?En el Parque Rowley de la Ciudad de Gardena, junto
a legisladores, líderes comunitarios y familias de víctimas de violencia
policial, el gobernador Gavin Newsom firmó este jueves un proyecto de ley que
crea un sistema para descertificar a los agentes del orden público por faltas
graves de conducta.
El Gobernador también firmó una legislación que aumenta la
transparencia de los registros de mala conducta de los agentes del orden
público, mejora la responsabilidad policial y las pautas de rendición de
cuentas, eleva los estándares de elegibilidad y prohíbe las técnicas de
restricción dañinas.
“Hoy marca otro paso hacia la curación y la justicia para
todos”, dijo el gobernador Newsom.
“Se han perdido demasiadas vidas debido a los perfiles
raciales y al uso excesivo de la fuerza. No podemos cambiar el pasado,
pero podemos generar responsabilidad, erradicar la injusticia racial y luchar
contra el racismo sistémico. Todos estamos en deuda con las familias que
han perseverado a través de su dolor para continuar esta lucha y trabajar por
un futuro más justo”, consideró el mandatario.
La iniciativa de ley SB 2, de la Vicepresidente del Senado
Estatal, Toni Atkins, representante Demócrata de San Diego, y el senador estatal,
Steven Bradford, Demócrata de Gardena, crea un sistema dentro de la Comisión de
Estándares y Entrenamiento de Oficiales de Paz (POST) para investigar y revocar
o suspender la certificación de oficial de paz por graves mala conducta,
incluyendo fuerza excesiva, agresión sexual, demostración de prejuicios y
deshonestidad.
El proyecto crea la División de Responsabilidad de Normas de
los Oficiales de Paz y la Junta Asesora de Responsabilidad de Normas de los
Oficiales de Paz dentro de POST para revisar los casos de faltas graves de
conducta.
Por otra parte, la iniciativa SB 16 de la senadora Demócrata
de Berkeley, Nancy Skinner, aumenta la transparencia de los registros de mala
conducta de los agentes del orden público relacionados el uso excesivo o
irrazonable de la fuerza, comportamiento discriminatorio o prejuicioso, falta
de intervención al presenciar el uso excesivo de la fuerza por parte de un
agente del orden público o participación en registros y detenciones ilegales.
“Hoy es un día importante. Es un punto de inflexión en
la forma en que brindamos seguridad pública en el estado de California”, indicó
el Procurador General de California, Rob Bonta.
“La confianza genera seguridad y la seguridad genera
confianza. Se necesitará un trabajo sostenido de todos nosotros para hacer
el trabajo, pero este es un paso monumental en el camino hacia la justicia”,
apuntó el fiscal general.
A pesar de señalar que estos proyectos de ley ayudarán a
garantizar que las personas de color en California puedan estar más seguras en
sus relaciones con las fuerzas del orden, la Vicepresidente del Senado Estatal,
Toni Atkins, anotó: “Cuatrocientos años de racismo no se borrarán de la noche a
la mañana, pero el arco se está doblando y el impulso moral está de nuestro
lado”.
Para el senador estatal Bradford, aunque California cuenta
con uno de los sistemas de justicia penal más progresistas de la nación, “durante
demasiado tiempo, los agentes problemáticos que cometen actos atroces en un
departamento o no rinden cuentas y continúan siendo un problema para esa comunidad,
o son castigados, pero pueden encontrar empleo en otro departamento”.
Esto, añadió, ha llevado a la erosión continua de la
confianza de la comunidad hacia las corporaciones policiacas.
“La confianza en las fuerzas del orden público se erosiona
cuando la mala conducta de la policía se mantiene en secreto y los agentes que
han actuado mal pueden evitar las consecuencias”, destacó la senadora estatal Skinner.
Los proyectos de ley, mencionó, garantizan que los policías que cometan faltas graves de
conducta ya no tengan el privilegio de llevar una placa y que los californianos tengan derecho a saber cuándo los agentes usan fuerza
excesiva o se involucran en conductas racistas o tendenciosas.
