La Corte Suprema mantuvo en vigor una orden judicial previa que permite a la administración Trump continuar temporalmente la construcción del muro fronterizo mientras el desafío legal continúa en tribunales.
La Corte Suprema aún no se ha pronunciado sobre los méritos del caso, y la orden de la corte se limita a la desviación del presidente Trump de 2 mil 500 millones de dólares en fondos militares y fondos de pensiones para el muro fronterizo.
La orden viene en una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles en nombre del Club Sierra y la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur.
"Esta lucha está lejos de terminar y continuaremos apoyándonos junto a la ACLU y el Sierra Club para luchar por nuestra democracia y nuestras comunidades que sufren políticas fronterizas inexplicables y perjudiciales", indicó Vicki Gaubeca, directora de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur.
"No necesitamos más muros irresponsables en nuestras fronteras, necesitamos gobernanza fronteriza más responsable que comience con el respeto de los controles y equilibrios en este país. Necesitamos una Nueva Visión Fronteriza que expanda la seguridad pública, proteja los derechos humanos y dé la bienvenida a todas las personas a nuestra región”, agregó.
El año pasado, el Tribunal de Distrito y el de Apelaciones del Noveno Circuito el mes pasado dictaminaron que el intento del presidente Trump de eludir el Congreso para transferir los 2 mil 500 millones en fondos militares y de pensiones para la construcción del muro fronterizo es ilegal.
El tribunal de distrito bloqueó la construcción ilegal del muro, una orden que el Noveno Circuito afirmó posteriormente.
Sin embargo, debido al fallo de la Corte Suprema en la orden de la corte de distrito, la administración Trump ha continuado la construcción utilizando fondos no autorizados por el Congreso.
La decisión de la Corte Suprema no aborda el tema de los 3 mil 600 millones de dólares adicionales en fondos militares que la administración Trump desvió al muro fronterizo como parte de la emergencia nacional que Trump declaró cuando el Congreso negó los fondos del muro.
El año pasado, un tribunal de distrito dictaminó que la desviación de los 3 mil 600 millones de dólares es ilegal y el asunto está actualmente pendiente ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.
Dror Ladin, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, manifestó: "Cada tribunal inferior que ha considerado el tema ha declarado ilegal el muro fronterizo del presidente Trump, y la orden temporal de la Corte Suprema no decide el caso".
Los opositores al proyecto afirmaron que van a volver ante la Corte Suprema, con la esperanza de que los magistrados detengan el muro fronterizo de una vez por todas.
"La administración ha admitido que el muro puede ser derribado si finalmente prevalecemos; buscaremos la eliminación de cada milla de muro ilegal construido", aseguró Ladin.
Para Gloria Smith, Abogada principal del Club Sierra, las comunidades fronterizas y los ecosistemas han sufrido daños irreparables por el muro.
Sin embargo, advirtió que el Club "nunca dejará de luchar contra este desastroso proyecto".
