Historias para compartir
Columna de opinión
Por Eneida Sánchez Zambrano*
@obradevirgilio
La Ley es norma a la que debemos someternos todos los mexicanos. La Ley es la basa de la actuación de las autoridades de gobiernos para desarrollar programas, acciones, contratos, concursos, licitaciones, castigar a delincuentes y todo paso del gobierno.
Es la base del comportamiento de la sociedad civil y el ciudadano libre. Con la Ley en mano por parte de las autoridades hemos sido testigos de transformaciones, grandes obras y proyectos económicos que más que ayudar a generar empleos, cuidar el medio ambiente, el equilibro y la sustentabilidad se convierten en el despojo comunal y el fracaso de zonas comunitarias e indígenas.
El investigador Víctor Toledo de la UNAM declaraba hace unas semanas a La Jornada que en todo el país hay más de 420 conflictos socio ambientales, de ellos 120 corresponden a la minería, 80 relacionados con el sector energético y 75 relacionados con el agua.
En el caso de la instalación de otro proyecto de basurero tóxico en las inmediaciones de San Luis Potosí y Zacatecas han ofrecido viviendas, granjas de pollo, despensas y hasta ayuda para tramitarles visas y llevarlos a Estados Unidos.
Y sucede a lo largo y ancho del todo el país. Alguna vez platicaba con el maestro y exdirector del Instituto de Investigaciones Culturales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Everardo Garduño quien tiene decenas de año estudiando los derechos indígenas y señalaba que la modernidad ha transformado entornos, sacrificado oportunidades y formas de vivir tradicionales.
Y esto lo hacen excluyendo a pequeñas comunidades y zonas indígenas que desconocen de sus derechos y suelen ser fácilmente engañados o engatusados.
En ese momento hablábamos del derecho de la comunidad cucupa a la pesca de la curvina golfina, y ponía como antecedente que antes dicha actividad nómada la podía realizar en la rivera del Río Hardy o en la Laguna Salada.
Con el tiempo las especies se extinguieron y La Salada se quedó sin agua. En otro momento platicaba con mi amiga Antonia González indígena Cucapá y ponía como ejemplo la construcción de la carretera a San Felipe que se realizó sin consultar a las comunidades, sin un estudio de impacto ambiental. Recordaba también que en ese momento hubo denuncias con evidencias de la afectación a especies endémicas, de la forma de vivir de las comunidades indígenas, pero nada pasó.
Lo mismo ha sucedido en muchos partes del País. Ahora que vivo en Coahuila, la comunidad del Municipio General Cepeda ha sido víctima también de legalismo y el abuso de los acuerdos por debajo de la mesa de las autoridades locales y federales. Un grupo de ciudadanos desde el año pasado han encabezado un momento denominado “Si a la vida en General Cepeda”. En este caso los empresarios timaron a los ejidatarios y les pidieron vender el acceso de camino para la construcción de una planta textil o de pollos que generaría empleos a decenas de familias que viven de la colecta de lechuguilla, candelilla y cuidado de ganado. Sin embargo no fue así, en lo “obscuro” se aprobaron permisos en el Ayuntamiento, sin pasar por el Cabildo y a nivel federal. En esa zona que parte de la Sierra de Chihuahua y donde hay agua tan solo excavando 20 metros, se construirá el segundo basurero tóxico denominado Cimari. Coahuila tendrá dos: uno en Ramos Arizpe y otro en General Cepeda.
Los compromisos de las autoridades para renovar flora y fauna se los pasaron por el arco del triunfo, la lucha de la comunidad continua, pero quienes toman la decisión asegura que en el nombre de la Ley actuaron de la mejor forma, aunque con muchas, muchas trampas, pero de ahí no los sacan.
Esto me recuerda lo que está pasando ahora en Mexicali con la empresa EcoZone México que busca extraer materiales pétreos y otros minerales, además de su aprovechamiento forestal, la construcción de una zona industrial de recicladoras, una estación de manejo de residuos peligrosos, la instalación de una planta de generación de energía con paneles solares, un desarrollo habitacional, la construcción de una zona comercial y de servicios, entre otros.
En una edición anterior en RadarBC, la especialista y consultora en Planeación y Desarrollo Sustentable refería de los pocos y ocultos esquemas de participación ciudadana para cuando se trata de construcción de grandes obras.
En el caso de Mexicali las autoridades deberán considerar: Uno: Es una zona donde existen especies endémicas como lo ha documentado La Jornada Baja California, dos, es una zona de reserva indígenas de la tribu Cucapá y que son ellos quienes deben ser consultados sobre el uso de las tierras y tres deben considerar los movimientos de sociedad organizada al respecto.
Afortunadamente ha habido una respuesta de grupos ciudadanos que se activaron en dos vías: Las redes sociales y el análisis de los documentos para solicitar que la consulta se amplíe, pues la comunidad tiene 20 días para opinar sobre un proyecto que impactará toda su vida.
Desgraciadamente seguimos pensando que somos islas desconectadas y la vida misma nos da la razón que no es así, que los pasos de uno en detrimento del entorno afecta a todos. Son infinidad las consideraciones que tendrán que analizar especialistas y autoridades para desarrollar ese basurero. Que lo hagan a fondo, de la mano de la ciudadanía y de forma transparente.
El problema histórico que tenemos Baja California es que las comunidades indígenas de la región que actualmente viven de empleos temporales y proyectos productivos. Bajo el cobijo de una Ley de Asuntos Indígenas obsoleta, e ignorados permanente por las autoridades.
Habrá que estar pendiente de las acciones del Cabildo de Mexicali, de la delegación estatal de la Semarnat y de que el gobierno estatal fije un posicionamiento claro de defensa de una zona que es patrimonio de todos los bajacalifornianos.
Fotos: Juan Francisco Aldape ( Coahuila) Antonia González ( Mexicali, Baja California)
* Eneida Sánchez Zambrano es nómada por convicción. Emprendedora en el impulso de proyectos de consumo local. Actualmente es consultora de comunicación ciudadana, política pública y redes sociales.
