SAN FRANCISCO — El Procurador General de California, Xavier Becerra, presentó este lunes una demanda en contra del gobierno federal por su intento anticonstitucional de obligar a oficiales policiacos del estado a involucrarse con la vigilancia de la inmigración en lugar de permitirles usar su discreción para determinar la mejor forma de mantener a las comunidades seguras.
El mes pasado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció una serie de condiciones a las corporaciones policiacas para obtener apoyos económicos del gobierno federal.
Dichas disposiciones fueron catalogadas por el fiscal del estado como inapropiadas e ilegales, al establecer que más de 28 millones de dólares en fondos que son usados en California para actividades policiacas, prevención de la reincidencia criminal, apoyo a víctimas y testigos y preventivos para jóvenes en riesgo podrían estar en peligro.
“El gobierno de Trump no puede manipular los requisitos federales de recursos para presionar a estados, condados o municipalidades a hacer cumplir las leyes migratorias federales”, dijo Becerra.
El funcionario estatal señaló que de esta forma el gobierno federal amenaza con afectar las iniciativas policiacas del todo el estado.
“Esto es pura intimidación con miras de obligar a nuestras agencias policiacas a cambiar las políticas y prácticas que han determinado para contar con seguridad pública”, apuntó.
