En Coahuila la justicia negocia las sentencias de
feminicidio con un factor en común: el miedo. Esta investigación revela que
desde 2014, el 84 por ciento de las sentencias por este delito se negociaron.
Los ministerios públicos presionan a las familias de víctimas de feminicidio
para aceptar un procedimiento abreviado, una figura en la que el responsable
acepta su culpabilidad a cambio de una pena menor y evitar juicios orales
largos, pese a tener en muchos casos las pruebas y argumentos para aplicar
sentencias más altas. La figura del proceso abreviado, también conocido como
“justicia negociada”, está en la ley. Pero las prácticas y estrategias de los
ministerios públicos para convencer a las familias víctimas, están lejos de
apegarse a leyes como la General de Víctimas, la Ley de Acceso a las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia o al propio Código Nacional de Procedimientos
Penales.
Familias de víctimas de feminicidio han denunciado los obstáculos para acceder a la justicia.
A Deisy Carolina Ramírez, el ministerio público le
aseguró que el procedimiento abreviado era lo mejor para concluir el caso del
feminicidio de su hija de dos años. Así ya no revictimizarían a su familia. Le
dijeron que pensara en su mamá, que en una audiencia se había puesto mal de
salud. A Cristela Soto le prometieron que si aceptaba el juicio abreviado,
tendría seguros 12 años de prisión para el feminicida de su hija. De lo
contrario era mucho riesgo y se podría perder el caso porque su nieto de nueve
años tendría que declarar. A Lourdes Trejo la asustaron una y otra vez diciéndole
que se podía equivocar al declarar como testigo principal. Solo recibió miedo
de que tendría que volver a ver las fotografías de su hija apuñalada y que el
juicio oral no sería sano para ella. A la salida de una reunión, a Teresa Nabor
le dijeron que aceptaba o aceptaba el procedimiento abreviado.
Son experiencias que cuatro madres de víctimas de
feminicidio aseguran haber vivido en su largo camino para obtener justicia. Son
presiones que podrían ser las principales causas de que en Coahuila, de 2014 al
primer trimestre de 2021, 37 de 44 sentencias por feminicidio -según datos
proporcionados por el Poder Judicial del Estado- se resuelvan por un
procedimiento abreviado, una figura del Sistema Penal Acusatorio que ofrece una
forma de terminación anticipada en la que el imputado acepta su responsabilidad
y negocia su pena.
Martha Rivera Hernández, directora general de
Investigaciones Especializadas de la Fiscalía del Estado, asegura que en ningún
momento la intención de ofrecer el juicio abreviado ha sido presionar a las
familias y que son salidas que permite el Sistema Penal para no saturarlo.
El procedimiento abreviado, según el Código Nacional de
Procedimientos Penales, requiere que el imputado reconozca su culpa, renuncie a
su derecho a un juicio oral, que se enuncie el monto de reparación del daño y
que la víctima u ofendido no presente “oposición fundada”. Según el testimonio
de familias que han vivido esos procesos, así como el de especialistas,
abogadas y acompañantes de víctimas, para evitar esa “oposición” los
representantes del estado emplean estrategias de miedo, manipulaciones, engaños
y prácticas violatorias de derechos humanos.
Esto se traduce en una realidad: por más reformas y
aumentos a las penas por feminicidio, las sentencias no alcanzan la pena
máxima, sino más bien las mínimas establecidas en el Código Penal o inclusive
hasta menores.
En Coahuila se han abierto desde 2015, 105 carpetas de
investigación por feminicidio, un delito que hasta antes de septiembre de 2019
se castigaba con una pena de 20 a 50 años de prisión. A partir de entonces la
pena aumentó de 40 a 60 años de cárcel.
De las 37 sentencias que han concluido en procedimiento
abreviado, únicamente en cinco se dictaron penas de 40 o más años, dos
sentencias fueron de 30 años, ocho sentencias tuvieron una penalidad de entre
21 y 29 años, y el resto, 22 sentencias, con castigo de 20 años de prisión o
inclusive menos años.
Hay sentencias de 10, 14 o 18 años. En cambio, las
sentencias de casos que optaron por el juicio oral alcanzaron penas de prisión
de 43 años o más. Con excepción de un caso que conmocionó a la entidad: el
asesinato de María Milagros Ramírez, de 2 años. Al feminicida lo condenaron a
23 años y 9 meses.
Luchar por su milagro
Los doctores le dijeron a Deisy Carolina Ramírez que
tenía posibilidad de abortar porque su embarazo era complicado y podría afectar
su salud. Su niña “podía salir mal”.
Ella, madre soltera, se negó. “Si así Dios me la quiere mandar,
ya veré la manera de sacarla adelante”, dijo.
El 16 de febrero de 2017 nació su hija sin ningún
problema. Y por eso decidió llamarla Milagros, María Milagros.
-Era mi milagro –cuenta la madre.
Por eso, cuando su pareja asesinó brutalmente a Milagros
dos años después de nacida, la rabia le invadió y comenzó a luchar por
justicia. Por eso, cuando le ofrecieron un juicio abreviado para negociar la
pena del feminicida, se negó. Quería la sentencia máxima. Por eso cuando
escuchó la sentencia de 23 años y 9 meses que impuso una jueza al feminicida,
sintió que le falló a su hija.
María Milagros de 2 años fue asesinada en el municipio de Matamoros, Coahuila. Su madre Deisy Carolina Ramírez ha luchado por obtener la pena máxima para el feminicida.
La señora Ramírez habla desde su casa en el municipio de
Matamoros. Lleva todavía rastros en su cabello de tinte violeta, el color
reivindicativo de la lucha de las mujeres. Hace unas semanas, la jueza dictó la
pena a quien fuera su pareja.
Está en trámite para apelar la sentencia. Es la última
batalla contra un sistema penal e institucional que parece ensañarse con ella
desde el 6 de mayo de 2019, cuando su hija fue golpeada y abusada sexualmente.
Ese día, su mamá no pudo cuidar de Mili, como llamaban a
la pequeña que gustaba bailar y dar abrazos como Olaf, el muñeco de Frozen. La
dejó encargada con Eduardo, su pareja. Ella tenía que trabajar en una fábrica.
Pero al cuidado de Eduardo, Mili sufrió traumatismo craneoencefálico severo,
golpes en el abdomen y tenía rastros de dilatación anal.
La madre de María Milagros guarda al muñeco Olaf, el preferido de su hija asesinada.
Mientras su hija estaba en terapia intensiva, Deisy
Carolina rindió su declaración en el Centro de Justicia, al mismo tiempo que la
Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) mandaba a una casa
hogar a sus otros dos hijos, de 10 y 8 años entonces.
Milagros falleció el 14 de mayo.
Deisy Carolina Ramírez tuvo que dar la custodia
provisional a su mamá para sacar a sus hijos de la casa hogar y aguantar que en
las instituciones de gobierno la juzgaran por tener que trabajar y no cuidar a
sus hijos.
Luchó después por etiquetar la carpeta de investigación
como feminicidio, pues en un inicio quisieron juzgar el caso como “lesiones
gravísimas”.
-No se me hacía justo. La licenciada Martha me dijo que
lo hacían porque no podían subir las estadísticas de feminicidio –asegura la
madre.
También asegura que en la Fiscalía de Coahuila, la
ministerio público Liliana Bermúdez (después removida a otra área) tachó su
caso como un “dolor de cabeza” porque la madre no entendía los términos
jurídicos.
Para la abogada y acompañante de víctimas, Lucía Razo,
esas vivencias son comunes en las familias porque dice que las autoridades ven
a las víctimas como un “bien jurídico lesionado”, un ente ajeno y no se les ve
como parte del proceso, sino que se les deshumaniza.
La señora Ramírez cuenta que trataron de convencerla de
que aceptar el procedimiento abreviado era lo mejor.
En su casa comenzó a navegar por internet porque
desconocía el término. Encontró el Código Nacional de Procedimientos Penales
que indica que, para darse el procedimiento abreviado, el imputado reconoce su
culpa, renuncia a un juicio oral, negocia su pena y ésta puede ser hasta un
tercio de la mínima.
Regresó a la Fiscalía y señala que el ministerio público
–el licenciado Roberto refiere la madre- le insistió que era la mejor opción.
-Yo siempre les decía “¿lo mejor para quién? ¿Para él?”
-recuerda.
Para Ariadne Lamont, directora de Incidencia y
Acompañamiento del Instituto de Formación, Investigación y Consultoría de
Género y Derechos Humanos (INCIDE Femme), en la realidad esta figura tiene más
beneficios para el imputado y para el ministerio público. No para las
víctimas.
Para el imputado porque tiene una pena reducida y para
los ministerios públicos porque representa menos tiempo, recursos y
energía.
La madre no encuentra razón para insistir en un juicio
abreviado cuando se tienen los suficientes elementos en una carpeta de
investigación.
-¿Por qué cree que lo hagan? –pregunta este
reportero.
-Para no trabajar. Para decir que ya se hizo justicia. Ya
ahí queda. Se puede hacer más.
“No es sano”
A María de Lourdes Trejo Durón también le ofrecieron el
procedimiento abreviado, pese a que ella era la testigo principal del
feminicidio de su hija Perla Guadalupe Trejo Durón. De hecho, ella también fue
atacada por su yerno el 6 de noviembre de 2018 en Torreón.
Esa mañana, su hija Perla Guadalupe decidió dejar a su
pareja Martín de Jesús Ruiz Barrientos, con quien tenía dos hijas. Un día antes
la golpeó y la mordió tan agresivamente que casi le arranca un pedazo de
piel.
Martín la convenció de ayudarla a recoger su ropa. María
de Lourdes la acompañó.
Subieron al carromato donde Martín había cargado escombro
y dijo que iba a tirarlo en un baldío antes de dejarlas.
El caballo paró en el monte.
-Ya te dije que no te voy a dejar, prefiero verte muerta
que con otro güey– gritó el hombre y comenzó a golpearla y acuchillarla.
Martín amarró a su suegra a un mezquite. Agarró una
camisa y se la puso en la boca. También un lazo al cuello para que no
respirara. Y se fue.
La señora Trejo se desamarró. Pensó que su hija estaba
desmayada, pero Perla Guadalupe había sido asesinada de cinco puñaladas.
El 15 de noviembre Martín fue detenido y de inmediato el
juicio abreviado fue la primera opción.
“Le van a poner fotos de cómo quedó su hija. Va a
recordar todo. Es lo mejor porque no tendrá que narrar los hechos delante de su
yerno. Se puede equivocar y sale libre y ni un año le toca”.
Fueron algunos de los “argumentos” que, recuerda la
madre, recitó la ministerio público Liliana Bermúdez.
-¿Le mencionó algunos beneficios del juicio oral?
–pregunta este reportero a la madre.
-No, solo que no era bueno, que no era sano para mí. Para
ellos era mejor, más rápido, no iba a estar recordando. Que ya, lo sentencian y
no lo vuelvo a ver.
Finalmente, Lourdes Trejo cedió y aceptó el juicio
abreviado. Sintió que no iba a poder testificar frente al feminicida. Recordaba
las palabras que alguna vez escuchó de su yerno: “Primero mato a Guadalupe,
luego a las niñas y luego me mato yo”. El miedo de que el feminicida quedara
libre la orilló a aceptar la propuesta.
Martín de Jesús Ruiz Barrientos fue sentenciado a 20 años
de prisión por el feminicidio de Perla Guadalupe. También le sumaron cuatro
años por el delito de lesiones simples y privación de la libertad en contra de
María de Lourdes. El juez de ejecución dictó 50 mil pesos de reparación del
daño para la madre, que se quedó con dos nietas huérfanas. Pero la reparación
se ha cubierto en abonos: primero le dieron 25 mil pesos, después 9 mil. Quedan
pendientes 16 mil pesos.
La madre María de Lourdes no soportó las presiones y miedos, y aceptó el juicio abreviado.
Miedos y presiones: modus operandi
Ariadne Lamont, directora de INCIDE Femme, acompañó el
caso de la señora Lourdes Trejo, en el que constató la presión para que
aceptara el juicio abreviado.
-Le decían a la señora: ‘se puede equivocar. No porque
usted sea testigo quiere decir que vamos a ganar. Usted puede cometer un
error’.
Para Lamont se trata de infundir miedos, meterles en la
cabeza que se van a equivocar y desarmar a las madres. En lugar de decirles que
la van a preparar para que haga el mejor papel en el juicio y logre su
objetivo: justicia.
Ana Yeli Pérez Garrido, directora de la organización
Justicia Pro Persona A.C. y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio (OCNF), afirma que en el camino las autoridades usan
la figura del procedimiento abreviado como su primera opción. Y en el camino se
presiona a las víctimas y se engaña diciéndoles que el proceso es tan difícil o
improbable que se llegue a una sanción, que es la única salida.
Lucía Razo, abogada y acompañante de víctimas, dice que
no les explican sus derechos y de inmediato comienzan con intimidaciones,
manipulaciones y estrategias de miedo.
-Les dicen ‘si hubo menores testigos van a tener que ir a
declarar, ¿segura que quieres hacerle eso a tus sobrinos, nieto? Anda que mala.
Es un trauma que no van a superar’.
Para Razo se trata de prácticas violatorias de derechos
humanos, porque no se apegan a la legalidad del proceso.
-La legalidad del proceso también es aplicar los principios
de derechos humanos en los que se rigen nuestras legislaciones. Si no existe
ese apego a los principios, si no existe ese enfoque de derechos humanos, cómo
se va a hablar de una debida legalidad del proceso -cuestiona.
La llamada ‘justicia negociada’ tiene grietas y áreas de oportunidad.
La Ley General de Víctimas, por ejemplo, establece que
las víctimas deberán “ser informadas de manera clara, precisa y accesible de
sus derechos por parte del Ministerio Público” o que “no podrá llevarse la
conciliación ni la mediación a menos de que quede acreditado, a través de los
medios idóneos, que la víctima está en condiciones de tomar esa decisión”, lo
que no muchas veces sucede, porque las familias -principalmente las madres-
están en un estado de shock, vulnerables, “donde a veces no son capaces de
comprender una instrucción”, dice la psicóloga y activista Adriana Romo.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, indica que las víctimas de
violencia deben “recibir información veraz y suficiente que les permita decidir
sobre las opciones de atención” y que “la víctima no será obligada a participar
en mecanismos de conciliación con su agresor”.
La Declaración sobre los principios fundamentales de
justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder habla de “informar a las
víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de
las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se
trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información”.
Para Lucía Razo, si no se atienden los principios de
legalidad, se debe hablar de una omisión por parte de las autoridades del
estado, de un desinterés.
¿Por qué la insistencia?
Martha Rivera Hernández, directora general de
Investigaciones Especializadas de la Fiscalía del Estado, asegura que en ningún
caso ha sido la intención presionar. Justifica que muchas veces la violencia se
ejerce delante de personas menores de edad, y se sugiere el procedimiento
abreviado para que no tengan que acudir ante tribunal.
Afirma que si el ministerio público considera que la
posibilidad del abreviado es buena opción, se le propone entonces a la víctima.
Si no acepta, “sin ningún problema vamos a juicio”.
-Se da esa posibilidad para evitar que después, por una
saturación, nos vayamos a tener que hacer fila, a ver cuándo nos toca el juicio
y se vaya retrasando –argumenta la funcionaria.
Aunque la abogada Lucía Razo considera que la innegable
saturación de las fiscalías y entes que imparten la justicia, hace que empiecen
a ver a la víctima como un problema, como un peso encima que se puede remover
con un procedimiento abreviado.
Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del OCNF,
refiere que, de entrada, hay vicios de origen por malas investigaciones y a eso
se le suma que las instituciones no cuentan con personal suficiente en la
mayoría de los estados para atender estos delitos, ni con servidores públicos
técnicamente capacitados.
En Coahuila hay dos unidades especializadas en el delito
de feminicidio, una en la región Laguna y otra en la región Sureste. Cada una
tiene dos agentes con especialización en feminicidio y además hay un
coordinador de agentes.
Las unidades
especializadas no cuentan con presupuesto propio y dependen de la asignación de
recursos de la Fiscalía General, según respuesta de la misma dependencia a una
solicitud de información.
Ariadne Lamont considera que la estadística de que el 84%
de las sentencias han concluido por la vía abreviada, refleja el poder de
convencimiento de los ministerios públicos; así como la presión a la que
estuvieron sujetas las madres.
En estados como Baja California la historia es la misma:
de 38 sentencias de feminicidio desde 2016, 32 terminaron por juicio abreviado
(84%) y seis por juicio oral; en Sonora de 112 sentencias, 88 fueron por el
procedimiento abreviado (78.5%). Aunque en otros estados como Nuevo León, la
cifra es a la inversa: de 44 sentencias por feminicidio en el sistema penal
acusatorio desde 2016, solo cuatro concluyeron por procedimiento abreviado y en
Veracruz -desde 2015- 22 optaron por el juicio oral y tres por el abreviado.
Todas las estadísticas fueron entregadas por los poderes judiciales de cada
entidad vía solicitudes de información.
La activista Ariadne Lamont asegura que persisten las malas clasificaciones en el delito de feminicidio.
-¿A poco tantas madres no van a estar con esa fuerza
vital por dentro que les diga ‘quiero la máxima sentencia para quien mató a mi
hija y dejó huérfanos a mis nietos? –cuestiona Lamont.
La señora Cristela Soto Contreras fue una de las madres
que no accedió al procedimiento abreviado.
El 16 de julio de 2016, Édgar Omar Piña, pareja de su
hija Daisy Viridiana Martínez Soto, la golpeó y la arrojó del autobús que
manejaba. El hijo de la pareja, de nueve años ahora, miró todo. La ministerio
público, recuerda la señora Cristela, infundió miedo que el nieto se podía
equivocar.
La señora se sostuvo.
Cristela Soto refiere que les meten muchas dudas, sobre
todo porque las familias llegan cegadas y a todo dicen que sí. Pero para ella,
lo que menos quería era que el responsable quedara libre y que en unos años
buscara a su nieto.
Después de no aceptar el procedimiento abreviado y
apostarle al juicio oral, consiguió en abril pasado una sentencia de 42 años y
seis meses para el feminicida.
Analizar cada caso
Adriana Romo, integrante de la Red de Mujeres de La
Laguna, considera
Francisco Rodríguez
