Una diputada federal propuso un sistema de alertas de localización de menores y mujeres dentro de la Ley Nacional de Seguridad
Ciudad de Mexico. Con el propósito de crear un sistema de mensajes de alerta para la búsqueda y localización de menores de edad y mujeres, a través del servicio de radiodifusión celular, la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) propuso adicionar el artículo 129 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La iniciativa plantea que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana implementará y operará dicho sistema, de conformidad con el Protocolo de Alerta Común y los lineamientos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Los concesionarios y, en su caso, autorizados del servicio móvil, de radiodifusión, y de televisión y audio restringidos deberán implementar la plataforma de comunicación correspondiente, con el fin de soportar el Protocolo de Alerta Común.
El documento, remitido a las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Comunicaciones y Transportes, argumenta que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) durante 2022 fueron reportadas como no localizadas y desaparecidas 20 mil 405 personas, de las cuales 39 por ciento son mujeres y 15 por ciento menores de quince años; de éstas, 61 por ciento eran niñas y adolescentes.
Problema minimizado
Resalta que en la mayoría de los casos las instituciones de procuración de justicia aún minimizan la desaparición de niñas y mujeres y retardan la investigación que, en vez de ser pronta y expedita, se convierte en un calvario para las familias que no cesa hasta encontrar a la víctima de desaparición, comúnmente sin vida, y lo logran presionando al Estado cotidianamente o formando grupos de búsqueda civiles que siempre se encuentran en grave peligro de ser atacados por la delincuencia organizada.
La exposición de motivos de la iniciativa, suscrita por legisladores integrantes del grupo parlamentario, destaca que es necesario que toda acción para mejorar la actuación de las autoridades en los procesos, protocolos y alertas sea lo más inmediata y así aumentar las posibilidades de éxito para localizarlas.
Para ello, es posible hacer uso de tecnologías de la información, entre las que se encuentran las redes de telecomunicación, a fin de avanzar de manera exponencial en la materia, integrándolas a la seguridad pública, a la procuración y la administración de justicia en México.
La creación de un sistema de mensajes de alerta para la búsqueda y localización de menores de edad y mujeres reportadas como desaparecidas, podría integrarse al Protocolo Homologado de Búsqueda PHB, igual que la Alerta Amber, con el objetivo de contar con mecanismos integrales de búsqueda que permitan atacar tan lacerante fenómeno en la sociedad mexicana, puntualiza.
Acoso escolar
La diputada Mariana Nassar Piñeyro (PRI) propuso reformar los artículos 115 de la Ley de Educación y el 148 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer la capacitación permanente de las y los docentes en materia de contención de la violencia.
Lo anterior, ante los altos índices de acoso escolar en el país, particularmente donde el maltrato se ejerce por las y los profesores contra las y los educandos en el aula, asentó en un comunicado.
A través de una iniciativa la diputada destacó que serían las autoridades educativas federales, de los estados y de la Ciudad de México las que promuevan entornos escolares libres de violencia, a través del diseño de estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso escolar.
Asimismo, busca que en el ámbito federal se constituyan infracciones a los servidores públicos federales, personal de instituciones de salud, educación, deportivas o culturales que intencionalmente realicen, propicien, toleren o se abstengan de impedir el acoso escolar.
De acuerdo con la organización internacional Bullying Sin Fronteras, México tiene un explosivo crecimiento de acoso escolar, ya que de enero de 2020 a diciembre de 2021 el número total de casos graves de «bullying» y «ciberbullying» fue de 180 mil casos, apuntó.
Añadió que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar a nivel internacional de «bullying» en educación básica.
“Las autoridades educativas deben promover la cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia con base al respeto, además de que debe establecer mecanismos gratuitos de asesoría, orientación y protección para los menores de edad”, manifestó.
Bullying
Por su parte, la diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena) presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a fin de terminar con el acoso escolar, también conocido como «bullying».
En un comunicado destacó que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar en casos de acoso escolar, que afecta a más de 18 millones de alumnos de escuelas públicas y privadas a niveles primaria y secundaria.
“El ‘bullying’ no distingue género, ni edad, ya que se puede presentar entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
«Asimismo, causa graves daños en las personas que lo padecen: desde el desarrollo escolar, hasta lesiones físicas, emocionales y psicológicas que pueden derivar en la muerte”.
Explicó que el «bullying» se expresa en el entorno escolar cuando una niña, niño o adolescente aplica conductas agresivas, ofensivas o hirientes hacia otro compañero o compañera.
Indistinta
“Esta conducta no distingue género, ni edad, ya que se puede presentar entre niñas y niños o adolescentes, e incluso entre personas jóvenes”, apuntó.
“Si bien existe la obligación de las autoridades de diseñar protocolos de acción, estrategias de detección temprana del acoso escolar, así como de brindar orientación a los involucrados y de sancionar a quienes propicien el ‘bullying’, estas disposiciones no han sido suficientes y hace falta reforzar los cuerpos normativos”, aseveró.
Por lo anterior, propuso que las autoridades lleven a cabo programas y acciones para que las y los alumnos se desarrollen en un ambiente libre de acoso.
Además busca establecer la obligación de los docentes y el personal que labora en los planteles de recibir capacitación para tomar las medidas a fin de impedir el «bullying».
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