El asambleísta Jesse Gabriel,
Demócrata de Woodland Hills, quien preside el Comité de Protección al
Consumidor y Privacidad de la Asamblea, anunció que dicho órgano legislativo aprobó
un proyecto bipartidista de ley que busca regular las empresas de redes
sociales en el Estado de California.
La medida, llamada Ley de Transparencia y
Responsabilidad de las Redes Sociales de 2021 (o Proyecto de
Ley de la Asamblea AB 587), obligaría a las plataformas de redes
sociales divulgar públicamente sus políticas corporativas con respecto al odio,
la desinformación, el extremismo, acoso e interferencia extranjera, así como
métricas y datos clave con respecto a la aplicación de esas políticas.
“Los californianos están cada vez más alarmados por el
papel de las redes sociales en la promoción del odio, la desinformación, las
teorías de la conspiración y la polarización política extrema”, dijo el
asambleísta Jesse Gabriel.
“Ya es hora de que estas empresas brinden transparencia
real en sus prácticas de moderación de contenido. El público y los formuladores
de políticas merecen saber cuándo y cómo las empresas de redes sociales están
amplificando ciertas voces y silenciando a otras”, añadió.
De acuerdo al legislador, este es un primer paso
importante en un esfuerzo más amplio para proteger la democracia y regular
mejor las plataformas de redes sociales.
En los últimos años, sostuvo el legislador, Twitter,
junto con otras plataformas de redes sociales, se han visto implicadas como
un lugar para el desarrollo de grupos de odio.
Recientemente, las investigaciones han demostrado que los
violentos disturbios en el Capitolio a principios de enero de este año fueron
instigados y alentados por publicaciones realizadas en redes sociales.
A pesar de las preocupaciones generalizadas, los
esfuerzos de las empresas de redes sociales para autocontrolarse han sido
ampliamente criticados como extremadamente inadecuados.
Según Gabriel, la iniciativa AB 587 abordaría la falta de
transparencia al exigir a las plataformas que presenten informes semestrales
que revelen sus políticas corporativas sobre incitación al odio,
desinformación, extremismo, acoso e interferencia política extranjera.
También estarían obligadas a divulgar sus esfuerzos para
hacer cumplir esas políticas y cualquier cambio en sus políticas o
prácticas de cumplimiento.
La AB 587 también requeriría informes trimestrales que
divulguen métricas y datos clave con respecto a dicho contenido, incluida la
cantidad de piezas de contenido, grupos y usuarios marcados por
violación; el método de marcado (por ejemplo, revisores humanos,
inteligencia artificial, etc.); el número de acciones; y el tipo y
contenido de la acción señalada.
“Esta legislación nos acercaría más a responsabilizar a
las empresas de medios sociales por el odio y el acoso que permiten en sus
plataformas, especialmente cuando ese odio y acoso conduce a la violencia”, asegura
Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de la Liga Antidifamación.
“Los requisitos de informes descritos en el proyecto de
ley pondrán la conducta de las grandes tecnologías bajo una luz brillante, y
esperamos que las empresas de redes sociales respondan mejorando sus políticas
corporativas y la aplicación de esas políticas o que los requisitos de informes
proporcionen suficiente evidencia para emprender acciones legales contra ellos
si no se logra un progreso real”, consideró Greenblatt.
Se espera que AB 587 sea analizada en comités del Senado en
las próximas semanas.
