La CESPM se encuentra en un proceso judicial para recuperar parte de los honorarios que se le pagó a Fisamex por los cobros indebidos.
Mexicali. Aunque actualmente ya no existen juicios de amparo en contra de los cobros realizados por Fisamex, la Comisión Estatal de Servicios Púbicos de Mexicali (CESPM) se encuentran en un litigio con esta empresa con la intención de recuperar parte de los recursos que le fueron pagados.
Lo anterior fue dado a conocer por autoridades de la CESPM durante la comparecencia en la que presentaron su proyecto de Ley de Ingresos para el 2026.
Al ser cuestionados por el impacto de los amparos en contra de los cobros realizados por Fisamex, el director del organismo Armando Carrazco López recordó que desde que asumió el cargo la paraestatal ya existía un proceso jurídico en contra de la empresa.
Luis Sánchez, integrante del área jurídica de la CESPM aclaró que las devoluciones que han tenido que realizar se han dado debido a ordenes judiciales, aunque no dio a conocer el monto de estas.
Señaló que hasta el momento no existen juicios de amparo vigentes en contra de la paraestatal debido a los cobros de Fisamex.
Sin embargo, se encuentran en un proceso judicial para recuperar parte de los honorarios que se le pagó a Fisamex por los cobros indebidos.
“Actualmente hay un juicio que presentamos en contra de esta empresa, se le emplazó este año, hace unos meses, en el mes de mayo/junio, contestaron la demanda, esta en un juzgado de aquí de la ciudad de Mexicali”, explicó.
Según el Informe Individual de la Cuenta Pública 2022 de la CESPM, la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó que CESPM pagó a Fisamex un total de 34 millones 119 mil 661 pesos en 2020 por sus servicios y otros 19 millones 393 mil 554 pesos en 2021.
Sin embargo, debido a litigios promovidos por los empresarios inconformes, la CESPM se ha visto obligada a devolver 92 millones 947 mil 288 pesos a 20 usuarios hasta ese año.
En consecuencia, Fisamex está obligada a regresar el 20 por ciento de esos 92 millones de pesos, ya que se trata de la contraprestación que le corresponde por el cobro de esas cuentas, que posteriormente fueron señaladas de irregulares, situación que se encuentra combatiendo la paraestatal.
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