La Secretaría de la Honestidad analiza el probable daño patrimonial por los recursos cobrados por Fisamex de forma indebida en Baja California.
Mexicali. Al menos 162 millones de pesos cobrados por la empresa Fisamex durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, han sido devueltos a las empresas por haberse realizado de forma irregular, por lo que la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública (SHFP) analiza el probable daño patrimonial, así lo dio a conocer la titular de la dependencia, Rosina del Villar Casas.
Al comparecer ante el Congreso del Estado, la funcionaria estatal se refirió a la investigación por los cobros que realizó Fisamex.
Explicó que desde el pasado mes de diciembre abrieron una investigación en contra de la empresa contratada durante el gobierno de Bonilla Valdez.
Detalló que se encuentran analizando los contratos firmados con la empresa para realizar los cobros y determinar si hubo alguna irregularidad.
La secretaria reconoció que desconocen en qué se utilizó el dinero recaudado por la empresa. Sin embargo, confirmó que han sido 162 millones de pesos los que han tenido que restituir mediante amparos.
“Para determinar que pudiera configurarse una falta grave, tendría que haber daño patrimonial y tenemos que comprobar el daño patrimonial”, expresó.
Dijo que al interior del Ejecutivo existen funcionarios que participaron en la contratación de Fisamex, por lo que tendrán que deslindarse responsabilidades.
Rosina del Villar Casas mencionó que la investigación la están realizando en conjunto con todos los organismos operadores de agua.
Investigan irregularidades en 273 millones
Por otra parte, la funcionaria estatal dio a conocer que han realizado 29 auditorías en diversas dependencias, de los cuales han concluido 15.
Se han abierto investigaciones en al menos 273 millones de pesos, de los cuales 31 millones son investigados por la Fiscalía General de la República.
“Es un procedimiento por peculado y se están dando porque inclusive la Fiscalía General de la República no esta pidiendo la información y poder determinar la responsabilidad de los servidores públicos”, apuntó.
Mencionó que hasta ahora no han recuperado recursos, ya que eso le compete a la fiscalía mediante una resolución.
Ocho dependencias siguen sin concluir proceso de entrega-recepción
Finalmente, la secretaria de la Honestidad dio a conocer que, a un año de haber iniciado la presente administración, al menos ocho dependencias siguen sin concluir el proceso de entrega-recepción.
Entre ellas se encuentra el Cecyte, ISEP, Issstecali, Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo y UNEME.
“Cuando no se hace la entrega-recepción se incurre en responsabilidades y se le sabre un expediente de investigación”, puntualizó.
Manifestó que los responsables son los directores y subdirectores de cada dependencia, lo que podría representarles una sanción.
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