La declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19
cerró negocios y obligó a la cuarentena de la población, pero abrió los
candados básicos de adquisiciones en las entidades de la frontera norte. El
método del concurso o la licitación fue dejado de lado y, así, sin los mínimos
controles, las entidades ejercieron recursos públicos dedicados a atender la
emergencia.
Por Juan Manuel Ramos
Entre marzo y septiembre de 2020 los seis estados de la
frontera norte de México y Baja California Sur destinaron millones de pesos a
insumos y servicios enfocados en atender la emergencia sanitaria por COVID-19,
gastos que no pueden ser comprobados mediante transparencia, pues las entidades
carecen de respaldo documental y de bases de datos completas de las
adquisiciones.
¿Quién, después de gastar una fuerte suma de dinero, no
cuenta con un comprobante o documento que avale cuánto dinero gastó y a quién
se lo pagó? En los estados de la frontera norte de México esta fue una
situación recurrente durante los primeros siete meses de la pandemia.
Diferencias notables en los reportes de gasto de recursos
públicos destinados a la contingencia sanitaria y falta de padrones de
beneficiarios y de facturas son algunas de las irregularidades identificadas en
esta investigación.
Mediante 162 solicitudes de acceso a la información
pública se cuestionó a los estados de Baja California, Baja California Sur,
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas sobre el ejercicio de los
recursos públicos destinados a atender la emergencia sanitaria.
Se detectó que los datos que ponían a disposición del
público mediante sus páginas de Internet oficiales -que también replicaban en
medios de comunicación- no coincidían con las cifras que entregaban vía
transparencia y que, además, carecían de un respaldo documental completo.
El gasto público destinado a salud se encuentra entre los
rubros en los que más irregularidades se registran, señaló Viridiana
Ríos, doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard y analista política.
“Nos sorprendió mucho lo que está pasando en materia de
salud, y esto es particularmente relevante ahora que estamos enfrentando la
pandemia en México”, señaló la autora de “La otra mafia del poder”, estudio que
detalla los esquemas de corrupción relacionados con el dinero destinado a gasto
social, y que fue resultado de analizar las auditorías de la federación de los
últimos 18 años.
“Resulta que cerca del 14 por ciento de la totalidad de
las irregularidades se concentra en gasto originalmente destinado a la salud”,
agregó Ríos.
Ante el precedente que hay en México de corrupción y
opacidad de los gastos realizados con dinero público, esta investigación
analizó a fondo si se estaban transparentando las adquisiciones realizadas por
COVID-19 en el norte de México.
En Tamaulipas la Secretaría de Salud respondió que la
información de facturación era de carácter confidencial. // Redes Quinto Poder
Adjudicaciones directas y sin transparencia
Fue el 11 de marzo de 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud declaró
que el coronavirus era una pandemia; al considerarse una emergencia sanitaria
global, las autoridades mexicanas debieron equiparse lo más rápido posible para
atenderla.
Por este motivo no se llevaron a cabo las licitaciones
que por Ley deben realizarse entre las empresas interesadas en proveer a los
gobiernos de bienes y servicios, pues, al tratarse de una emergencia nacional,
las unidades de compra pudieron excluir esta parte del proceso.
La situación derivó en que los gobiernos adquirieron por
asignación directa insumos, medicamentos y demás productos orientados a la
atención de la emergencia para diferentes áreas.
De acuerdo con los datos obtenidos mediante acceso a la
información pública, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua,
Nuevo León, Sonora y Tamaulipas habían gastado 5 mil 231 millones 254 mil 564
pesos hasta el 5 de septiembre.
Sin embargo, si un ciudadano quisiera ver facturas y
conocer con exactitud cuánto costó cada producto y quiénes fueron los
beneficiarios, se enfrentaría a un problema, pues ninguno de los siete estados
pudo entregar los datos completos vía transparencia.
Evaluar cómo se están transparentando los recursos en
tiempo de pandemia es un esfuerzo necesario y muy importante, argumentó Justine
Dupuy, coordinadora del programa de combate a la corrupción de Fundar, Centro
de Análisis e Investigación.
“La expresión documental de la disposición final del
beneficio deberá ir acompañada de documentos firmados por los beneficiarios y
algún medio de identificación de las personas”, recalcó Dupuy.
De Sonora Servicios de Salud del Estado envió una
descripción de los programas sociales pero no de los beneficiarios. // Redes
Quinto Poder
Montos erogados no coinciden
El Gobierno del estado de Chihuahua informó en su página
de Internet haber gastado 3 mil 465 millones de pesos mientras que, por acceso
a la información pública, reportó 234 millones de pesos: una diferencia de 3
mil 231 millones de pesos entre ambos montos.
El 18 y el 23 de febrero, el autor de esta investigación
buscó conocer la postura del Gobierno de Chihuahua mediante correos
electrónicos y llamadas a la oficina de Comunicación Social con el fin de
cuestionar sobre las irregularidades detectadas en las solicitudes de acceso a
la información pública sin obtener respuesta.
Baja California, Baja California Sur y Sonora, por su
parte, no contaban (a la fecha de realización del reportaje Marzo a septiembre
2020) con información en su página de internet, pero sí entregaron montos vía
transparencia, razón por la cual no se pudo contrastar la información.
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas no proporcionaron
montos gastados por las dependencias. En su lugar respondieron con un enlace al
micrositio de información de acciones y gasto COVID-19, por lo que no fue
posible contrastar lo publicado contra lo respondido vía solicitudes de
información pública.
También por acceso a la información pública se solicitó a
cada uno de los estados de la frontera norte que proporcionaran el padrón de
beneficiarios de las adquisiciones, listado que solo Nuevo León entregó y fue
incompleto, pues faltó el área de salud, donde este estado concentra el 80% del
gasto que reporta.
¿Y las facturas?
Respecto a las facturas, se le solicitó a cada estado la
expresión documental de los insumos adquiridos o pagados para mitigar y
combatir los efectos de la emergencia causada por el COVID-19.
De acuerdo con la investigadora Justin Dupuy, es
importante que detrás de una adquisición realizada con dinero público exista un
respaldo que permita corroborar la información.
“De modo que se pueda verificar posteriormente la entrega
de apoyos directos o en especie y se eliminen riesgos de corrupción. Se debe
contar con un registro documental más allá de las fotos o videos”, indicó
Dupuy.
Pese a la importancia que tienen estos documentos en la
rendición de cuentas, todos los estados fronterizos de México resultaron
incompetentes a la hora de proporcionarlos.
Baja California entregó información a medias, pues dos
oficinas sí pudieron enviar facturas, mientras que dos dependencias no
respondieron a las solicitudes de acceso a la información pública.
Del estado de Baja California Sur ninguna dependencia
entregó información de lista o padrones de beneficiarios pese a que sí
compartieron imágenes de las entregas. // Redes Quinto Poder
En Baja California Sur dos unidades de compra solicitaron
el pago de tres pesos por cada copia que requiriera la respuesta, mientras que
otro sujeto obligado indicó que únicamente podía proporcionar los documentos en
un disco compacto.
Del estado de Coahuila sólo se obtuvo respuesta por parte
de un sujeto obligado, mientras que los demás no contestaron o pidieron un pago
para proveedor las facturas.
En Nuevo León, de las cuatro dependencias a las que se
solicitó información sobre las facturas, únicamente la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado respondió también a cambio de pago previo.
En Tamaulipas se solicitó información de tres
dependencias, de las cuales solo contestó la Secretaría de Salud, pero para
alegar que la información requerida era “confidencial”.
Y en el estado de Sonora dos dependencias entregaron la
información completa y dos no respondieron.
Compras sin destinatario claro
Ninguno de los estados fronterizos pudo entregar mediante
acceso a la información un padrón de beneficiarios y a medias lograron
comprobar la existencia de un padrón de proveedores con el monto entregado a
cada uno.
Para la elaboración de este reportaje, a cada entidad se
le pidieron las listas, padrones y registros de beneficiarios de los programas,
acciones, campañas y similares, de cualquier apoyo a la población orientado a
mitigar y combatir los efectos de la emergencia sanitaria.
De las dependencias que corresponden a Baja California
dos contestaron con información incompleta: sólo brindaron la cantidad de
personas beneficiadas y un archivo que no contenía los datos solicitados.
Se buscó conocer la postura del Gobierno de Baja California
mediante Comunicación Social para ampliar la información el 18 de febrero y no
se obtuvo respuesta. El 23 de febrero de nuevo se pidió contraparte, pero la
petición se redireccionó al área de transparencia.
Del estado de Baja California Sur ninguna dependencia
entregó información de lista o padrones de beneficiarios. La Secretaría del
Trabajo y Desarrollo Social de este estado respondió que solo entregaban la
información de manera física.
En Nuevo León de las cuatro dependencias a las que se
solicitaron facturas sólo la Secretaría de Finanzas y la Tesorería General del
Estado respondieron a cambio de pago previo. // Redes Quinto Poder
En Chihuahua sólo una dependencia proporcionó la
información completa, con nombre y dirección de los beneficiados, mientras que
dos organismos entregaron información a medias y otra oficina respondió que no
era competente.
En el estado de Coahuila dos dependencias no entregaron
la información y la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social brindó una
pequeña selección de 14 fotos que no respalda el total de los apoyos otorgados.
Sólo dos dependencias del Gobierno de Nuevo León
cumplieron en enviar la información completa, publicada en su sitio web, con
lista e información de los beneficiados.
En Tamaulipas, únicamente la Secretaría de Bienestar
Social envió un link que contenía información incompleta de los datos
solicitados, es decir, el sitio web no cuenta con nombres e información de las
personas beneficiadas.
Del estado de Sonora no se pudieron obtener datos a
través de la ley de acceso a la información pública, sin embargo, Servicios de
Salud del Estado compartió datos con la descripción de los programas sociales,
mas no de los beneficiarios.
Opacidad en el rubro de la salud es recurrente en México
Un claro ejemplo de irregularidades se puede tomar de las
observaciones de la Auditoría Superior de la Federación al Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud en el ejercicio fiscal 2019, en las
que, de 85 mil 313 millones de pesos se detectó incumplimiento por un monto de
14 mil 401 millones: más del 16 por ciento del gasto auditado.
De acuerdo con la especialista en temas de corrupción
Viridiana Ríos, ante el panorama de la actual contingencia sanitaria, en la que
todos los estados de la frontera norte pueden contratar servicios y productos
destinados para salud sin licitar, se espera un incremento de la
corrupción.
“Me parece que, probablemente, lo que observaremos es una
gran cantidad de irregularidades en las entidades federativas y eso también es
algo que muestra el estudio. El estudio muestra que la gran mayoría, 8 de cada
10 pesos irregulares, fueron gastados por los estados”, indicó Ríos.
Entre las observaciones detectadas a los estados en la
Auditoría Superior de la Federación están la falta de documentación, recursos
no ejercidos que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación,
transferencia de recursos a otras cuentas bancarias y pago excedente en
sueldos.
Cabe destacar que, de las irregularidades identificadas
durante 2019, sólo se aclararon 4 mil 864 millones de pesos y 9 mil 169 están
pendientes de aclarar.
Baja California entregó información a medias, pues dos
oficinas sí proporcionaron facturas de los apoyos y el resto no respondieron
las solicitudes de acceso a la información pública. // Redes Quinto Poder
Deudas y falta de auditoría en la frontera
En Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y Baja
California, los Congresos locales aprobaron modificaciones a las leyes de
ingresos y egresos para permitir ampliar el gasto destinado a salud, así como
la contratación de deuda, para destinar recursos extraordinarios a la pandemia
de COVID-19.
Así, por ejemplo, el Congreso de Tamaulipas aprobó
al gobierno estatal una deuda por 4 mil 200 millones de pesos; en Sonora la
aprobación de deuda fue por mil 300 millones. En Chihuahua las diputadas y
diputados autorizaron reasignación presupuestal sin límites. Nuevo León aprobó
reasignación entre secretarías del ejecutivo superiores al 10%, pues la Ley
local permitía esa facultad discrecional al Secretario de Finanzas pero con
tope de 10%.
Sin embargo, únicamente Sonora respondió que se están
realizando auditorías en tiempo real del gasto ejercido por el COVID-19,
mientras Baja California, Tamaulipas y Chihuahua informaron -hasta el mes de
septiembre- que no habían iniciado algún proceso de fiscalización.
Los estados de Coahuila, Nuevo León y Baja California Sur
señalaron que sí planeaban llevar a cabo este proceso, pero hasta este año, sin
especificar la fecha.
Pese a las recomendaciones de los especialistas, los
gobiernos estatales de la frontera norte han opacado el gasto destinado a la
pandemia de COVID-19, como quedó evidenciado en las solicitudes de información
realizadas para este trabajo.
Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de
Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for
Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and
Bloggers.
