El Gobernador de California, Gavin Newsom, firmó varios proyectos de ley que mantienen el liderazgo de California como un estado de inclusión y refugio.
Entre las iniciativas firmadas se encuentra la AB 3228, que fortalece la responsabilidad en torno a las condiciones de confinamiento en centros de detención privados con fines de lucro, incluidos los centros de detención de inmigrantes, que operan en California.
“California es un lugar más grande y vibrante debido a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados”, dijo el gobernador Newsom.
El mandatario firmó varios proyectos de ley para fortalecer las protecciones y ampliar las oportunidades para los refugiados e inmigrantes en California, entre las que destacan la AB 3133 de la asambleísta Cecilia Aguiar-Curry, Demócrata de Winters, en respuesta a la retórica y las acciones federales, afirma que California seguirá recibiendo refugiados sin importar su raza, religión, etnia u orientación sexual.
También firmó el proyecto AB 2426 de la asambleísta Eloise Gómez Reyes, Demócrata de Grand Terrace, que aclara el acceso a las protecciones humanitarias, incluidas las agencias de aplicación de la ley que deben procesar las certificaciones de visas U y T para las víctimas de delitos, incluida la trata de personas.
Además, firmó la AB 2113 del asambleísta Evan Low, Demócrata de Campbell, que agiliza la obtención de licencias profesionales para refugiados, asilados y titulares de visas especiales de inmigrantes.
Según el proyecto de ley, estas personas podrán solicitar una licencia profesional acelerada para que puedan continuar con sus carreras laborales en el estado.
El gobernador Newsom también promulgó una política para aumentar la responsabilidad de los centros de detención privados, que incluyen centros de detención de inmigrantes con fines de lucro operados por empresas privadas.
El año pasado , el mandatario Newsom firmó el proyecto AB 32 en respuesta a los abusos en los centros de detención privados, para finalmente eliminar estos centros en California.
El proyecto de ley AB 3228 del asambleísta Rob Bonta, Demócrata de Oakland, promueve ese objetivo al exigir que los centros de detención privados, incluidos los centros privados de detención de inmigrantes, cumplan con los estándares de detención de cuidado y confinamiento.
Esta legislación surge en medio de crecientes informes de negligencia médica y abuso en centros de detención privados con fines de lucro durante la pandemia de COVID-19.
“La firma de AB 3228 es una victoria para los derechos humanos y la justicia, y aprecio profundamente la asociación y el liderazgo del gobernador Newsom en este tema”, dijo el asambleísta Bonta.
“Nuestros valores de California dejan en claro que nadie está por encima de la ley. Los centros de detención privados con fines de lucro deben rendir cuentas ante las violaciones atroces de los derechos humanos y el daño a la salud, la seguridad y el bienestar de los californianos, especialmente durante la pandemia de COVID19. Los horrendos informes recientes de esterilización forzada de mujeres detenidas en un centro de detención privado en Georgia demuestran aún más la necesidad de una mayor supervisión de estas corporaciones privadas, cuyo modelo de negocio permite sacar provecho del sufrimiento humano”, finalizó el legislador.
