Mexicali. En sesión extraordinaria, la Comisión
Conjunta de Gobernación y Legislación, Obras y Servicios del Ayuntamiento de
Mexicali aprobó un pronunciamiento rechazando la municipalización del agua.
Dicha comisión estuvo conformada por 4 munícipes, sin
embargo, se contó con la presencia de 7 regidores más con voz pero sin voto, el
síndico procurador Héctor Israel Ceceña y el tesorero del Ayuntamiento, Víctor
Amador Barragán, quienes dieron el visto bueno a dicho posicionamiento en
contra de la reforma y solicitaron una sesión extraordinaria urgente de Cabildo
para emitirlo formalmente en conjunto.
Hasta el momento ya son 3 los Ayuntamientos que aprobaron
la municipalización de los organismos del agua, sin embargo, el Síndico
Procurador añadió que dicho posicionamiento que emita el Cabildo de Mexicali
debería ser remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego
de que él presentara una controversia ante la misma institución sin haber
obtenido respuesta aún.
El regidor que presentó la propuesta fue Héctor Ibarra
Calvo, quien aseguró se violentó la autonomía del municipio al ser el Estado y
su Congreso quienes aprobaran dicha reforma, cuando el que debió haber hecho la
solicitud fue el municipio en primer lugar, por lo que solicitó al Congreso, en
la misma propuesta, revierta la reforma aprobada.
«Tarde o temprano el agua tiene que pasar al
municipio, eso es lo correcto, pero se tiene que hacer sabiendo que vamos no a
oscuras y no con un riesgo para las finanzas públicas», dijo el regidor
panista.
Por su parte, Víctor Amador comentó que sí se aprobara la
municipalización del agua en Mexicali esto podría impactar negativamente la
deuda pública de la capital del Estado, ya que el Ayuntamiento Municipal cuenta
con una de 951 millones de pesos, mientras que la de la Comisión Estatal de
Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) es de 760 millones de pesos, cerca del
80 por ciento de la del municipio.
El regidor Fernando Rosales Figueroa señaló que el
decreto aprobado por el Congreso establece un periodo de 60 días para que se instalen
los nuevos organismos operadores de agua, siendo que un decreto publicado en
1999 establecía que deberían ser 90 días.
Los regidores, el síndico y el tesorero concordaron con
que este no era un no a la municipalización del agua, pero si que no se estaba
dando de manera regular, además de ser un mal momento para que el gobierno
municipal asuma un organismo de este tipo debido al proceso de transición por
el que atraviesan.
