Mexicali. El responsable de la muerte de Valeria Ahumada, Sergio Enrique «N», fue sentenciado a 42 años y 6 meses en prisión por el delito de feminicidio, luego de 3 años de haber cometido dicho asesinato.
El asesor jurídico de los familiares de la víctima, Cuauhtémoc Castilla Gracia, manifestó que este caso sentó un precedente y exigió una reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal para que ningún feminicida pueda acceder a una libertad condicionada.
Con base en las evidencias probatorias presentadas por la Fiscalía General del Estado durante el caso, en abril de 2018 Sergio Enrique «N», quien fuera pareja sentimental de Valeria Ahumada, la asesinó produciéndole 22 heridas en cuello y torso.
Tres años después del asesinato, la jueza Sandra Rubio Díaz dictaminó una sentencia de 42 años y 6 meses en prisión para el asesino, además del pago de la reparación del daño por 407 mil 839 pesos y una multa de 34 mil 255 pesos.
Castilla Gracia había solicitado la pena máxima de 50 años y una indemnización de 888 mil 901 pesos. No obstante, tanto el abogado como el padre de la víctima, Joaquín Ahumada, se dijeron relativamente conformes con lo dictaminado por la jueza, agregando que analizarían la posibilidad de elevar la cifra de la indemnización.
«Arriba de 35 años está bien, 42 años y 6 meses es correcto, nada más si sería momento de levantar la voz para que se reforme la Ley Nacional de Ejecución Penal en sus artículos 136 y 137 para incluir el feminicidio y que ningún feminicida acceda a libertad condicional», expresó el abogado.
Mencionó que si los familiares lo desean, cuentan con 15 días para promover un amparo directo para buscar cambiar el pago de reparación del daño.
El padre de la víctima comentó que aunque su deseo era que se impartiera la pena máxima de 50 años a Sergio Enrique, respeta la decisión de la autoridad, señalando que lo que buscaban era que el feminicida pagara justamente.
Finalmente, tanto el padre como la madre de Valeria Ahumada agradecieron el apoyo de las autoridades, del abogado Cuauhtémoc Castilla, de la sociedad civil y de los medios de comunicación por darle seguimiento a su caso.
