El gobernador Bonilla basificó a 136 personas el mismo día que fueron contratados por lo que podrían presentarse más denuncias penales y administrativas en su contra
Mexicali. El asesor jurídico del gobierno del Estado, Juan José Pon Méndez informó que se podrían presentar nuevas denuncias penales y administrativas derivadas de la gestión de Jaime Bonilla Valdez quien basificó a 136 personas el mismo día de su contratación.
Explicó que derivado de la Cuenta Pública 2021, la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado detectó 76 observaciones, muchas de ellas que pudieran ser consideradas graves.
Indicó que de manera unánime, la comisión decidió no aprobar la Cuenta Pública por lo que una vez que el pleno del Congreso del Estado vote –seguramente en el mismo sentido- se tendrán que enviar las observaciones a las instancias correspondientes.
Señaló que durante este periodo se adjudicaron de manera directa más de 510 millones de pesos cuando se debió de realizar un proceso de licitación.
Pon advirtió que se hicieron pagos en exceso de obras que no fueron ejecutadas y en la contabilidad no se registró el contrato plurianual con la planta fotovoltaica.
“Seguramente se estarán presentado denuncias de tipo penal y de carácter administrativo”, expuso.
El funcionario señaló que estas nuevas denuncias se agregarían a las 10 que se tienen relacionadas con la adquisición de medicamento que se presentaron en la Secretaría de Salud y Educación.
Por su parte la gobernadora dijo ser muy responsable de las investigaciones que realiza la comisión de fiscalización en el Congreso del Estado.
“Estaremos atentos a lo que procede”, comentó escuetamente la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
El Auditor del Estado, Luis Gilberto Gallego Cortez reconoció que de las cuentas públicas que fueron revisadas, la del Gobierno del Estado era la que presentaba mayor número de observaciones.
Señaló que la cuenta trae un déficit superior a los 200 millones de pesos o “desahorro”, adjudicaciones irregulares, omisiones al pago de subsidios a los fideicomisos por más de 400 millones de pesos entre las más relevantes.
Indicó que la información que se envió a la comisión se le manda a los órganos internos de control quienes son los encargados de revisar los casos particulares de las irregularidades en donde se deslindan responsabilidades.
“Incurren en una falta grave si hay daño patrimonial, y eso lo determinan los órganos internos y las instancias como la Fiscalía o el Tribunal Administrativo”, expuso.
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Periodista desde diciembre de 2004. Actualmente es Co-director de RadarBC y fotoperiodista en Semanario ZETA.
