Han pasado más de dos años desde que funcionarios de Jaime Bonilla Valdez, “reventaron” la sesión del comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción en Baja California. Justamente donde se abordaría el tema de los “moches” en el Gobierno del exmandatario y la entrega de una notaría al exgobernador, Xicoténcatl Leyva Mortera.
Desde entonces el Sistema Estatal Anticorrupción en Baja California se encuentra bloqueado y ninguna autoridad ha intentado revivirlo.
El 2020 no solamente fue el inicio de la peor pandemia en la historia de la humanidad. En Baja California fue el principio del fin para este sistema que llevó muchos meses crear.
Apenas en enero de ese año, Elizabeth Ojeda Mayoral, la primera fiscal Especializada en el Combate a la Corrupción renunció por falta de apoyo. Llevaba tan solo un mes en el cargo.
Posteriormente, en marzo, ocurrió la sesión donde los funcionarios de Bonilla Valdez, encabezados la secretaria de la “Honestidad”, Vicenta Espinoza, bloquearon la sesión e impidieron que realizar los trabajos.
Desde esa ocasión, el comité coordinador jamás ha podido reunirse completamente. Durante el gobierno de Bonilla Valdez, sus integrantes fueron señalados y bloqueados con la única finalidad de no investigar presuntos actos de corrupción.
También destruyeron la Secretaría Ejecutiva
Para 2021, las tareas para acabar con el sistema estatal anticorrupción siguieron su marcha. En abril la secretaría de la Honestidad (nuevamente Vicenta Espinoza) desalojó con uso de la fuerza pública las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva.
Sin facultades y argumentando una supuesta auditoría tomaron posesión de las instalaciones y sacaron a todo el personal.
En el hecho también suspendieron al secretario técnico Luis Ramón Irineo Romero.
Mientras tanto, ni el órgano de gobierno, ni el comité coordinador podían reunirse. Funcionarios del Gobierno Estatal se negaban a presentarse y no se conseguía el quórum necesario.
Para junio, la secretaria de la honestidad y algunos consejeros aliados al gobierno del Estado, suspendieron a seis consejeros ciudadanos. En sesión destituyeron a Irineo Romero.
En todo ese lapso, las denuncias por delitos relacionados a corrupción han llegado a la Fiscalía General del Estado (FGE). Pero el resultado ha sido obvio, la dependencia entonces en manos de Guillermo Ruiz no realizó la tarea.
El caso más relevante fue el relacionado con los “moches”, donde la FGE determinó el No Ejercicio de Acción Penal.
En el camino se ha registrado una gran cantidad de presuntos actos de corrupción, pero hasta ahora nadie los investiga.
Cambian discurso, pero no la práctica
Pese al cambio de administración y al reiterado discurso del combate a la corrupción, hasta ahora la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, no ha movido un dedo para rescatar al Sistema Estatal Anticorrupción.
En el Congreso del Estado la situación no es muy distinta. Del tema se habla poco y prácticamente no se encuentra en la agenda.
Actualmente existen al menos cuatro iniciativas para reformar el sistema al interior del Legislativo. Tres de ellas provienen de diputadas y diputados, y una más de la gobernadora. El problema es que nadie se atreve a mencionar el tema, por lo tanto, se mantiene en la congeladora.
Al mismo tiempo, Baja California sigue contar con Magistrado Anticorrupción y Fiscal Anticorrupción. Y como si no fuera suficiente, la Fiscalía Especializada no es autónoma, forma parte de la Fiscalía General.
En el discurso, todos trabajan para combatir la corrupción, pero la realidad es que todos mienten.
Hasta ahora nadie ha hecho algo para rescatar el sistema y mientras tanto, se siguen acumulando los casos y prevalece la impunidad en Baja California.
Y es que la impunidad es justamente el escenario que le gusta a la clase política. Ese en el que comenten delitos y no son castigados. Ha pasado durante las últimas dos administraciones y todo indica que la actual seguirá la misma ruta.
*El autor de esta columna es cofundador de la Agencia Informativa RadarBC
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