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viernes, 15 mayo 2026
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    Gobierno del Estado cerca de revivir desalinizadora de “Kiko” Vega

    Mexicali. La secretaría de Hacienda en Baja California confirmó la adquisición del terreno para la construcción de la planta desalinizadora en Playas de Rosarito, proyecto impulsado por el exgobernador panista, Francisco Vega de Lamadrid y cancelado por el morenista, Jaime Bonilla Valdez.

    Mediante un comunicado, el secretario Marco Antonio Moreno Mexía precisó que se trata de una superficie de 201 mil 289.0960000 metros cuadrados, adicionando derechos de paso y de vía con un valor comercial de 596.14 millones de pesos.

    “Después de dos años de gestiones y negociaciones con la empresa Consolidated Water, y con el apoyo de Fonadin, se ha dado un paso importante para llevar a cabo la compra del terreno e impulsar la construcción de esta planta desalinizadora de agua de mar, que nos permitirá atender la demanda de agua potable para más de 2.1 millones de personas que residen en los municipios de Playas de Rosarito y Tijuana” destacó el funcionario estatal.

    Con este paso también se da fin a un juicio de arbitraje internacional evitando daños a las finanzas públicas del Estado por poco más de mil millones de pesos

    Ante la crisis de agua en la cuenca del Río Colorado, y la dependencia que tiene Baja California como principal fuente de agua, la Gobernadora Marina del Pilar ha instruido fuertemente la promoción de este proyecto para enfrentar un posible escenario extremo de sequía en la región.

    El gobierno federal autorizó el apoyo financiero para la adquisición del terreno condicionado al valor de avalúo del INDAABIN el 10 de julio del 2023, cuya propiedad era de la empresa NSC Agua, S.A. de C.V subsidiaria mexicana de Consolidated Water, con lo que se avanza favorablemente en este importante proyecto para la ciudadanía bajacaliforniana.

    En 2019, este medio publicó la investigación «Las aguas negras de Kiko Vega» en la que se documentaron una serie de irregularidades en el proyecto que ocasionaría un fuerte golpe a las finanzas del Estado y beneficiaría a empresarios cercanos al gobierno estatal.


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