Este lunes fue develada de forma parcial una acusación formal presentada ante un tribunal federal que acusa a 29 presuntos miembros de una organización internacional de lavado de dinero vinculada al Cartel de Sinaloa y al Cartel Jalisco Nueva Generación en México.
Durante la semana pasada, agentes del orden público federales, estatales y locales arrestaron a 21 acusados en San Diego, Calexico y Bakersfield, California, quienes supuestamente estaban involucrados en un sofisticado esquema internacional de lavado de dinero, informó el Departamento de Justicia.
Los mexicalenses detenidos han sido identificados como Ricardo Valenzuela Gale, de 25 años; Gerardo Silvas, de 33, quien se encuentra bajo custodia federal; Robert Anzaldo, de 28; Diana Brenda Rodríguez Sández, de 23; Christian Fernández, de 29; Julia Vianney Suzao Quirino, de 23; Adrian Rosett Velásquez, de 23; Shantal Maciel, de 34; Nessie Aizu, de 28; Adriana Elizabeth Valenzuela Gale, de 28 y Erik Galaviz, de 30.
David Durán Rivera, de 35 años y José Luis Vargas Espinosa, de 30, se encuentran también bajo custodia federal.
Las autoridades dijeron desconocer el paradero de Derian Servín Díaz, de 25 años; César Enrique Cantú, de 29 y Axel Guadalupe, de 20.
Según la acusación y otros registros públicos, esta organización de lavado de dinero (MLO) del Valle Imperial lavó más de 32 millones de dólares en ganancias obtenidas de la venta de drogas de Estados Unidos a México.
La organización de lavado de dinero consiguió contratos con organizaciones de tráfico de drogas en México para recoger las ganancias de las drogas en ciudades de los Estados Unidos, incluidas Baltimore, Detroit, Los Angeles, Philadelphia, Boston, Denver, Chicago, Nueva York y otras.
La Fiscalía Estadounidense explicó que una vez que la organización recibió un contrato, se comunicó con los mensajeros y los titulares de cuentas bancarias utilizando teléfonos de grabación y frases de código para coordinar depósitos de efectivo en grandes cantidades en cuentas bancarias comerciales ficticias, según la acusación.
Los acusados presuntamente se desempeñaron como mensajeros o titulares de cuentas bancarias de canalización.
Los mensajeros viajaron desde San Diego a ciudades de todo el país para recibir el efectivo a granel después de usar fotografías y códigos para verificar los detalles de la reunión.
El efectivo a granel generalmente se escondía en bolsas de basura, bolsas de lona o cajas de zapatos.
Después de que los ingresos ilícitos en efectivo se depositaran en las cuentas bancarias ficticias del embudo, el dinero se transfirió a cuentas bancarias personales en México, donde el dinero se distribuyó a las organizaciones de tráfico de drogas.
“Hemos asestado un duro golpe a esta red internacional de lavado de dinero con base en el Valle Imperial que tiene vínculos con el Cartel de Sinaloa y el Cartel de la Nueva Generación de Jalisco”, dijo el Fiscal Federal Interino Randy Grossman.
El agente especial a cargo de HSI en San Diego, Chad Plantz, afirmó: “La clave para desmantelar las organizaciones de tráfico de drogas es interrumpir el flujo de fondos ilícitos y atacar el elemento de lavado de dinero de las organizaciones”.
Los agentes y oficiales del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, Aduanas y Protección Fronteriza, el Departamento del Alguacil de San Diego y las fuerzas del orden público estatales y locales del área del Valle Imperial también brindaron apoyo para la investigación.
La investigación se llevó a cabo con el apoyo del programa de Lavado de Dinero de Terceros (3PML) de la Oficina Ejecutiva del Tesoro de Confiscación de Activos (TEOAF) y el programa Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad.
En caso de ser hallados culpables por conspiración para lavar instrumentos monetarios, los acusados enfrentan una pena de 20 años de prisión y multa de medio millón de dólares.
