Por incurrir en propaganda gubernamental y promoción personalizada durante la veda por la Revocación de Mandato, la gobernadora del Estado Marina del Pilar Ávila Olmeda fue inscrita en el Catálogo de Sujetos Sancionados y le corresponderá al Congreso del Estado imponer la posible sanción.
Lo anterior corresponde a la sentencia que aprobó el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Ávila Olmeda, junto con otros mandatarios y mandatarias de Morena, fueron denunciados ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Fue señalada de realizar actos de propaganda gubernamental y promoción personalizada durante la veda electoral.
La Sala Especializada ratificó la denuncia y en total contabilizó 98 publicaciones que violan la normativa electoral entre todas las personas señaladas.
La gobernadora de Baja California se ubicó en el quinto lugar al acreditarse nueve de las 98 acreditadas. Solamente se encuentra detrás de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (16), así como los mandatarios de San Luis Potosí (13), Chiapas (10), Sinaloa (10) y Sonora (9).
La mandataria cometió ocho ilícitos relacionados con propaganda gubernamental y uno por promoción personalizada.
Además, se denunció su participación en el desplegado titulado “GOBERNADORAS Y GOBERNADORES DE LA 4TA TRANSFORMACIÓN”.
Las publicaciones de Marina del Pilar Ávila se cometieron entre el nueve de febrero y el 21 de marzo. Seis hacen referencia a temas de seguridad, plantas de tratado de aguas, el centro de justicia para mujeres y el escuadrón violeta.
“Se advierte que la publicación busca la aceptación de la población al exaltar acciones relacionadas con el trabajo”, estableció el tribunal.
La determinación de la Sala Especializada se impugnó ante la Sala Superior, sin embargo, el pleno confirmó la sentencia.
Inscrita en el Catálogo de Sujetos Sancionados
Debido a lo anterior, la gobernadora fue inscrita en el Catálogo de Sujetos Sancionados del TEPJF. Por lo tanto, el Congreso del Estado deberá imponer la sanción que correspondiente.
Sin embargo, el Magistrado Felipe de la Mata Pizaña propuso que el INE emita lineamientos para evitar que servidores públicos incurran de forma reiterada en este tipo de actos.
Explica que una de las alternativas es que quienes comentan estos actos de forma reiterada, pierdan la calidad de “modo honesto de vivir”, lo que les impediría participar en los siguientes procesos electorales.
El magistrado expresó que el INE cuenta con la facultad de emitir estos lineamientos, lo que permitiría que los servidores públicos eviten violar la ley electoral de forma recurrente.
La propuesta generó controversia al interior del pleno, incluso tres de los integrantes votaron en contra. Sin embargo, se propuso una adecuación para que sean las autoridades jurisdiccionales quienes realicen esta acción en caso de acreditarse el acto irregular.
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