El titular de la CEDH propuso sancionar económicamente a los servidores públicos que cometan violaciones a los derechos humanos.
Mexicali. Los agentes de la policía municipal de Tijuana y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en Baja California, son quienes mayor número de quejas tienen en su contra por violación a los derechos humanos, confirmó Jorge Álvaro Ochoa Orduño, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en el Estado.
Durante la comparecencia para presentar su proyecto de presupuesto, el titular de derechos humanos fue cuestionado por la actuación de los agentes policiacos en todo el Estado y las violaciones a los derechos humanos.
Ochoa Orduño reconoció que se trata de un tema recurrente con las corporaciones policíacas de todos los municipios e incluso la FESC, ya que se requiere mayor capacitación a los agentes.
“Vemos con preocupación que sigan cometiéndose violaciones a derechos humanos”, expresó el ombudsman.
Dijo que la policía municipal de Tijuana encabeza las quejas por violaciones a los derechos humanos, por lo que han reforzado la capacitación de sus elementos.
Jorge Álvaro Ochoa Orduño agregó que hubo necesidad de abrir un programa de capacitación específico a los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana debido a las constantes violaciones.
“En el año del 2025 van 35 quejas en contra de elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana en todo el Estado”, expresó.
El titular de la CEDH reconoció que pese a las capacitaciones siguen presentándose quejas en contra de los agentes policíacos y consideró que una de las causas es que las denuncias no avanzan en las sindicaturas municipales.
“Encontramos que ahí falta la contundencia de las resoluciones, ahí es donde ya hemos señalado en recomendaciones, ya hemos dicho de ese pendiente que tiene el consejo disciplinario de no emitir las posibles sanciones a servidores y servidoras públicas”, indicó.
Jorge Álvaro Ochoa Orduño propuso que la CEDH pueda sancionar económicamente a los servidores públicos que cometan violaciones a los derechos humanos y además crear un padrón nacional con todas las personas que hayan incurrido en este tipo de acciones y que vean suspendidos sus derechos políticos.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos presentó un presupuesto de 59 millones 788 mil pesos para el ejercicio 2026, el cual representa un incremento global del 13.48 por ciento, con respecto al autorizado inicial para este 2025.
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