Las dos personas sentenciadas por desaparición forzada de los jovenes vistos por última vez en el Relajo apelan fallo del juez
Por Joaquín Manuell-Gómez/La Guillotina Informativa
Los dos sentenciados por la desaparición de los jóvenes que fueron vistos por última vez en el Bar El Relajo de Mexicali, en agosto del 2019, apelan el fallo que emitió la juez Sandra Sofía Rubio Díaz.
Fue el pasado 9 de julio que los dos abogados particulares presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Baja California sus respectivos documentos que superan las 100 hojas, en las que señalan aproximadamente una decena de agravios al momento de emitirse el fallo condenatorio.
Entre las inconformidades expuestas por los representantes de los condenados, está el supuesto acto de que la juzgadora hizo variaciones para encuadrar los hechos en el tipo penal.
También se alega que los videos de las cámaras de vigilancia del bar, ofertados como prueba del Ministerio Público, nunca se reprodujeron durante el juicio oral. Además de que la juez no se hizo cargo de las pruebas de las que se desisitió la Fiscalía.
Otro de los agravios que se acusan en el documento, es que nunca se comprobó que las manchas de sangre localizadas en el rancho de Islas Agrarias correspondían al perfil genético de los familiares de las víctimas, tal y como lo aseguró la juez en su decisión final.
A su vez se consideró que la camioneta Chevrolet Tahonde color blanca jamás tuvo relación con el hecho acusatorio y la juez tomó en cuenta varios antecedentes de investigación para resolver.
Por otro lado, los defensores expusieron en su apelación que hubo contradicciones en cuanto a los usuarios y contraseñas expuestas en la plataforma que ayudó a rastrear por GPS los vehículos, y que nunca se presentó una autorización judicial federal para obtener los datos conservados de los números telefónicos.
Cabe mencionar que la resolución de éste recurso de apelación por parte de los Magistrados puede darse dentro de aproximadamente seis meses.
Fue el pasado 26 de junio cuando los acusados recibieron una sentencia condenatoria y posteriormente se les impuso una penalidad de 139 años y 8 meses de prisión por los delitos de Desaparición Agravada Cometida por Particulares y Daño a Propiedad Ajena Agravada por Incendio.
Hasta el momento, después de casi cinco años, familiares de los dos jóvenes desaparecidos continúan sin saber de su paradero a pesar de permanecer en operativos de búsqueda.
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