El 30 de septiembre de 2017, la 22
legislatura (de mayoría panista) suspendió por tercera vez la intentona de aprobar el dictamen 95, una corrección al decreto 57 que le permitiría al entonces
gobernador de Baja California, Francisco «Kiko» Vega, asegurar más de
66 mil millones de pesos hasta el año 2056 (fe de errata: en la Parte 1 de esta
serie se dijo que eran cerca de 40 mil millones de pesos… error nuestro, era
más)—endeudándonos hasta la muerte, literalmente, si le sumamos los intereses—
para cubrir (nada más) un proyecto de asociación público-privada (APP), la
desaladora de Rosarito.
La razón de esta suspención o aplazamiento
legislativo fue obligada por la presión popular de gente de todo el estado que
fue a Mexicali a protestar contra estos endeudamientos, la cual logró entrar al
congreso abriéndose paso a fuerza y empujones. El hecho que a continuación se
describe puede servir como metáfora de la tan distante relación entre la clase
política y gente trabajadora y popular, quienes con gran indignación esperan a
que por lo menos cumplan los servidores públicos con su trabajo. El hecho: los
diputados salieron de la sala y pleno, Benito Juárez, sin cerrar la cesión de
ese día, lo cual pudo significar que volverían para aprovar las APP. Luego,
como la gente tampoco se iba, algunos activistas se empezaron a acomodar en las
butacas de la sala, preparándose para descansar, mientras que a los diputados y
diputados no se les vio más en el edificio, al menos en las plantas bajas.
Esa madrugada desde el congreso, el canal
de Mexicali Resiste grabó un comunicado redactado por gente de todos los
municipios. Además, para impulsar el mensaje se acuerda que sean León Fierro,
Diana Aranguré y otro activista quienes den lectura y describan, a grandes
rasgos, los hechos recién ocurridos, los que ocurrían en ese momento y hacen
una pequeña explicación de las APPs y las razones generales para impedir una
deuda que la va a pagar varias generaciones.
Gracias a esta especie de pelea civil y
voluntad popular contra la votación del dictamen 95, el entonces presidente del
congreso, Benjamín Gómez, del PRI, optó por mejor cortar con cualquier
malentendido y ya no se atrevió a poner en la orden del día el tema de las APP
por el resto de su labor como presidente del congreso.
Antes de continuar, empero, es necesario
aclarar algunos puntos sobre la posición del diputado presidente: (a) como jefe
de la JUCOPO, el diputado-presidente del congreso es, para todos efectos
prácticos, la voz con más pesos en relación a puntos en las órdenes del día;
(b) el puesto es rotativo y cada tres meses, aunque no hay lista de parrtipación;
(c) Nadie debería de ser diputado ser diputado presidente más que por una vez
en una legislatura; (d) el congreso es más responsabilidad tuya que de
cualquier otro legislador (hasta que el tiempo obliga a dejar la tiranía).
Luego entonces… cuando se le estaba
acabando el tiempo a finales de noviembre a Benjamín Gómez como presidente,
comenzó a circular en prensa que a el 1 de diciembre, a quien le tocaba estar
en esa posición ahora era, justamente, a la diputada Eva María Vázquez. Había
sido secretaria durante la presidencia de Benjamín Gómez y, como tal, había
acompañado al priísta el 30 de septiembre a denunciar a los activistas ya
mencionados. Sin embargo, como escribió un articulista durante aquellos días
(lo abrevio): precisamente por haber visto de cerca la forma en que Benjamín
Gómez no pudo justificar nada frente a la ciudadanía ni pudo contenerlas,
Vázquez «no quiso enfrentar a la oposición popular» y dijo que mejor
no le entraba ella a la presidencia.
La tensión había alcanzado niveles muy
altos, tanto para la ciudadanía como para los diputados, pues la garantía de
pago que representaba la aprovación del dictamen 95 tenía que llevarse a cabo
antes de finalizar el año. Esto obligaría, sí o sí, a que el nuevo o la nueva
presidente del congreso tenía que llevar la propuesta al pleno, sesionarla y
hacer que pasara antes de una fecha en diciembre de ese año. Obviamente, la
mayor fuente de presión para el poder legislativo eran los dos principales
representantes del poder ejecutivo, Francisco «Kiko» Vega y Francisco
Rueda.
Cuando Eva María Vázquez rechazó la
presidencia del congreso, el grupo central le ofreció la presidencia a otro
legislador panista, Carlos Torres Torres (nota: en 2018 Carlos Torres Torres se
saldría del PAN, se casaría con la entonces presidenta municipal de Mexicali,
Marina del Pilar, y eventualmente se incorporariá al partido Morena), pero dijo
lo mismo de Vázquez. No se iba a meter en eso.
El único que levantó la mano fue otro
panista, Raúl Castañeda Pomposo –quien, curiosamente, tiene un hermano de
sangre miembro de Morena, en Tijuana. El único problema con esta autopromoción
para la presidencia era que ya había sido, Castañeda Pomposo, diputado
presidente. Sin embargo nadie le negó el puesto ni lo debatió siquiera: ya se
sabía entonces quién sería él que se adjudicaría el costo político de la
necesidad de reprimir a los manifestantes cuando llegue la hora de sesionar el dictamen completo.
El último día del mes (si no me equivoco)
es cuando se nombra un nuevo presidente de la Jucopo durante la noche. En dicha
sesión Castañeda Pomposo aceptó el nombramiento y anunció que la primera sesión
sería una ordinaria para el 7 de diciembre a las 11:00am, sin hacer mención del
dictamen ni la deuda. Terminado el acto los diputados volvieron a sus distritos
y el congreso se vació de gente. Nadie esperaba lo que estaba a punto de
ocurrir.
Durante la madrugada, Castañeda Pomposo
decide anunciar una sesión extraordinaria para decidir sobre nada más un punto
de la agenda. Y la convoca para esa misma mañana, la del 1 de diciembre de
2017, a las 08:45 horas. Y así sucede.
Las noticias les llegaron a los movimientos
de resistencia cuando compañeros que resguardaban el congreso comenzaron a
grabar y a decir que estaban llegando otra vez lxs diputadxs al edificio.
Votaron 12 diputados del PAN y una diputada
del PRD, justo el número de votos que necesitaba el gobernador Vega y sus
socios para endeudarnos a todxs. A la sesión no asistió nadie de ningún otro
partido, solo la bancada del PAN y una del PRD. El resto de los diputados
argumentaron no haber sido avisados con tiempo y algunos hasta hicieron ruedas
de prensa para decir que aquello era un insulto a la ciudadanía, que no se
podía quedar así y que iban a llevar este abuso de poder hasta donde tenga que
topar.
Algunas razones jurídicas para anular la
legalidad de aquella sesión, dijeron los expertos, eran: (1) La ilegitimidad de
la mesa directiva, ya que no hubo Junta de Coordinación Política previa a la
votación en el pleno; (2) La emisión de la convocatoria para celebrar la
sesión, ya que a algunos legisladores se les convocó con menos de cinco minutos
y al resto entre 20 y 25 minutos previo a la votación; (3) La convocatoria para
la sesión extraordinaria del primero de diciembre no enlistaba ningún punto en
el orden del día; y (4) La ley de Disciplina Financiera señala que los temas
relacionados al endeudamiento de las entidades debe aprobarse con las dos
terceras partes del Congreso, a diferencia de la Constitución local que permite
que sean las dos terceras partes de los presentes.
Pero nada de eso pasó, nada más lo que
faltaba.
Al día siguiente, dos de diciembre,
«el presidente de la junta directiva del Distrito de Agua de Otay (DAO) de
San Diego en California, Mark Robak, celebró la aprobación del dictamen 95 en
el Congreso de Baja California, aseverando que se aseguró el financiamiento
para la construcción de la desalinizadora de Rosarito. [Y] recordó que, con la
aprobación del dictamen por parte del Congreso del estado, se aseguraron las
garantías financieras necesarias para impulsar los proyectos de las desaladoras
de Rosarito y San Quintín, bajo el esquema de Asociación Público Privada.»
Quizá, si no está familiarizado con el
tema, se preguntará qué tiene que ver el Distrito de Agua de Otay con el
dictamen 95… pero ese no es el punto, y nada más queremos destacar algunas
cosas.
Durante la administración de Francisco
«Kiko» Vega, una vez que el proyecto de la desaladora empezó a
desarrollarse, la CEA dejó de publicar sus informes mensuales de los volúmenes
bombeados de agua. Además, los números
que fue presentando el grupo de funcionarios cercanos a Francisco Vega que más
empujó por la aprobación del dictamen 95 y todos los proyectos APP —Manuel
Guevara, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado;
Bladimiro Hernández, de Contraloría; Germán Lizola, de la Comisión Estatal del
Agua y Carlo Bonfante, secretario de Desarrollo Económico—, fueron
encontrados falsos.
No obstante lo anterior, ninguno de los
recién mencionado funcionarios ha sido llamado a declarar por ninguna de las
denuncias en su contra relacionadas a la desaladora de Rosarito ni por ningún
otro acto de corrupción o mal manejo de recursos públicos o abuso de autoridad
o lo que fuere (me consta que hubo demandas a todos esos nombre durante esos
años).
Por otro lado –y esta es la razón para
contar esta historia–, nueve compañeros y compañeras siguen siendo perseguidos
por la demanda que los entonces diputados, Benjamín Gómez y Eva María Vázquez,
les hicieron. Todo esto a pesar de que en 2019 un juez había resuelto la no
procedencia de los cargos contra ellos.
Lxs compañerxs, incluídxs León Fierro,
Diana Arangurén y Tania Gallaga, son acusados de «despojo» y
«privación ilegal de la liberatad»; delitos graves y que, si se les
llega solamente a vincular a un proceso de juicio, los pueden obligar a
llevarlo desde la cárcel, como prisión preventiva. Aún así, ha sido la actual
23 legislatura, con mayoría del partido Morena, quien ha solicitado y quien ha
insistido en que se le otorge una revisión a la denuncia, actualmente
catalogada como «no procedencia del delito».
¿Por qué?, seguimos y seguiremos
preguntándo. ¿Es el mero capricho de alguien? ¿O es para meterle miedo a la
población que pudiera, en una crisis de algún tipo, salir a manifestarse? ¿O
será que el poder de siempre (nuevo o viejo) no quiere a nadie incómodo en su
camino?… Porque si consideramos la falta de los jueces a la audiencia el
pasado jueves 8 de julio (re-agendada para el 10 de agosto), lo que están
haciendo ahora es lo que no hicieron en 2017: limpiar el camino para que no
haya ruido ni broncas con las mayorías. Entonces parece que la lucha por la
defensa del agua y el territorio en Mexicali y Baja California está volviendo a
empezar.
Claro, porque la lucha es contínua.
Autor Txus
El autor es sociólogo y filósofo por Pitzer
College
Twitter: @el_tux
