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¿Por dónde empezamos? Que la justicia es ciega.
Que la justicia es invisible porque todos hablamos de ella y no existe.
En temas de autoridad y marco legal, la justicia la entenderíamos como el cumplimiento de normas bajo el imperio de la Ley y donde se aplica a todos por igual.
En México, la justicia es un gran problema que atender cuando lo que nos sobra es impunidad. Desde hace ocho años el Sistema de Justicia Penal del país ha estado en un proceso de transformación.
Pasó de ser un Sistema Penal inquisidor a un sistema acusatorio; porque existen dos partes: una que acusa y otra que se defiende; adversarial, porque tanto el acusado como el que defiende aportan pruebas y argumentos deben ser comentadas y aclaradas ante un juez; y finalmente oral porque el juicio se realiza de frente a un juez y no por escrito como antes se hacían, sin la participación de los involucrados.
El sistema de justicia acusatorio tiene un fin noble, pero a las autoridades no les ha alcanzado la vida para transformar esa intención a la acción. Empezó con resistencias, sin interés real de las autoridades por resolver un problema de fondo, sin la coordinación adecuada y el seguimiento para poder fortalecerlo.
De entrada, creo yo que el Nuevo Sistema de Justicia Penal pone en el centro a los ciudadanos que para los servidores públicos representa una responsabilidad grande y profesional.
Este nuevo sistema tiene como principio que todo mundo somos inocentes hasta que nos demuestre lo contrario (presunción de inocencia). Antes era: “Irás a la cárcel, y allí te quedas mientras investigamos si eres culpable o no” y las cárceles se llenaron de inocentes.
Sin embargo tenemos problemas fuertes y arraigados que bien podríamos usarlos como área de oportunidad.
El principal en México es la impunidad, es decir la ausencia de justicia. Todo pasa, pero no pasa nada. ¿Y ante eso, qué hacer? México es el segundo país en el mundo con más impunidad. Según el Índice Global de Impunidad (IGI), elaborado por la de la Universidad de las Américas Puebla (UdlaP) y Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla (CCSJ) el sistema de justicia mexicano, enfrenta grandes deficiencias: 46 por ciento de la población detenida carece de una sentencia condenatoria.
El índice estimó una proporción promedio internacional de 17 jueces por cada 100 mil habitantes; México sólo cuenta con 4 por cada 100 mil. Recientemente, Animal Político publicó un análisis que hacen especialistas sobre el Sistema de Justicia Penal sobre la capacitación de personal especializado y capacitado. Otro de los temas destacados en la publicación es que hace falta más mediación con delitos no graves y más en cuestiones patrimoniales.
En el caso de los brazaletes electrónicos no existe una unidad de medidas cautelares que supervise y no hay suficientes brazaletes. Y bueno, el punto más débil son las corporaciones policiacas como las mismas autoridades han reconocido, sobre todo los policías municipales.
Recuerdo muy bien cuando inició el sistema de justicia penal acusatorio en Mexicali; era un gran problema para las autoridades concientizar al policía municipal que el principio de la cadena de justicia iniciaba con ellos. Y si el expediente se formaba de manera errónea, el proceso terminaría mal.
Otro estudio reciente del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C (CIDAC) denominado “Hallazgos 2016: Seguimiento y evaluación del Sistema de Justicia Penal en México”, destaca que las instituciones operadoras cuentan con pocos casos de diagnósticos integrados, y más allá de la capacitación también se presentan deficiencias en la coordinación entre policías y ministerios públicos que ponen en riesgo la sustentabilidad de la reforma.
Y aunque dicho documento destaca que las autoridades han buscado salidas alternas, en promedio uno de cada dos casos se encuentra en trámite o pendientes de determinación.
Lo que debemos tratar de hacer como sociedad civil, ciudadanía y las instancias de gobierno es atender los vacíos y brechas del proceso de implementación, crear mecanismos de evaluación, fortalecer el marco legislativo pendiente y profesionalizar al personal. Hay entidades en el País donde la capacitación tiene cero inversión debido al retraso que hubo en la implementación del Sistema.
Hoy, los organismos internacionales y las autoridades buscan fortalecer el sistema de justicia penal por varias razones: Una de ellas es la falta de credibilidad; otra de ellas y la más grave es el ejercicio de la justicia por propia mano ante las supuestas ineficiencias. Fortalecerlo implica tener personal capacitado y sensibilizado en las procuradurías y fiscalías, defensoría, comisiones de asistencia a víctimas y centros de justicia para mujeres y alternativa.
Además, se debe llevar a cabo foros y actividades de sensibilización y capacitación a todos los involucrados en el Sistema, desde jueces, defensores, fiscales, investigadores, policías, voceros, periodistas, editores y medios. Además, debe haber capacitación donde la ciudadanía participe, para que comprenda los procesos desde su comunidad y atendiendo sus problemáticas.
A ocho años del Nuevo Sistema de Justicia Penal el proceso sigue estando inacabado, lo cual llevará a sus detractores a pedir volver al viejo régimen. Sin embargo, con viejas prácticas no se puede combatir la impunidad y por lo tanto las injusticias. Los esfuerzos deben ser coordinados entre las autoridades, con un compromiso real entre los servidores públicos y con una idea clara para que los ciudadanos entiendan cómo funciona el nuevo modelo, donde la mayoría de las veces están más capacitados los delincuentes sobre el mismo que los propios ciudadanos.
Porque de no generar círculos de confianza y credibilidad entre instituciones y ciudadano estaríamos perdiendo otra batalla como sociedad. Y eso se ve con casos como las autodefensas y grupos de ciudadanos armados contra la delincuencia y las instituciones públicas
Por Eneida Sánchez Zambrano
