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El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, emitió un nuevo memorando anunciando y explicando su decisión de terminar el programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP).
“Esta Administración está abordando problemas de larga data que han plagado nuestro sistema de inmigración durante décadas para lograr el cambio sistémico necesario. El MPP no ayuda a lograr este objetivo”, dijo el secretario.
De acuerdo a las autoridades, el programa implementado por el gobierno de Donald Trump contaba con fallas endémicas, impuso costos humanos injustificables, apartó recursos y personal de otros esfuerzos prioritarios y no abordó las causas fundamentales de la migración irregular.
“El MPP no solo socava la capacidad de la Administración para implementar cambios fundamentales y fundamentales en el sistema de inmigración, sino que no brinda el proceso justo y las protecciones humanitarias que las personas merecen según la ley”, afirmó.
El Departamento de Seguridad Nacional llevó a cabo una revisión exhaustiva para evaluar si el MPP debería mantenerse, cancelarse o modificarse.
Estudió documentos judiciales, datos relevantes, revisiones internas y materiales disponibles públicamente, y se reunió con una amplia y diversa gama de partes interesadas internas y externas, incluido el personal del DHS, así como funcionarios estatales y locales y líderes comunitarios en todo el país.
El secretario Mayorkas concluyó que los beneficios no justifican los costos, particularmente dada la forma en que el MPP resta valor a otras metas e iniciativas políticas regionales y nacionales que se alinean mejor con los valores de esta Administración.
“Debemos invertir en políticas duraderas que desincentiven la migración irregular al mismo tiempo que promueven vías seguras, ordenadas y humanas”, continuó Mayorkas.
“Además de desarrollar soluciones regionales duraderas con países socios, debemos abordar los problemas que han plagado nuestro sistema de asilo durante años”, expresó.
La Administración ha diseñado el expediente dedicado que permite a los jueces de inmigración adjudicar casos en 300 días, y está promulgando una próxima Regla de Oficial de Asilo, que transferirá la responsabilidad inicial de adjudicar las solicitudes de asilo de los jueces de inmigración a los oficiales de asilo de USCIS para producir Toma de decisiones justa y oportuna.
Se espera que estas reformas produzcan cambios transformadores y duraderos en el sistema de asilo.
Una vez que se implementen por completo, estas políticas abordarán los flujos migratorios de manera más efectiva que el MPP, al tiempo que se mantendrán fieles a los valores de nuestra nación.
La Administración sigue estando sometida a una orden judicial que le exige que vuelva a implementar el MPP de buena fe, que cumplirá incluso mientras continúa impugnando enérgicamente el fallo.
Como parte de estos esfuerzos, el DHS está involucrado en discusiones continuas y de alto nivel con el gobierno mexicano y ha emitido contratos para construir instalaciones judiciales temporales en Texas.
Sin embargo, el MPP no se puede volver a implementar, a menos que y hasta que el Gobierno de México tome una decisión independiente para aceptar devoluciones en el marco del programa.
La terminación del MPP no entrará en vigor hasta que se levante la orden judicial actual.
