Las Senadoras por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge, del PAN, y Alejandra León Gastélum, del PT, exigieron la destitución del Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, por el caso de presunto fraude en el cual el funciónario se ha visto involucrado.
Las legisladoras por Baja California ofrecieron una rueda de prensa en la sede del Senado de la República, para subrayar las malas acciones de gobierno y posibles solicitudes de moches que se han presentado con funcionarios de la administración estatal encabezada por el Morenista, Jaime Bonilla.
Las senadoras destacaron que, para denunciar la corrupción, no hay colores ni partidos.
“Voy a proponer que el Senado de la República exhorte respetuosamente a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera a resolver a la brevedad la demanda por fraude interpuesta por empresarios bajacalifornianos en contra de funcionarios que laboraban en el Instituto Médico del Seguro Social, entre los cuales se encuentra el actual secretario de Salud del estado de Baja California”, indicó la senadora Cruz.
La senadora panista expuso que el 17 de agosto, los dueños de la empresa Hemodiálisis del Noroeste, presentaron demanda ante la Fiscalía General de la República, donde se les acusa por el delito de fraude a dos ex funcionarios del IMSS, Miguel Ángel Ruvalcaba Molina y Alonso Oscar Pérez Rico, este último, actual secretario de Salud de Baja California.
Los demandantes acusan el presunto cobro de 61 mil 120 dólares e incumplimiento de una licitación a modo, que habría ofrecido entregar a una empresa de hemodiálisis, cuándo Pérez Rico se desempeñaba como jefe de prestaciones médicas en la delegación del IMSS.
El Gobernador del Estado, Jaime Bonilla, calificó el asunto como politiquerías y un ataque hacia su persona, al dar su respaldo al Secretario Pérez Rico, quien ha negado las acusaciones.
“Baja California está en una de las peores crisis de salud, no debemos permitir que la corrupción quede impune, se impregne y se normalice”, dijo.
Las legisladoras solicitarán además que el secretario de Salud sea separado de su cargo mientras se realizan las investigaciones.
DANNA
En el caso de Danna Reyes, la joven de 16 años de edad que fue asesinada y quemada el 22 de agosto pasado en Mexicali, el fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández, no consideró que este homicidio calificara como feminicidio, indicaron las senadoras.
Las legisladoras destacaron que Ruiz Hernández afirmó: “Tristemente en Mexicali, la semana pasada, asesinaron a una niña de 16 años, pero la niña también traía tatuajes por todos lados”.
“Estos actos y omisiones graves son una muestra preocupante del muy lamentable tratamiento de un acto reprobable y condenable de violencia feminicida”, aseveró Cruz.
El señalamiento de que Danna tenía tatuajes y que esto podría haber sido causa de su homicidio, ocasionó una ola de indignación en el estado.
A raíz de las declaraciones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo un llamado para no estigmatizar ni revictimizar a las víctimas de feminicidio, ya que el fiscal asoció ciertos aspectos accidentales del cuerpo de Danna con conductas delictivas.
Las senadoras propusieron que el Senado de la República exhorte a la Fiscalía General de la República para que atraiga el caso e investigue a fondo el asesinato de Danna Reyes, y que a la vez se exhorte a la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana del de Baja California para que integre el expediente de denuncia contra el fiscal Juan Guillermo Ruiz Hernández por prácticas discriminatorias.
“Estaremos acompañando estas quejas, estaremos acompañando esta denuncia porque no es posible que, en estos tiempos, cuando se habla tanto de la defensa de la integridad de las mujeres, sea un fiscal general quien esté discriminando de alguna manera por tener y por portar tatuajes en su cuerpo”, agregó Cruz.
