La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU en inglés) envió una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en la que solicita el cierre de 39 centros de detención operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluido el Centro de Detención Otay Mesa en San Diego y el Centro de Detención Regional Imperial en Calexico.
De acuerdo a la organización, sus partidarios de también enviarán mensajes al Secretario Mayorkas para pedir el cierre de estos centros de detención.
“Una y otra vez, las instalaciones de detención de inmigrantes en los condados de San Diego e Imperial han demostrado ser inseguras, abusivas e incapaces de defender los derechos del debido proceso de las personas atrapadas en su interior”, dijo Monika Langarica, abogada de derechos de los inmigrantes de la Fundación ACLU de los Condados de San Diego e Imperial (ACLUF-SDIC).
“Ya es hora de poner fin a la vergonzosa práctica de detener a inmigrantes en nuestra región y en todo el país y adoptar una política de procesamiento justo y humano”, sentenció.
La ACLU solicita a la administración del Presidente Joe Biden cerrar las instalaciones de detención que cumplan con los siguientes criterios: instalaciones fueron abiertas sin justificación adecuada, en violación del propio proceso de ICE para obtener un nuevo espacio de detención , según detectó la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GOA); instalaciones en lugares remotos con acceso limitado a asesoría legal y atención médica externa; e instalaciones con patrones documentados de trato inhumano de personas que están o han sido detenidas o deteniendo a personas en condiciones inhumanas.
El Centro de Detención de Otay Mesa (OMDC) fue seleccionado debido a patrones documentados de abuso, maltrato y mala conducta en la instalación de gestión privada.
La Instalación de Detención Regional Imperial, ubicada al oriente de Calexico y cerca de la Garita Este, fue seleccionada en parte debido a su lejanía a recursos legales críticos y sistemas de apoyo que efectivamente restringen el acceso a protecciones fundamentales del debido proceso.
“La administración Biden fue elegida con el mandato de arreglar nuestro sistema de inmigración quebrado, y la detención de inmigrantes es una prueba temprana de su resolución”, expuso Naureen Shah, abogada de defensa y política de la ACLU.
“Cerrar los lugares de detención debería ser una obviedad. Se están desperdiciando millones de dólares de los contribuyentes para mantener miles de camas vacías y mantener a las personas que buscan asilo y a los inmigrantes en condiciones inhumanas y potencialmente mortales.
“La cantidad de personas detenidas es actualmente menor que en dos décadas: el presidente Biden tiene un momento único para reducir la infraestructura que se ha utilizado para abusar y traumatizar a los inmigrantes durante décadas. Es hora de poner fin al sistema más nuevo de encarcelamiento masivo de personas negras y marrones de nuestra nación”, sostuvo.
La ACLU explicó que el Centro de Detención Regional de Imperial, operado por la empresa Management Training Corporation (MTC), se ubica a 135 millas al oriente del Condado de San Diego, donde se encuentran los servicios legales gratuitos más cercanos.
El año pasado, la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional detectó diversas irregularidades y violaciones a los estándares impuestos por la misma agencia.
Entre éstos destacaban el uso excesivo de la segregación, problemas con las condiciones del lugar, fallas médicas y problemas de comunicación de los detenidos.
La OIG concluyó que el lugar era incapaz de garantizar un medio ambiente que proteja la salud, seguridad y derechos de los detenidos.
La ubicación geográfica remota del lugar llevó a una falta importante de acceso a servicios de consejería jurídica, que el Departamento de Justicia de California ha señalado por impedir el debido proceso.
Además, la ACLU resalta que, debido a las limitaciones impuestas por la pandemia, el proyecto de servicios legales que usualmente operaba en el lugar de manera mensual quedó suspendido.
Así mismo, problemas con el idioma ha limitado la capacidad de algunos detenidos a beneficiarse de los recursos limitados que están a su disposición para defenderse en los tribunales migratorios.
La semana pasada, la ACLUF-SDIC publicó un reporte titulado “Décadas de abuso de CoreCivic: Centro de detención de Otay Mesa”, un resumen del número que detalla la historia de abuso de dicho centro.
El resumen del tema amplifica las experiencias de las personas que han compartido sus historias de abuso dentro de las instalaciones administradas por CoreCivic.
El informe tiene la intención de servir como un recurso para las personas detenidas, defensores y legisladores, actualmente y anteriormente, que piden el fin de los sistemas de encarcelamiento opresivos, innecesarios e inhumanos.
La ACLU destacó que el año fiscal 2020 fue el más mortífero del ICE en 15 años.
Solo el año pasado, hubo informes de un mayor uso de la fuerza, confinamiento solitario, patrones de abuso sexua, esterilización forzada y un fracaso total para proteger a las personas del COVID-19, resaltó la ACLU.
De acuerdo a la organización, la extrema imprudencia de ICE en el manejo del virus COVID-19 mostró su descarado desprecio por la salud y el bienestar de las personas detenidas, así como hasta qué punto estaba dispuesto a mentir u ofuscar para evitar la rendición de cuentas.
En el Centro de Detención de Otay Mesa, la respuesta mediocre a la pandemia resultó en la primera muerte de una persona bajo custodia de ICE a causa de COVID, aunque no sería el último, agregó la ACLU.
A través de una demanda relacionada con COVID-19, la defensa y el cierre del asilo por parte de la administración Trump, las tasas de detención cayeron a su punto más bajo en dos décadas.
Actualmente, hay aproximadamente 14 mil personas detenidas en un día promedio; esto es solo una cuarta parte de las personas que fueron detenidas en su punto máximo en 2019.
Actualmente, ICE está desperdiciando más de 1 millón de dólares al día en espacio de cama mínimo garantizado que no se está utilizando.
La lista de la ACLU pretende ser un punto de partida para que la administración comience a poner fin a la criminalización masiva y el encarcelamiento predeterminado de inmigrantes indocumentados, finalizó la ACLU.
