El Departamento de Justicia de California y tres organizaciones ambientalistas presentaron demandas contra el gobierno del republicano Donald Trump por la intención de construir un muro en la frontera en presunta violación de leyes ecológicas.
El Procurador General de California, Xavier Becerra, presentó una de las demandas en contra del gobierno de los Estados Unidos por sus planes de construir un muro fronterizo en los condados de Imperial y San Diego.
En la querella, presentada ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California y a nombre del pueblo del estado de California y de la Comisión Costera del estado, el fiscal californiano acusa al gobierno de Donald Trump de violar la Constitución de los Estados Unidos e incumplir con leyes ambientales federales y estatales.
La demanda establece también que la construcción del muro se basa en un estatuto federal que no autoriza los proyectos presentados.
“Una vez más que el gobierno de Trump ha ignorado las leyes que no le gustan a fin de revivir una campaña para construir un muro en nuestra frontera sur”, dijo Becerra.
El fiscal apuntó que aquellos que deseen hacer negocios en California, incluido el presidente, deben prepararse a fin de cumplir con la ley.
El 25 de enero pasado, el mandatario estadounidense emitió una orden ejecutiva que instruye al Secretario de Seguridad Nacional a ubicar y asignar todas las fuentes de fondos federales a fin de planear diseñar y construir un muro físico en la frontera sur.
En cumplimiento la orden ejecutiva, la dependencia anunció a inicios de agosto su intención de llevar a cabo varios proyectos de muro fronterizo en el condado de San Diego.
La planeación incluye contar con prototipos de diseño, así como el reemplazo de 14 millas de cerco fronterizo por una barrera sólida.
“Se nos debe permitir hacer nuestro trabajo que es garantizar que este muro y su construcción no impacte y destruya la riqueza ambiental de la zona”, dijo la presidenta de la Comisión Costera de California, Dayna Bochco.
El ahora ex Secretario de Seguridad Nacional y actual Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, giró instrucciones para acelerar los proyectos de construcción con base en un estatuto federal relacionado con proyectos autorizados antes del año 2009.
De acuerdo a la fiscalía, la semana pasada la dependencia federal anunció su intención de llevar a cabo un proyecto de muro fronterizo en el Condado de Imperial.
Al igual que su antecesor, la Secretaria en funciones, Elaine Duke, propuso según la procuraduría californiana acelerar de manera ilegal la construcción de este proyecto.
Según la fiscalía californiana, el Gobierno Federal no cumplió con la preparación de un documento de impacto ambiental para los proyectos de los condados de Imperial y San Diego, lo cual representa violaciones a la Acta Nacional de Política Ambiental y al Acta de Procedimientos Administrativos.
Así mismo, los planes representan una violación al Acta de Manejo de Zonas Costeras en el condado de San Diego.
La procuraduría añadió que el proceso expedito de la construcción de los muros fronterizos se basa en una sección de la Ley de Reforma Migratoria y Responsabilidad de Inmigrantes que expiró en el año 2008.
En ese año, agregó la fiscalía californiana, el Departamento de Seguridad Nacional no identificó los proyectos de San Diego o Imperial como zonas prioritarias.
Para la fiscalía californiana, la exención ambiental viola la constitución y varios de sus artículos como la Doctrina de Separación de Poderes y la Décima Enmienda.
Las autoridades estatales recordaron que la Constitución impide a funcionarios de gobierno exentar de manera unilateral y arbitraria las leyes a su elección.
