Mexicali. El abogado Guillermo Ruiz Hernández, Fiscal General de Baja California presentó su renuncia en la mesa se Seguridad este martes en Tijuana, cargo que tomó desde el primero de noviembre del 2019.
“El día de hoy, estoy presentando mi renuncia al cargo, cuando llegamos a esta institución, teníamos un problema muy serio que era la falta de certificación de los policías. Teníamos el 24 por ciento de los policías certificados, hoy la Guardia Estatal están certificados al 99 por ciento” expuso.
Dijo que durante 2018, el sueldo de los policías rondaba los 8 mil pesos, para el 2020 se logró un incremento hasta los 20 mil pesos. expuso que actualmente los policías están ganando 28 mil 500 pesos.
“Titi” Ruiz señaló que se logró un mejoramiento en obras por más de 300 millones de pesos en dos años.
Agradeció la oportunidad en el cargo y afirmó que lo realizado fue con la visión de tener un mejor estado.
Por su parte, la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda reconoció el trabajo realizado por el fiscal y le entregó una placa de reconocimiento por los logros al frente de la Fiscalía.
“El combate a la delincuencia y el crimen organizado se mide con base a los resultados concretos, como por ejemplo la captura de presuntos criminales y el abatimiento de los índices delictivos. También debemos considerar lo que no se ve tan fácilmente, las tareas que previenen los actos delictivos y de violencia” expuso.
Señaló que en ambos casos, el fiscal realizó una labor digna.
“Quiero extenderle mi más amplio reconocimiento”.
Renuncia de Guillermo Ruiz anunciada
Apenas el 4 de diciembre, la Fiscalía del Estado envió un comunicado para informar que continuaría al frente de su labor.
En ese momento expuso que continuaría con su agenda abierta de trabajo con autoridades, grupos sociales y Cámaras empresariales.
Desde la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se especuló sobre la posible salida del funcionario, sin embargo, no había tenido apariciones públicas para dar una postura.
La nueva dependencia le quitó a la Fiscalía muchas de las funciones que realizaba, especialmente la prevención del delito.
De igual manera, la semana pasada, el Congreso del Estado le negó la aprobación de una ampliación presupuestal por 24 millones de pesos.
El importe buscaba contratar equipo de espionaje telefónico, libros “de lujo” para la escuela militarizada y adecuaciones a edificios rentados.
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