La Fundación de la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California, junto con sus afiliadas del norte y sur del estado, presentaron una demanda de emergencia ante la Corte Suprema de California en la que solicitan al gobernador y al fiscal general que dejen de transferir personas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) durante la pandemia COVID-19.
Una segunda demanda de emergencia, también presentada por la ACLU y el despacho de abogados Munger, Tolles & Olson, pide al gobernador y al fiscal general reducir drásticamente las poblaciones de las cárceles del condado y las instalaciones juveniles en todo el estado durante esta emergencia de salud pública.
De acuerdo a los organismos, las condiciones en los centros de detención de ICE y en las instalaciones de encarcelamiento de los condados, donde las literas están comúnmente separadas por tres pies o menos y los baños son compartidos por un gran número de personas, hacen que sea imposible mantener el distanciamiento social y los estándares de higiene que son las únicas defensas contra la propagación. de COVID-19.
“No son solo los confinados a las cárceles, centros de detención e instalaciones juveniles los que están en peligro. Una vez que el virus entra, el movimiento regular del personal y los visitantes dentro y fuera significa que las paredes y el alambre de púas no pueden frenar ni detener la propagación viral a las comunidades en general”, dijo Peter Eliasberg, abogado principal de la ACLU en el sur del estado.
De acuerdo al organismo, las condiciones en estas instalaciones, incluidas las que albergan a menores, violan la Octava Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que prohíbe “castigos crueles e inusuales”; y la Decimocuarta Enmienda que garantiza los derechos del debido proceso, así como otras leyes federales y estatales.
Las demandas se presentaron en nombre de organizaciones que abogan por los derechos de las personas en el sistema de justicia penal.
La demanda de transferencias de ICE se presentó en nombre de los Abogados de Justicia Criminal de California (CACJ) y el capítulo del Sur de California de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA SoCal).
La demanda de cárceles e instalaciones juveniles fue presentada en nombre de CACJ, la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Criminal (NACDL) y la Coalición de Justicia Juvenil (YJC).
“Los californianos no pueden dedicar un día, o incluso una hora, para tomar las medidas solicitadas en esta petición”, expuso el vicepresidente de NACDL, Martín Sabelli.
“Proteger vidas es un deber constitucional, moral y humanitario. Debido a que los abogados están obligados constitucionalmente a defender a nuestros clientes en una sala del tribunal, tenemos el deber de defenderlos cuando sus vidas están en juego. Estamos todos juntos en esto”, agregó Sabelli.
Los demandantes presentaron imágenes captadas dentro de las cárceles de California para demostrar la imposibilidad de mantener el distanciamiento social recomendado.
La gran mayoría de las personas transferidas al ICE durante la pandemia han sido de prisiones estatales y cárceles de condados, mientras que las personas liberadas como parte de los esfuerzos para reducir la población en las cárceles y cárceles han sido enviadas a los centros de detención de ICE.
De acuerdo a la ACLU, estos centros sobrepoblados, con una grave escasez de productos de higiene y limpieza adecuados, están plagados de brotes de virus. Los detenidos en varias de las instalaciones se han vuelto tan desesperados que han emprendido huelgas de hambre.
La demanda de cárceles e instalaciones juveniles señala que, durante la pandemia, se han logrado algunas reducciones en las poblaciones, pero no lo suficiente.
La demanda pide al fiscal general del estado ordenar a los alguaciles del condado evaluar la capacidad de la cárcel según las directivas de distanciamiento social y liberar a las personas en función de diversos factores, como la vulnerabilidad médica, las acusaciones por crímenes sin violencia previo al juicio y estar dentro de los seis meses posteriores a la liberación.
La demanda también exige la liberación de jóvenes detenidos por delitos menores, especialmente si se encuentran en instituciones que ya no brindan educación y otros programas de rehabilitación.
“Los expertos en salud pública e incluso los funcionarios de correcciones han sido claros: reducir drásticamente las poblaciones encarceladas es fundamental para salvar miles de vidas, tanto en las cárceles como en las comunidades circundantes”, consideró Carl Takei, abogado principal del Centro Trone de Justicia e Igualdad de la ACLU.
“El gobernador Newsom ha reconocido esta realidad, pero si no toma medidas dramáticas para excarcelar a prisioneros, será el culpable de las vidas perdidas sin sentido”, finalizó.
