La nueva ley castiga la extorsión con una pena base de 15 a 25 años de prisión e incrementos que pueden llevar la sanción hasta más de 42 años de cárcel en casos agravados.
Mexicali. Integrantes de la 25 legislatura de Baja California aprobaron Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión que contempla sanciones de entre 15 y 25 años para quien cometa este delito.
La iniciativa de ley fue discutida y aprobada este viernes aprobó con 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La nueva ley se compone de 33 artículos, distribuidos en 5 Títulos, 9 Capítulos y 7 artículos transitorios, y constituye un marco normativo integral que permitirá cerrar vacíos legales, unificar criterios y fortalecer las capacidades institucionales frente a uno de los delitos de mayor complejidad y daño social, como lo es la extorsión.
Hasta antes de esta ley, la regulación en materia de extorsión estaba dispersa y poco clara, lo que provocaba respuestas desiguales y poco efectivas frente a un delito que, con el tiempo y el avance de las tecnologías, se fue fortaleciendo en perjuicio de la ciudadanía.
En este contexto, el nuevo ordenamiento se alinea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión y con la Ley General publicada el 28 de noviembre de 2025, que fija una pena base de 15 a 25 años de prisión, con incrementos que pueden llevar la sanción hasta más de 42 años de cárcel en casos agravados, como cuando el delito se comete contra comerciantes, migrantes, menores de edad, adultos mayores, mediante violencia física, uso de armas, desde prisión o por servidores públicos.
A nivel estatal, la nueva legislación dispone además que el delito de extorsión y los delitos vinculados se investigarán y perseguirán de oficio, asegurando que las instituciones actúen de manera inmediata y sin necesidad de denuncia previa, lo que refuerza la protección ciudadana y la eficacia en la persecución penal.
Con su aprobación y futura aplicación, esta ley permitirá materializar principios de actuación, reglas de coordinación, obligaciones operativas y directrices de atención con enfoque de derechos humanos, bajo un marco de observancia general.
*Comunicado
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