a la cárcel al que es
responsable y para mí ese es “Kiko” Vega”, dijo Bonilla.
Amador Rodríguez Lozano, secretario General de Gobierno,
denuncia penalmente al ex gobernador “Kiko” Vega. Cortesía.
Tras ganar la elección de 2019, el gobierno de Bonilla
interpuso una denuncia penal contra Kiko Vega y al menos 14 ex funcionarios más
por peculado y fraude.
La denuncia incluyó al exsecretario de Planeación y
Finanzas Bladimiro Hernández Díaz, la ex Oficial Mayor y ahora diputada local
Loreto Quintero Quintero, y dos funcionarios menores de los departamentos de
Normatividad y Adquisiciones de la administración estatal, entre otros.
Loreto Quintero fue contactada para este reportaje, pero
se limitó a decir que la responsabilidad fue de Finanzas.
También se buscó la versión de Bladimiro Hernández, pero
no respondió a las llamadas ni a la mensajería instantánea, aunque la
aplicación WhatsApp sí registró que Hernández leyó el mensaje solicitando la
entrevista. Después, el reportero fue bloqueado en WhatsApp y ya no pudo enviar
más mensajes.
El día en que se presentó esa primera denuncia, el
secretario General de Gobierno Amador Rodríguez Lozano habló de un desvío de
más de mil 200 millones de pesos, que se habría hecho mediante el pago de
asesorías entre 2017 y 2018 a casi 40 empresas.
“Muchas de estas empresas se constituyeron el mismo día
en que se hizo el pago. Hemos investigado en la Ciudad de México, y hemos visto
que hay varias que tienen el mismo domicilio, en apartamentos inexistentes, en
casas abandonadas”, afirmó Rodríguez Lozano en noviembre de 2019.
La investigación continúa su curso y la próxima audiencia
está fijada para el 11 de junio, según Rodríguez Lozano en una atención a
medios que dio el 23 de abril.
A pesar de los esfuerzos por señalar responsables en la
administración pasada, este reportaje encontró coincidencias entre socios y
apoderados sancionados por el SAT y el padrón de proveedores de este gobierno.
Millones de pesos pagados en la ilegalidad
El SAT reconoce a 51 empresas fantasma que facturaron al
gobierno de Baja California entre 2014 y 2019.
La razón social que obtuvo el trozo más grande del pastel
se llama Bufete de Consultoría, Asesoramiento y Análisis de Laboratorio
SC.
Obtuvo 8 millones 157 mil 044 pesos en dos pagos por los
conceptos de “Servicios profesionales para el análisis, revisión, seguimiento y
solventación de U023, correspondiente a la Cuenta Pública 2012” y por un
“Diagnóstico de Reingeniería en los principales procesos”.
Se les contrató sin que existiera un proceso de
licitación, aunque la Ley de Adjudicaciones, Arrendamientos y Servicios para el
estado de Baja California lo exige para compras mayores de 13 mil UMA (Unidad
de Medida y Actualización), que hoy serían 1 millón 129 mil 440 pesos.
Además, el gobierno estatal dice que no existe ningún
contrato en su archivo firmado con esa empresa.
El domicilio fiscal de ese Bufete lleva al séptimo piso
de un edificio en Polanco, una de las zonas más exclusivas en Ciudad de México.
En ese piso se encuentra un despacho jurídico, una
agencia de mercadotecnia y una constructora.
El Bufete de Consultoría, Asesoramiento y Análisis de
Laboratorio no se enlista en el directorio de ese edificio, pero al tocar a la
puerta de la oficina que fue registrada ante el SAT, se encuentra Grupo ASVE,
una oficina virtual que responde por decenas de empresas.
“Ponle que tienen 70 empresas, pero nosotros nada más
conocemos una”, dijo el empleado de un negocio vecino, sobre Grupo ASVE.
Entre los clientes de ese grupo se encuentra la EFO que
facturó más de 8 millones al gobierno del estado.
“Sí, aquí estaba, pero se dio de baja el 29 del 05 de
2019”, respondió la recepcionista, luego de buscar el nombre en su computadora.
Bufete de Consultoría, Asesoramiento y Análisis de
Laboratorio SC registró como domicilio fiscal una oficina virtual en Polanco,
Ciudad de México. Crédito: Elizabeth Rosales.
El Bufete de Consultoría, Asesoramiento y Análisis de
Laboratorio se dio de alta ante el SAT el 19 de enero de 2007, pero no aparece
inscrita en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía.
Tampoco tiene contratos con el gobierno federal o con
otros gobiernos locales en los que exista una participación federal, según
registros de la aplicación web QuienEsQuien.wiki de la organización Poder.
Y aunque en febrero pasado Newsweek Baja visitó el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, las
búsquedas de antecedentes registrales están detenidas por la situación de
pandemia por el COVID-19.
El registro público local informó que el servicio se
reanudará hasta que el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México cambie a
color verde.
En Mexicali, el segundo contratista más grande
En la capital de Baja California se encuentra el segundo
proveedor más grande entre las EFOS detectadas por el SAT.
Se trata de Juan Martínez Arredondo, quien registró su
domicilio en el Cóndor, una colonia de viviendas populares con alta incidencia
delictiva.
Las viviendas en el Cóndor son de 67 metros cuadrados de
construcción, con la pintura roída, y calles con baches.
Al igual que sucedió con Ignacia Cruz en Tijuana, la
fachada del domicilio de Juan contrasta con los ingresos que percibió como
contratista del gobierno estatal.
En el tercer piso de este departamento, en Mexicali,
vivió Juan Martínez, contratista del estado sancionado por el SAT. Crédito:
Eduardo Jaramillo.
Entre 2014 y 2015, Juan Martínez obtuvo 5 millones 730
mil 855 pesos por 79 facturas que describen la venta de paquetes de
construcción, alimentos y artículos para las festividades de eventos masivos.
Juan vivía en el tercer piso de su edificio en El Cóndor,
según el señor Antonio, un vecino que vive en el primer piso y tiene un pequeño
cuarto donde corta el cabello.
“Por aquí vivió en algún tiempo, hace como 5 años. Se fue
y ya”.
El esquema que las une
Para Vicenta Espinosa, ex secretaria de Honestidad y de
la Función Pública, es complejo identificar al beneficiario final en el esquema
de empresas fantasma, pero señala indicios de colusión entre servidores
públicos en casos como el de Grupo Viarpa, que tienen un giro y emiten facturas
por uno distinto.
“No pueden estar haciendo eso, esto es un claro ejemplo
de que tienen información privilegiada y es una falta grave en la ley de
responsabilidad administrativa”, dijo en entrevista en los primeros días de
marzo pasado cuando era todavía la titular de Honestidad.
Detalla que el gobierno estatal tiene registro de las
cuentas bancarias que recibieron transferencias por servicios y compras
simuladas, pero asegura que hay redes que intentan complejizar la ruta del
dinero.
“Son prestanombres. Muchas veces la persona que retiró el
recurso utilizó un nombre o una cuenta de una persona que nada tiene que ver”.
Ignacia Cruz piensa que robaron su identidad el día en
que su compadre, otra persona en situación vulnerable, la invitó a solicitar
empleo en una supuesta agencia de autos nuevos ubicada en Zona Río de Tijuana.
Engañada, y motivada por su necesidad económica, entregó
documentos personales y fue llevada ante el SAT, pues le dijeron que era un
requisito para ser contratada.
“Me dijo que consiguiera gente y me daban mil pesos por
cada persona que metiera”, cuenta Ignacia un sábado en su puesto del mercado
sobreruedas.
Llevó alrededor de diez personas, incluyendo a su esposo,
Gilberto Muñoz Moreno.
Dice que no recuerda los nombres de quiénes llevaron a
cabo la operación y tampoco la fecha en que sucedió, pero Grupo Viarpa fue dado
de alta en 2015.
Eduardo Jaramillo
Elizabeth Rosales
