?La Fundación de la Unión Americana de Libertades Civiles de los Condados de San Diego e Imperial (ACLUF-SDIC) solicitó al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito restablecer una orden que garantizaba el acceso a un abogado a las personas que buscaban asilo y que se vieron obligadas a permanecer en México en virtud de los llamados Protocolos de Protección al Migrante (MPP) y que se someten a entrevistas sobre su miedo a estar en México.
El tribunal emitió la orden, también conocida como una orden judicial preliminar, en enero de 2020 como parte del caso Doe v. Wolf, una demanda colectiva ante el Distrito Sur de California.
El Noveno Circuito anuló la orden judicial del caso después de que la administración Biden finalizara oficialmente el MPP el 1 de junio de 2021.
Sin embargo, el mes pasado, un tribunal de distrito federal en Texas prohibió al gobierno terminar con el MPP e instriyó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para reiniciarlo “de buena fe”.
La apelación de la ACLUF-SDIC argumenta que a la luz de estos desarrollos, la orden judicial que garantiza el acceso a un abogado es una vez más necesaria.
“Le pedimos al tribunal que restablezca las protecciones que el tribunal ya reconoció que se requieren para las personas sujetas a la horrible política de Permanecer en México. Pero dejemos en claro que el DHS puede y debe actuar rápidamente para garantizar que este programa nunca ponga a otra persona en peligro”, dijo Monika Langarica, abogada de derechos de inmigrantes de la ACLU-SDIC.
“Aparte de la presentación, pedimos a la administración que tome todas las medidas disponibles, incluida la rescisión del MPP y el rechazo, bajo cualquier circunstancia, de volver a implementarlo, y la rescisión inmediata de todas las demás políticas que obstruyen el acceso al asilo en el sur frontera”, añadió.
Conforme al MPP, decenas de miles de personas que buscaron refugio en los Estados Unidos se vieron obligadas a regresar a México mientras se procesaban sus casos de inmigración.
El MPP, que comenzó bajo la administración Trump, expuso a estas personas y familias a condiciones peligrosas, incluidos secuestros, violaciones y asesinatos.
La orden judicial aseguró que las personas que temían persecución o tortura en México tuvieran acceso a sus abogados en preparación y durante las entrevistas que decidían si serían forzadas a continuar en el programa MPP.
