La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), considerado brazo investigador de la Organización de los Estados Americanos, descubrió, a pesar de las objeciones del gobierno de Estados Unidos, que cuenta con autoridad para decidir un caso que involucró una brutal paliza de un residente de San Diego por parte de agentes fronterizos.
De acuerdo a activistas, el caso fue encubierto y nunca fue investigado a fondo.
La decisión de la CIDH de determinar si sus políticas de uso de la fuerza y responsabilidad de la oficina de Protección Aduanal y Fronteriza (CBP) cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos es oportuna y tiene implicaciones de largo alcance, indicó la Alianza San Diego.
En una decisión emitida este 28 de julio, la Comisión Interamericana estableció que los familiares de los peticionarios habían demostrado violaciones de derechos humanos relacionadas con la tortura y el asesinato de Anastasio Hernández Rojas.
La demanda desafía las leyes y políticas que han protegido a los agentes fronterizos por su responsabilidad en el asesinato de civiles desarmados.
La CIDH ha investigado algunos de los abusos más atroces contra los derechos humanos en las Américas, incluido el secuestro y desaparición masiva de 43 estudiantes en México en 2014, la masacre más grande en la historia reciente de América Latina en El Mozote, El Salvador, y las desapariciones de civiles durante las dictaduras militares de Argentina y Chile.
Este es el primer caso conocido de ejecución extrajudicial que se decidirá con la participación de los Estados Unidos.
El resultado de este caso podría sentar un precedente para otros casos contra las autoridades fronterizas y la policía que han matado impunemente.
De acuerdo a la Alianza, este caso trata sobre más de una familia, un sistema fallido de justicia y de responsabilidad en este país.
El tema nunca ha sido más importante que ahora bajo una administración que se considera por encima de la ley, afirmó la Alianza.
El caso Anastasio es una oportunidad para desafiar los problemas sistémicos y buscar el cambio de políticas como un remedio que restrinja el uso de la fuerza y aumente la supervisión y la rendición de cuentas para poner fin a una era de impunidad, agregó la organización.
El caso pasará ahora a la etapa de méritos durante la cual la familia de Anastasio tendrá la oportunidad de argumentar que el gobierno de los Estados Unidos incumplió con sus obligaciones de derechos humanos y se negó a solicitar el testimonio de expertos y testigos durante las audiencias públicas.
Mientras tanto, defensores y artistas están erigiendo un mural en el emblemático Parque Chicano de San Diego para honrar a Anastasio y la lucha por la dignidad y la justicia en las comunidades inmigrantes y fronterizas.
María Puga, viuda de Anastasio Hernández Rojas y peticionaria en el caso, dijo: “Han pasado más de diez años desde que la vida de mi familia cambió radicalmente con el asesinato de Anastasio, mi esposo y el padre de mis hijos, a mano de agentes fronterizos.
“Este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representa un avance hacia la justicia para Anastasio pero también para todas las víctimas de la Patrulla Fronteriza”.
De acuerdo a la viuda del fallecido, la herida de su muerte sigue abierta y duele aún más ver que siguen habiendo más muertes a manos de oficiales, tanto de la Patrulla Fronteriza como de la policía.
“Es inaceptable que tras la muerte de mi esposo, más de 110 personas más hayan muerto por causa de agentes fronterizos, sin que ningún agente haya rendido cuentas. Estamos cansados y desesperados. Esta violencia impune contra nuestras familias tiene que terminar”, consideró.
Para Andrea Guerrero, directora ejecutiva y abogada de la Alianza San Diego, el CBP es la corporación policiaca más grande del país y que actúa con desprecio temerario por la vida y casi impunidad total.
“Este caso es parte de un cálculo nacional que debe suceder para reinar en esta agencia y en otras fuerzas del orden público que abusan de su poder y ponen a las personas en peligro.
“En un momento en que el presidente está desplegando agentes de CBP en todo el país para usar la violencia contra los manifestantes que desafían las acciones del gobierno, este caso es crucial para llevar la responsabilidad a la agencia y la justicia a la familia de Anastasio Hernández Rojas”, agregó.
De acuerdo a Roxanna Altholz, codirectora de la Clínica de Derecho Internacional de Derechos Humanos de UC Berkeley, este caso ejemplifica lo que está mal con la aplicación de la ley y el sistema legal estadounidense.
“La muerte de Anastasio, como tantos otros asesinatos de hombres, mujeres y niños negros, indígenas y latinos, se consideró razonable porque nuestras leyes sancionan el comportamiento atroz de la policía.
“Después del fallo de hoy, la viuda de Anastasio y sus hijos tendrán la oportunidad de ser escuchados por comisionados independientes que juzgarán las acciones y políticas de los agentes fronterizos de acuerdo con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos”, aseguró.
ANTECEDENTES
El 28 de mayo de 2010, agentes fronterizos del puerto de entrada de San Ysidro golpearon brutalmente y aniquilaron a Anastasio Hernández Rojas, un residente de mucho tiempo de San Diego, lo que condujo a su muerte.
El médico forense del condado de San Diego clasificó el deceso como un homicidio.
Un testigo ocular grabó el incidente y el video que se convirtió en noticia internacional, cuestionando la brutalidad de CBP, agencia que durante mucho tiempo ha sido acusada por el abuso repetido de residentes fronterizos.
El incidente y los muchos otros que siguieron desencadenaron investigaciones en el Congreso , investigaciones a nivel de toda la agencia sobre el uso de la fuerza, nuevas políticas de uso de la fuerza que, entre otras cosas, limitaron el uso de armas de descarga eléctrica y llevaron a poner en marcha un programa de uso de cámaras portátiles por parte de agentes.
Para la Alianza, estos proyectos no han sido suficientes para reinar en una agencia con poder excesivo y poca o nula supervisión o responsabilidad.
La familia de Anastasio Hernández Rojas ha presentado una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos por no investigar y procesar adecuadamente este caso.
La agencia no solo se le quitó la vida a Anastasio, sino que se destruyeron las pruebas, se dispersaron los testigos y la investigación fue lamentablemente inadecuada, afirmó la Alianza.
Los activistas esperan que con este proceso, la Comisión tiene la oportunidad de evaluar un sistema de justicia que no funciona y señalar reformas que pongan fin a la impunidad de la corporación policiaca más grande del país.
