Por Iván Martínez Zazueta*
Tan lejos de dios…
Recientemente en la frontera norte de México y, en particular, en Baja California están ocurriendo varios sucesos dan cuenta de su condición de patio trasero de Estados Unidos.
Hace unos días circuló un reportaje sobre cómo los cárteles de la droga han convertido a Mexicali y Tijuana en laboratorios para calcular dosis no letales de fentanilo, reduciendo costos y aprovechando el problema de la drogadicción que existe en ambas ciudades fronterizas. Para ello introdujeron dosis de la droga mezclada con otras sustancias como heroína, cristal, metanfetamina o cocaína, y comenzaron a venderla a los usuarios sin informarles que estaban consumiendo fentanilo. Así fueron creando la demanda local. También contribuyó la llegada de consumidores deportados de Estados Unidos. Esto ha conllevado a que ambas urbes sean las ciudades donde más se consume fentanilo en México.
La relación de la frontera con las drogas como punto de trasiego y consumo local es histórica. No por nada en 2018, según el reportaje citado, Tijuana contaba con medio millón de adictos a las drogas, es decir, una cuarta parte de su población. Esta ciudad es considerada la capital del fentanilo y, a la par, la urbe más violenta del país. Una parte significativa de esta violencia proviene de la disputa por el mercado de drogas sintéticas entre cárteles, lo que ha conducido a la crisis de desapariciones forzadas y a cifras récord de asesinatos. De enero a abril, Tijuana ha concentrado el 83% de los homicidios dolosos del estado y es el punto de la frontera con mayor confiscación de fentanilo.
Mientras esto ocurre, los albergues de migrantes en dicha ciudad se encuentran abarrotados. No es algo menor, ya que Tijuana es la ciudad que tiene el mayor número de albergues en la frontera norte. Esta saturación se debe no sólo al drástico incremento de los flujos migratorios provenientes de centro y sudamérica (que fueron provocados por la pandemia, la crisis económica y la violencia), sino también a la aplicación del Título 42, introducido por la administración de Trump y continuado por la de Biden, con el cual se expulsa a inmigrantes indocumentados con el pretexto de contener la propagación del Covid-19. Tan sólo de enero a abril de 2023 se han deportado por la frontera San Diego-Tijuana un total de 56,573 migrantes utilizando dicho Título.
Con el fin de esta medida, ocurrido apenas el pasado 11 de mayo, se espera que aumenten los flujos de migrantes. También debido al acuerdo celebrado en enero pasado para que México reciba al mes hasta 30 mil migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela deportados de Estados Unidos. Estas medidas, sumadas a la lentitud del proceso de asilo, están convirtiendo a las ciudades de la frontera norte en una enorme “sala de espera”.
Las personas migrantes no están exentas de la violencia y la inseguridad en la frontera. El secuestro de migrantes se ha convertido en un lucrativo negocio para los grupos delictivos. Prueba de ello es lo ocurrido el pasado 6 de mayo en la ciudad vecina de San Luis Río Colorado, Sonora cuando autoridades rescataron a 113 migrantes que se encontraban secuestrados, provenientes de Ecuador, Colombia, Perú, Cuba, Brasil, El Salvador, Afganistán, India y otros 15 países.
También son objeto de la violencia estatal, al ser detenidos en las “estaciones migratorias”, que no son otra cosa que cárceles para migrantes. La tragedia de Ciudad Juárez, en la que 40 migrantes perdieron la vida en un incendio, da cuenta de las condiciones inhumanas con las que se trata a los migrantes bajo esta política carcelaria. En las estaciones migratorias de Tijuana también ha habido motines, con conatos de incendio, como protesta ante el autoritarismo del Instituto Nacional de Migración (INM).
En medio de esta catástrofe social, la dinámica económica, dominada por la industria de exportación, no se detiene, movida principalmente por el llamado nearshoring. Este fenómeno surgió como consecuencia de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y debido a la interrupción de las cadenas de suministro ocurrida durante la pandemia. Las empresas que buscan relocalizar sus operaciones a zonas cercanas a Estados Unidos están viendo a las ciudades de la frontera norte de México como lugar idóneo para ello. Las inversiones para la construcción de naves industriales e infraestructura para la instalación de nuevas empresas están creciendo aceleradamente.
El empresariado y gobierno locales presentan a Tijuana como centro clave para el avance del nearshoring. La asociación de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana estima que a finales de este año, dicha ciudad contará con más de 50 mil metros cuadrados de área total rentable para espacios industriales. Cabe señalar que Tijuana es la capital de la maquiladora de México, al contar con 586 plantas, y en 2020 captó el 21% del nearshoring que llegó al país, aunque en los últimos años la tendencia ha ido disminuyendo precisamente por la falta de espacio para nuevas industrias.
La capital bajacaliforniana también compite por la atracción de nearshoring. Por ello, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) local está impulsando el proyecto “Mexicali Nearshoring Solutions”, para crear tres zonas de reserva territorial para el desarrollo de nuevas industrias. Y aunque el estado se encuentra en un grave estrés hídrico, el sector empresarial ofrece la “alta disponibilidad y bajo costo del agua” en Mexicali para atraer estas inversiones.
En suma, el poder económico-político, local y foráneo, legal e ilegal, está convirtiendo a Baja California en un espacio de desecho y contingencia sometido a las necesidades del mercado estadounidense. Esto es algo que ya ocurría antes, pero que tiene funciones novedosas como las que describimos antes: laboratorio humano de fentanilo, sala de espera y detención de migrantes solicitantes de asilo y centro logístico e industrial para el nearshoring. Esto es ni más ni menos que la intensificación de la condición de patio trasero, en la que trabajadores y trabajadoras, migrantes o no, y personas usuarias de drogas son desechables. Incluso ocurre que estos tres aspectos se relacionen, pues es sabido que en las maquilas se ha incrementado el consumo de drogas sintéticas para aumentar la productividad, y que las empresas empleen cada vez más mano de obra del sector migrante, pues es más barata que la local. Es una triada perfecta de acumulación de capital.
Este es el proyecto que la clase dominante tiene sobre la frontera y que tiene no sólo usos económicos, sino también políticos. Prueba de ello es que miembros del Partido Republicano están empleando el tráfico de fentanilo y la xenofobia contra inmigrantes como banderas políticas de cara a las elecciones de noviembre de 2024. Amenazan con mayor intervencionismo en México como forma de agitación y de ocultamiento de las crisis causadas centralmente por su política interior y exterior.
Pero, eso sí, no todo es tragedia y desesperanza, pues desde abajo brota la resistencia y solidaridad popular ante estos problemas, cual manantial en medio del desierto. Los grupos de familiares de personas desaparecidas multiplican sus acciones organizadas y cada vez son más contestatarios; las asociaciones y grupos de apoyo y defensa de migrantes profundizan su labor humanitaria y van más allá de ésta, al denunciar la subordinación de la política migratoria mexicana a los designios de EEUU; y las organizaciones en defensa del agua y el territorio continúan empujando la resistencia y se han convertido en un dique social ante el impulso de nuevos proyectos de saqueo y devastación socioambiental. Asimismo, las interacciones solidarias entre estos sectores sociales son cada vez más comunes. Todavía falta mucho por hacer, pero no hay que dejar de ver esos destellos de esperanza que pueden hacer arder la frontera.
… y tan cerca de Estados Unidos.
(*) El autor es Maestro en Geografía por la UNAM. Escribe análisis y publica mapas en el blog Geografía Septentrional.
(*) Fotografía twitter CBP
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