SACRAMENTO.- El Procurador General de California presentó una denuncia contra el gobierno federal por su decisión de incorporar una pregunta sobre el estado legal en el cuestionario del Censo del 2020.
La fiscalía indicó que un conteo acertado de los residentes, sin importar su estado legal, es obligatorio cada diez años de acuerdo a la Constitución.
Además de determinar la representación en el Congreso y la distribución de fondos federales, el conteo permite a estados y comunidades locales identificar las necesidades de servicios importantes como apoyo en desastres, proyectos de infraestructura, ayuda en servicios de salud, escuelas y servicios de protección y seguridad.
“El Censo constituye la columna vertebral de la planificación sobre cómo y dónde las comunidades invertirán el dinero de los contribuyentes”, dijo el Procurador, Xavier Becerra.
El funcionario dijo que el estado puede perder mucho si se permite al gobierno federal hacer trampas a esta importante obligación.
El Departamento de Estado anunció la reincorporación de la pregunta en el cuestionario del censo 2020 a fin de hacer cumplir el Acta de Derechos del Votante.
El gobierno federal dijo que la decisión del Secretario de Comercio, Wilbur Ross, se da a petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, encabezado por Jeff Sessions, para agregar la cuestión en el documento.
Las autoridades detallaron que la pregunta es similar a una incluida en el Sondeo anual de Comunidades Americanas o el Sondeo Actual de Población.
Recordó que esta pregunta ha sido incluida en los censos hechos entre 1820 y 1950.
La petición de la Procuraduría General de los Estados Unidos, presentada en diciembre pasado, busca reincorporar dicha pregunta a fin de conocer la población ciudadana en edad de votar (CVAP en inglés) que no se encuentra disponible en los sondeos actuales.
El gobierno federal utiliza la información del CVAP para vigilar el cumplimiento de las leyes electorales y proteger los derechos de los votantes minoritarios.
Ross afirmó que el incluir la pregunta sobrepasa por mucho la determinación de obtener información completa y exacta para cumplir este mandato a los impactos adversos posibles.
Las leyes establecen que las preguntas del censo de 2020 deben ser entregadas a más tardar el 31 de marzo del 2018.
Para el Secretario de Estado de California, Alex Padilla, la inclusión de dicha pregunta ha hecho que el gobierno federal haga a un lado la ciencia, el sentido común y la Constitución.
El funcionario expresó que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha ignorado sus propios protocolos, años de preparación y medio siglo de políticas de esfuerzos conjuntos a fin de frenar un conteo justo y exacto de las comunidades.
“Un subconteo poblacional no solamente amenaza nuestra economía, sino que pone en peligro nuestra representación justa en el Congreso y nuestros derechos fundamentales como electores”, dijo Padilla.
En la demanda, el procurador indica que incluir la pregunta viola la constitución, la cual establece que se debe enumerar toda la población de cada estado una vez cada 10 años.
Además, se dan violaciones al Acta de Procesos Administrativos por acciones arbitrarias y caprichosas de una agencia.
La demanda fue presentada ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California.
En febrero pasado, una coalición de 19 fiscales estatales solicitaron al Departamento de Comercio no incluir la pregunta en el cuestionario.
Steven Bailey, aspirante a Procurador General, criticó la decisión de Becerra por presentar la demanda, al argumentar que la Constitución requiere un conteo completo de ciudadanos del país para garantizar elecciones libres y justas solo para ciudadanos quienes tienen el privilegio de votar.
El gobierno federal, añadió el también Juez en Retiro, requiere un cálculo confiable de la población ciudadana en edad par votar en localidades donde se presume hay violaciones a los derechos del votante.
Bailey recordó que nunca se ha presentado una sola demanda por un subconteo poblacional, al detallar que, de salir la procuraduría californiana victoriosa en su demanda, se sentará un precedente que llevará a cualquier otro gobierno a detener el censo por preocupaciones hipotéticas sin fundamento.
Para Dale Ho, director del Proyecto de Derecho Electoral de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en inglés), la decisión del gobierno federal podría ser desastroso, al afectar la exactitud del conteo poblacional, especialmente en comunidades de color que perderían representación legislativa y recursos federales.
Ho recordó que cinco ex directores del Censo, tanto de gobiernos Republicanos como Demócratas, se han opuesto a incluir esta pregunta.
“La noción de la necesidad de vigilar el Acta de Derechos Electorales es risible, dado que el censo no ha incluido esta pregunta desde que fuera promulgada dicha ley en 1965”, añadió.
Para el abogado César Vargas, codirector de la Coalición de Acción Soñadora, la decisión del gobierno federal es un intento del Presidente Trump y el Procurador Sessions para propagar el miedo en la comunidad inmigrante y empujar la fuerza de deportación de Trump.
Vargas señaló que Sessions ha arrestado activistas por ayudar a registrar votantes de piel negra en Alabama, de donde es originario.
“Este es un ataque cobarde a nuestra democracia y un intento transparente por intimidar a las comunidades inmigrantes”, consideró el portavoz del Comité Nacional Demócrata, Vedant Patel.
