Una de cada once mujeres detenidas en Baja California reportó haber sido víctima de abuso sexual durante su arresto y un nivel similar dijo lo mismo durante su detención por parte del Ministerio Público.
Así lo indica un estudio elaborado por la organización World Justice Project, o Proyecto Mundial de Justicia, el cual revela que la entidad se ubica en la parte baja de la tabla.
El reporte establece que Coahuila, Tabasco y Chihuahua encabezan los reportes de violación sexual de las detenidas con 38, 31 y 20 por ciento, respectivamente.
Con el 9 por ciento, Baja California se coloca en el lugar 10 en cuanto a violaciones de detenidas.
Cabe señalar que WJP enlistó solamente 27 estados de las 32 entidades federativas.
“Si colocamos frente a un espejo a las instituciones de seguridad y justicia en México, podremos observar que la tortura es una de sus peores expresiones.
“Recorre todas las regiones del país, erosionando su legitimidad y la capacidad de sus integrantes para investigar y resolver delitos”, apunta el WJP en el documento “En nombre de la justicia: tortura sexual a mujeres en México”, presentado en septiembre pasado.
El estudio se basa en datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El análisis establece que ocho de cada diez mujeres detenidas en el país entre 2009 y 2016 fueron víctima de tortura sexual antes de ser presentadas ante el juez.
El instrumento fue aplicado a una muestra aleatoria de 58 mil mujeres y hombres con una muestra representativa en cada estado, que incluye tanto a personas sentenciados como a quienes enfrentan su proceso en prisión.
A nivel nacional, el 11 por ciento de las mujeres detenidas entre 2009 y 2016 dijeron haber sido sometidas a la violación sexual durante su arresto, lo que ubica a Baja California apenas debajo del promedio nacional.
“La tortura es, para algunos de los integrantes del sistema de justicia en México, un método más de investigación a pesar de que la reforma constitucional de 2008 pone especial énfasis en la ilegalidad de las confesiones que se obtienen por estos medios”, agrega WJP, organismo que se dice preocupado por la reacción del gobierno mexicano ante el problema y la falta de acciones concretas de política pública que reflejen la verdadera convicción de las autoridades para desterrar de inmediato dichas atrocidades.
A fin de erradicar la tortura, la organización recomendó registrar en video los interrogatorios, independizar a los servicios médicos periciales y levantar de forma periódica este tipo de sondeos.
El WJP recordó que en 2017 el congreso aprobó la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes, que establecen la obligatoriedad de las instituciones encargadas de la procuración de justicia para implementar programas de profesionalización de los cuerpos policiacos y de los servidores públicos a cargo de la custodia de los detenidos.
