Abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles presentaron una demanda en un tribunal federal a nombre de cuatro personas detenidas en el Centro de Detención de Inmigración y Aduanas (ICE) de los Estados Unidos y el Centro de Detención Regional de Imperial que tienen condiciones médicas que los hacen altamente vulnerables en caso de infectarse con COVID-19.
La demanda exige la liberación inmediata de los detenidos.
Debido a sus afecciones médicas agudas, que incluyen leucemia, enfermedad pulmonar e infección por VIH, los demandantes tienen un mayor riesgo de contraer y morir por COVID-19 en estos centros de detención de ICE, donde entre 60 y 100 personas se encuentran alojadas.
De acuerdo al organismo, los detenidos duermen en literas a pocos pies de distancia y comparten áreas comunes, como mesas, duchas, inodoros y lavabos.
La ACLU agregó que la reciente prueba positiva de un miembro del personal en el Centro de Detención de Otay Mesa aumenta los riesgos y pone vidas en peligro inmediato.
Los demandantes en el caso son Yusuf Ozdemir y su esposa, quienes sufren VIH y están internados en el Centro de Detención de Imperial, así como Issis Yoselin Zelaya Sagastume, quien padece enfermedad pulmonar y Miguel Ángel Benítez, quien padece leucemia, ambos internados en Otay Mesa.
La ACLU destaca que Ozdemir, de 49 años de edad, ha solicitado asilo en los Estados Unidos.
El inmigrante, originario de Turquía, ha sido diagnosticado con VIH.
Junto con su pareja, identificada como Jane Doe, han estado internados por más de 10 meses.
Ozdemir espera mantener su solicitud de asilo en libertad junto a su pareja, de 39 años, a fin de poder recibir mejor tratamiento contra el VIH.
En la demanda, los afectados acusan a, entre otros, el Administrador de la Instalación Regional de Detención en Imperial, Sixto Marrero.
El sitio es administrado por la corporación privada Management & Training Corporation.
Según la ACLU, Marrero es el custodio inmediato físico de los demandantes.
La demanda argumenta que la agrupación continua de personas vulnerables de ICE en estas circunstancias crea no solo una crisis humanitaria sino también constitucional.
“Estas condiciones violan la garantía del debido proceso de la Quinta Enmienda de los demandantes, que impide que el gobierno exponga a los detenidos civiles al riesgo de enfermedades graves y muerte”, detalla al ACLU.
La demanda y una solicitud de una orden de restricción temporal fueron presentadas ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Diego por la Fundación ACLU de los Condados San Diego e Imperial, Proyecto de Derechos Migrantes de la Fundación ACLU, el Proyecto Nacional de Prisiones de la Fundación de la ACLU y la Fundación de la ACLU para el Proyecto de Lesbianas, Gay, Bisexual,Transgénero y VIH.
“La detención continua del ICE de estas personas vulnerables va en contra de las recomendaciones de salud pública y las órdenes del gobierno de practicar una higiene adecuada y distanciamiento físico”, señaló Mónika Langarica, abogada del personal de derechos de inmigrantes de la Fundación ACLU de los Condados de San Diego e Imperial.
“La detención de ICE es cruel e innecesaria en circunstancias normales. Durante esta pandemia mundial, puede ser una sentencia de muerte para personas con problemas de salud y enfermedades graves”, agregó.
Tanto las instalaciones de Otay Mesa como la de Imperial son operadas por compañías privadas con fines de lucro, que, de acuerdo a la ACLU, no han proporcionado a los detenidos jabón adecuado, desinfectante de manos o artículos de limpieza para evitar contraer el virus, de acuerdo con los documentos presentados ante el tribunal.
Además, los detenidos carecen de guantes o máscaras y el personal, que entra y sale todos los días de la instalación, no usa guantes o máscaras de manera sistemática.
La demanda pide al tribunal ordenar la liberación inmediata de los demandantes, señalando que otros juzgados en el país, incluso en California, han emitido tales órdenes durante la pandemia COVID-19.
La demanda también señala que ICE tiene una variedad de herramientas a su disposición para garantizar que las personas continúen asistiendo a audiencias judiciales.
Una evaluación pagada por el gobierno de uno de esos programas informó una tasa de asistencia del 99 por ciento en todas las audiencias de los tribunales de inmigración.
“Esta es la novena demanda que presentamos en todo el país en las últimas tres semanas”, detalló Eunice Cho, abogada principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la Fundación ACLU.
“Los funcionarios de salud pública nos han enseñado constantemente a todos que reducir la cantidad de personas detenidas en centros de detención de inmigrantes, así como en cárceles, prisiones y otras instalaciones similares, es un paso crítico para evitar un desastre humanitario de COVID-19.
“El ICE debe cumplir su parte para aplanar la curva liberando a las personas de su custodia, comenzando con los más vulnerables a enfermedades graves o la muerte”, añadió.
Otro de los acusados en la demanda es Jesús Reyna, Subdirector de la Oficina de Campo de Repatriación de Inmigrantes de ICE en Calexico.
De acuerdo a la ACLU, Reyna es responsable de vigilar las operaciones de detención de inmigrantes en la Instalación de Detención Regional de Imperial.
La ACLU aseguró que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California dejó en libertad a 3 mil 500 internos debido a la pandemia, al igual que la Cárcel del Condado de Alameda, donde fueron liberados 250 internos y en el Condado de Los Ángeles quedaron en libertad mil presos.
