En esta pandemia cada uno ha escrito su historia. O la sigue escribiendo. Con pérdidas, con sorpresas, con situaciones extraordinarias, con problemas económicos, emocionales o esa capacidad resiliente que nos hace únicos. También hemos de decir que no la vivimos de la misma manera las personas en la ciudad y quienes están en las zonas rurales.
Por azares del destino me ha tocado vivir la pandemia en los dos escenarios: en la zona rural y la zona urbana. Y podría sonar lógico que las áreas tienen características muy diferentes, pero cuando nos adentramos la posibilidad de superar, prevenir, contar con medidas de reducir riesgos o mitigar el COVID0-19, las diferencias son abismales. Las zonas urbanas y rurales tienen una gran brecha de desigualdad en condiciones de vida, y por ende en el ejercicio de sus derechos que en tiempos de COVID-19 se incrementa.
Las poblaciones rurales tienen comunidades dispersas en muchos de los casos, algunas habitadas por pueblos indígenas y en algunas zonas el acceso a la tecnología no llega, los servicios médicos son reducidos y las campañas preventivas e informativas no son constantes. A eso le sumamos la infodemia que propagan quienes tienen acceso a la tecnología, el estigma de sentirse observado o contagiado, entre otros.
Desde hace algunas semanas, por razones familiares he estado realizado home office desde Punta Colonet, Baja California. Un poblado situado al sur de Ensenada con menos de 4 mil habitantes. En la familia tenemos tres adultos mayores con hipertensión a quienes de todas las formas tratamos de mantenerles sanos y por ende nuestra responsabilidad de quedarnos en casa y extremar medidas se acentúa.
He observado que en estos poblados existe la percepción que el virus nos llegará, y entonces se baja la guardia. Y retoman las medidas preventivas cuando trasciende de uno, dos, tres y hasta diez enfermos. Los pocos lugares como farmacias, centrales de autobuses, tiendas de autoservicio, empaque y demás se vuelven lugares esenciales como promotores de la prevención, así como los liderazgos comunitarios. El problema es cuando los responsables no ejercen ese liderazgo social.
Por su parte, el Valle de San Quintín es una de las principales zonas agrícolas de Baja California y México con una población mayoritariamente indígena migrante que vive en cuarterías y hacinados dependiendo de su ingreso del trabajo de jornaleros, ya se en la pizca de tomate, chile, cebolla, frutos rojos, papas o cualquier otra fruta y verdura de la temporada o empacadores.
En este contexto, los esquemas preventivos son planteados por las autoridades, que aunque hacen eco en redes sociales, el aprendizaje se da entre ciudadanos que se encuentran mejor informados. Específicamente, esta población desde dos meses retiró retenes preventivos o perifoneo con medidas preventivas. En ninguna tienda he visto carteles informativos de autoridad en español, mucho menos mixteco o triki, lenguas indígenas del 60% de los trabajadores en los campos agrícolas provenientes de Oaxaca.
Esas son las desventajas en la cotidianidad, pero existen otras de atención y estructurales: el reducido número de doctores, los servicios médicos son insuficientes, la poca claridad en los protocolos de actuación, sin exigencia, ni llamadas de atención de los establecimientos que no cumplen con las medidas mínimas de seguridad tanto para empleados como visitantes, o el permitir la instalación de aglomeramientos y mercados sobre ruedas. Aunado a ello, la escasez de tratamientos COVID-19, el costo elevado, el aumento de productores de la canasta básica y los problemas de salud mental de las personas que se han quedado en el confinamiento. Y otros temas no menores: la inseguridad, el alto grado de alcoholismo, la violencia contra las mujeres y el abuso de las condiciones de las comunidades indígenas al permitir el establecimiento de juegos al azar, como el de las canicas donde los timan, la constantemente discriminación, así como la total inacción de las autoridades en las diversas delegaciones rurales.
Las fuentes de empleo no se diversifican. La mayoría se dedica al comercio, cultivos y presentación de servicios; todas estas actividades vinculadas a la cadena alimenticia. Lo cierto es que, ante las ausencias de autoridades, la única alternativa que tienen las poblaciones es la autogestión y la información comunitaria es la mejor arma para combatir el virus.
En estas circunstancias destaca la cifra que señala que, de acuerdo con datos del INEGI, la tasa de mortalidad a consecuencia de la enfermedad Covid-19 en la población indígena es del 7%, en la mayoría de los casos las personas viven en zonas rurales.
Por otro lado, la ONU destaca que la prevalencia de enfermedades crónicas que predisponen a las complicaciones más graves de la COVID-19, como la hipertensión, la obesidad o la diabetes, son más prevalentes en las poblaciones que viven en condiciones de pobreza. Y a su vez las condiciones de pobreza por escasez de trabajo, falta de servicio básicos se da en mayoritariamente en las zonas rurales o conurbadas.
Podemos observar que se han elaborado políticas públicas poco equitativas. ¿Qué hacen las poblaciones rurales entre los contagios con síntomas y asintomáticos? ¿De qué manera previenen los contagios el campo o los empaques? ¿Qué medidas se están recomendando para las familias que viven hacinadas? Aunado a ello, esta pandemia sanitaria en las zonas rurales enfrenta la escasez del agua, y ello impide el ejercicio de ese derecho básico para realizar las medidas higiene necesarias como el lavado de manos. En diferentes poblaciones en el caso de Coahuila o Baja California los mecanismos diarios de distribución de agua consiste en pipas o camiones.
En el caso de las personas adultas mayores y que provienen de comunidades indígenas, y en específico al sur del Estado Baja California, las condiciones de exposición empeoran cuando continúan con sus trabajos de jornales y además no hablan español. Las comunidades en las zonas rurales no tienen un plan de contingencia de habilitar salones sociales, escuelas o lugares que permitan atención a personas contaminadas en caso de aumentos de contagios, esencial ante el constante riesgo.
Por otro lado, también nos debemos preguntar los planes de traslado para los pacientes, a qué hospitales se debe ir, cuántas ambulancias están disponibles las 24 horas, y sí sus administradores están disponibles de todo el tiempo. ¿Qué garantiza que las personas que viven en zonas rurales tengan un desenlace exitoso en su tratamiento?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha destacado que los Estados deben dirigir esfuerzos para la más amplia cobertura posible a nivel geográfico, tomando en cuenta las particularidades de cada zona. En cuanto a las personas con COVID19 con riesgo en su la vida y amenazas serias a su salud que viven en zonas rurales o lugares alejados, y con mayores obstáculos de acceso a servicios especializados, como pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes tribales, deben generarse acciones específicas para identificarlas y construir estrategias de asistencia en transporte, alojamiento y acceso esencial al agua y a la alimentación.
Finalmente, cabe recalcar lo apuntado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el documento “América Latina y El Caribe Post Covid-19: Retos y Oportunidades”, que refiere la importancia de analizar la ampliación y el monto de los programas sociales para mejorar la focalización y en análisis del sistema de desarrollo social.
Por todo lo anterior creo que estamos en situaciones de mayor vulnerabilidad: por falta de información, comunicación, ignorancia, ausencia de acciones gubernamentales. Y por la confianza en el campo no pasa nada cuando todo pasa.
